Genara Zenaida Rivera Miguel
Expediente 110/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Genara Zenaida Rivera Miguel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede el Xalapa, Veracruz, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); atento a su contenido, se tiene a la superioridad informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia de cinco de julio de dos mil veintitrés; el cual quedó radicado bajo el número 388/2023 de su índice administrativo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Córdoba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio por medio del cual se le notificó el auto de veinticuatro de julio el año en curso, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las partes se encuentran notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio y del auto por el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en su contra; en consecuencia, remítase vía interconexión el escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. En el entendido de que se ordenó poner a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del expediente en que se actúa. Finalmente, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos copia del escrito de agravios formulado por la quejosa *****, con siete copias, sin anexos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil veintitrés; se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas de la resolución combatida, así como del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del citado medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Notifíquese; y por lista de acuerdos al tercero interesados.
- Principal
SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que opere la suplencia de la queja deficiente, al no ubicarse el asunto en alguno de los supuestos previstos por el artículo 79 de la Ley de Amparo. En el concepto de violación marcado como primero, la impetrante señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, porque se emitió una resolución en la cual no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior resulta infundado, pues en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento, a que hace referencia el artículo 14 constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las siguientes: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3. La oportunidad de alegar. 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ello se advierte de la jurisprudencia (...) Tales requisitos fueron observados en el caso, pues el juez responsable, dentro de la etapa de ejecución del juicio oral mercantil 185/2019, de su índice, dio entrada a la planilla de liquidación de intereses moratorios, gastos y costas, lo dejó a vista de la parte demandada, quien la desahogo y formuló los argumentos que consideró pertinentes; se turnó el asunto y se resolvió aprobando dicha planilla. De lo anterior se observa que a la quejosa se le dio oportunidad de defensa, pues se le dio vista con la promoción del incidente de liquidación de intereses moratorios, gastos y costas, momento en el que tuvo oportunidad de ofrecer pruebas y también alegatos, respecto del procedimiento en donde se resolvió la citada planilla. De ahí lo infundado de lo alegado en torno a la trasgresión de lo dispuesto en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, la peticionaria de amparo manifiesta que la resolución reclamada viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, el cual establece que toda resolución debe estar fundada y motiva. Lo expuesto a ese respecto también resulta infundado, pues el párrafo primero, del numeral 16 de la Carta Magna, textualmente dispone: "..." Así, por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto; y la motivación implica adecuar lo establecido en los artículos invocados, al sentido del acto que se emite, lo que debe realizarse a través de la exposición de los razonamientos que conducen a la autoridad a tomar su decisión y respaldarla en la ley. En lo conducente, se invoca como apoyo lo dispuesto en la jurisprudencia (...) Precisado lo anterior, se tiene que la responsable sí fundó su actuar, en contraposición a lo que se arguye, pues de la resolución reclamada se advierte que sustentó su actuación en los numerales 1054, 1391 y 1348, del Código de Comercio, así como en el diverso 104 del Código de Procedimientos Civiles para del Estado de Veracruz, cumpliendo así con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Máxime que esos preceptos sí son aplicables a la litis, ya que hacen referencia a la tramitación de la planilla de liquidación de intereses moratorios, gastos y costas del juicio, y la supletoriedad del código local. Por cuanto hace a la motivación, el juez responsable expuso, en la propia determinación combatida, que la planilla de liquidación de intereses moratorios, gastos y costas, debía aprobarse, al tomar en cuenta que la demandada fue condenada al pago de la cantidad de veinte mil ochocientos