GENARO ALBERTO GONZÁLEZ CARRILLO y Otros.
Expediente 651/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 42 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- GENARO ALBERTO GONZÁLEZ CARRILLO y Otros.
- Genaro Alberto González Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
mesa IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, a la fecha no ha acreditado el cumplimiento del fallo protector. Por la anotada circunstancia, y antes de imponer la multa correspondiente e iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y con la finalidad de otorgar un plazo razonable a la autoridad responsable para que voluntariamente cumpla con la ejecutoria de amparo; por última ocasión, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la precitada autoridad, por conducto de los funcionarios que la integran -en estricto cumplimiento a la Tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2022 (11ª.), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Presidente Municipal: Marcelo Santos Meneses. Síndico Procurador: Ángel Aristeo Vendrell Acevedo. Síndica Hacendaria: Angélica Pérez Luis. Regidora de Hacienda: Marisol Hernández García. Regidora de Obras: Aquiles Rodríguez Rodríguez. Regidora de Educación y Desarrollo Social: Ada Lixsy Nolasco Guerrero. Regidora de Salud: Martha Nayeli Gregorio Jiménez. Regidor de Asuntos Indígenas: Romeo de Jesús Montenegro Pérez. Regidora de Turismo: Ernestina Alejandro Viña. Regidor de Seguridad Pública: Elso Pérez Sánchez. Tesorero Municipal: Edgar Rufino Pérez Altamirano. Secretario Municipal: Ubaldo Hernández Pérez. Para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, cumplan con la ejecutoria de amparo, y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten. Esto es: Cumplir con la sentencia condenatoria dictada en su contra en el juicio ordinario civil 503/2008, del registro del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. De incumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tengan para ello), se impondrá a cada uno de los funcionarios mencionados, una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), a razón de 103.74, como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Lo anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página cinco, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Notifíquese.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Jefe del Centro de Atención al Público de Correos de México, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, por el cual, en atención al requerimiento realizado en autos, remite copia certificada del registro postal ********************. Notifíquese.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el ocurso signado por ********************, autorizado legal de la parte quejosa, por el cual, solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado en contra de la autoridad responsable y se remitan los autos al Tribunal Colegiado de Circuito a efecto de iniciar al procedimiento de inejecución, ante el incumplimiento a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca. Al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente su petición, en virtud de que no obra en autos la constancia que acredite hubiere quedado notificada la autoridad responsable del último requerimiento realizado a la misma para que cumpla la ejecutoria dictada en autos. Por consiguiente, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Correos de México, con sede en la ciudad de Oaxaca, para que en el plazo de tres días siguiente a su legal notificación, remita a este órgano jurisdiccional el acuse de recibo relativo al registro postal MN680116799MX, depositado en la oficina a su cargo el cinco de septiembre del presente año. Apercíbasele que de incumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma, esto es, la cantidad equivalente a cinco mil ciento ochenta y siete pesos, cero centavos ($5,187.00), a razón de 103.74 como valor diario. Notifíquese.
- Principal
mesa IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico de de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinticuatro de agosto del actual, remite copia de las constancias de acreditación de todas las personas que conforman el Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, para el periodo 2022-2024. Ahora bien, en virtud de que de autos se aprecia que la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca; a la fecha no ha acreditado el cumplimiento del fallo protector. Por la anotada circunstancia, y en virtud de que ya se cuenta con los datos de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento demandado en el juicio natural, para estar en aptitud de remitir dicha información al Sistema de Administración Tributaria, a fin de imponer la multa correspondiente e iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y con la finalidad de otorgar un plazo razonable a la autoridad responsable para que voluntariamente cumpla con la ejecutoria de amparo; por última ocasión, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la precitada autoridad, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Esto es: Cumplir con la sentencia condenatoria dictada en su contra en el juicio ordinario civil 503/2008, del registro del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. De incumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tengan para ello), se impondrá al titular de la referida autoridad una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), a razón de 103.74, como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Lo anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página cinco, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la autoridad responsable, esto es, el Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista, Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, no tiene superior jerárquico, pues un municipio libre es un nivel de Gobierno investido de personalidad jurídica, con territorio y patrimonio propios, autónomo en su régimen interior, con capacidad económica propia y con la libre administración de su hacienda; con una población asentada en una circunscripción territorial y gobernado por un Ayuntamiento, y que dentro de sus atribuciones se encuentran presupuestar de forma inmediata y transparente, la partida que cubra el pago de las obligaciones condenadas en sentencias o laudos. Notifíquese.
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