Genaro Barajas Castillo

Expediente 1734/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1734/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Genaro Barajas Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de la secretaria de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo que originó este juicio, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica al promovente. Vista la demanda de amparo promovida por Genaro Barajas Castillo, en contra de actos que reclama del Juez Quinto de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; en ese sentido, fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese con el número 1734/2018-IV, que le corresponde en el libro de gobierno, que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora bien, del análisis integral que se efectúa de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso se hace consistir esencialmente la sentencia definitiva y todo lo actuado en el expediente 1286/2017, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, así como los actos de ejecución de dicha sentencia. Al respecto, este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Del precepto transcrito se prevén dos hipótesis: 1. El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas en un juicio de amparo, y 2. El juicio de amparo no procede en tratándose de la impugnabilidad de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. La primer hipótesis señala que el juicio de amparo es improcedente cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada en otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones de tribunales de circuito o juzgados de distrito, pues basta que se trate de una determinación emitida en otro amparo, en cuyo caso se engloban los decretos, autos y sentencias, dado que todos estos actos constituyen resoluciones judiciales en términos del artículo 220, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo supuesto se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional y aún del cuaderno incidental, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, pues en este último caso, si la autoridad se excede o incurre en defecto de cumplimiento, la parte interesada deberá interponer el recurso de queja, previsto por el artículo 97 de la Ley de la materia, pero no podrá promover un nuevo juicio. Es aplicable la tesis LXX/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 83, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal". En efecto, este juzgado estima que se actualiza la primer hipótesis de la causal prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, pues la omisión reclamada se equipara aun acto dictado en un juicio de amparo, habida cuenta de que se vincula a las actuaciones derivadas del juicio 1286/2017, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad. Por tanto, si los actos reclamados derivan del juicio de amparo 1286/2017, del índice estadístico del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, tal cuestión actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, la que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones dictadas en los juicios de amparos y ejecución de las mismas. Sirve de apoyo al anterior razonamiento la jurisprudencia J/2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, mayo de 1995, novena época, página 259, del de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo". Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Genaro Barajas Castillo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, página 618, tomo V, mayo 1997, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a la promovente, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Se autoriza al licenciado Gonzalo Samaniego Mejía, en los términos más amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Sergio Prado González, toda vez que no se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su cédula profesional no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; asimismo, se le tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su demanda de amparo. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente al promovente.

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