cuarenta y dos pesos con sesenta centavos, sobre un interés moratorio del seis por ciento anual, así como el pago de gastos y costas con base en el contrato de prestación de servicios profesionales, que resulta del veinte por ciento de la suerte principal. De ahí que sí se encuentre fundada y motivada la resolución en estudio, en contravención a lo alegado por la quejosa, por lo que en ese aspecto, no se transgreden las garantías de legalidad y seguridad jurídicas previstas en el precepto 16 de la Constitución Federal. Por otro lado, en el primer concepto de violación, la quejosa manifiesta que la responsable no observó que en la sentencia se condenó a la demandada a pagar los intereses moratorios por año calendario a partir de que se hizo exigible la deuda, pero no a pagar siete meses más. Lo expuesto a ese respecto resulta jurídicamente ineficaz. Ello es así, pues el concepto en estudio no controvierte los motivos y fundamentos del fallo reclamado, ya que únicamente se limita a repetir lo que expuso al desahogar la vista que se le dio con la planilla de liquidación, en el sentido de que no se debe cuantificar de forma mensual sino anual; respecto de lo que la juez responsable expuso que también debían incluirse los meses, pues así se obtiene de manera completa el pago de los intereses moratorios, y que el incluir los siete meses del año que faltan es congruente con la parte proporcional a que fue condenada en la sentencia, pues ese periodo es parte del tiempo en que la demandada ha continuado incurriendo en mora. Así, la responsable expuso los motivos por los cuales consideró que jurídicamente se debían cuantificar también los meses faltantes al calendario anual a que fue condenada la demandada al pago de intereses moratorios, al ser el periodo que la demandada continuó en mora; y esa determinación no es combatida por la quejosa, pues sólo repite lo que manifestó en su desahogo de vista de la planilla, en el sentido de que no se le debe cuantificar por meses, sino por año calendario, sin expresar o controvertir las razones expuestas por la responsable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia sustentada (...) En el concepto de violación marcado como segundo, la quejosa manifiesta que la responsable no observó que se le condenó al pago de gastos y costas con base en el contrato de prestación de servicios profesionales, pero la profesionista, Arcenia Guzmán Ramos, no defendió a su cliente, ni actuó en el expediente mercantil, pues el principio que rige al procedimiento mercantil es oral y las actuaciones fueron orales; y que las personas que actuaron oralmente fueron las apoderadas legales de la empresa moral Ingenio San Nicolás, sociedad anónima de capital variable, las licenciadas María del Carmen Ramírez Feria y María Angélica Vargas González, y no la profesionista Arcenia Guzmán Ramos; que si bien existen tres escritos signados por la citada profesionista dentro del procedimiento mercantil, esto no significa que lo haya impulsado, ya que de considerarlo así se desnaturalizaría la finalidad del procedimiento oral en los juicios mercantiles. Lo expuesto a ese respeto resulta ineficaz, porque aun cuando el juicio es de naturaleza oral mercantil, en el cual opera el principio de oralidad; sin embargo, el legislador también previó que en dicho procedimiento oral se presenten promociones escritas, como son la demanda, contestación, desahogo de vistas, pruebas, escritos que impulsan el procedimiento; incluso el juzgador debe emitir resoluciones de manera escrita, de conformidad con los artículos 1,390 Bis 9, 1,390 Bis 11, 1,390 Bis 13, 1,390 Bis 17 y 1,390 Bis 39 del Código de Comercio; por lo que si en el caso, como lo estimó la responsable, la profesionista Arcenia Guzmán Ramos compareció a recibir despachos y oficios para ejecutarlos en favor de su cliente, y presentó promociones para impulsar el procedimiento, fue legal que al emitir la condena atendiera al contrato de prestación de servicios profesionales. Mayor aun si la asesoría jurídica no se limita a presentarse en audiencias orales sino también en establecer estrategias jurídicas en favor del caso en el cual les ha dado intervención. En consecuencia, al ser jurídicamente ineficaces los conceptos de violación hechos valer, sin que opere la suplencia de la queja deficiente, al no ubicarse el asunto en alguno de los supuestos previstos por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a **********, contra el acto reclamado del Juez Segundo de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, por las razones expuestas en el séptimo considerando de este fallo. Publíquese esta sentencia con los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese, electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, personalmente a la parte quejosa, por lista de acuerdos a la parte tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable.
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