Genadio Meza Olivas
Expediente 1123/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Genadio Meza Olivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la comunicación signada electrónicamente por el apoderado legal de la moral tercera interesada Universal de Servicios Patrimoniales Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, mediante la cual solicita que se requiera a la responsable para que informe las medidas tomadas respecto a la ejecución del acto reclamado, facultad otorgada a la autoridad, debido a que la quejosa no presentó la garantía fijada como medida de efectividad de la suspensión definitiva concedida. En atención a su petición, no ha lugar, en virtud de que el diez de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio por actualizarse la causa de improcedencia de cosa juzgada, prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por el Director General y representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y el Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales del mismo Instituto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documentos de referencia dese cuenta. Con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados y domicilio procesal los que señala la autoridad en su informe. Por otra parte, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por existir cosa juzgada. El citado artículo establece que el juicio de amparo es improcedente contra o actos que hayan sido materia de ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, esto es, promovido por el propio quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, la parte quejosa reclama las retenciones o descuentos a su sueldo o pago como trabajador jubilado, por conceptos: Unicredix concepto 073, por mil ciento veintiún pesos con setenta y un centavos. Préstamo Feliz concepto 079, por tres mil ochocientos noventa y cinco peso con once centavos. También reclama: El artículo 60 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que en el juicio de amparo 1074/2021 de este órgano jurisdiccional, en el cual se dictó sentencia el tres de abril de dos mil veintitrés, en la cual, dentro de otras cosas se resolvió: [.] En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 108, fracción III (presupuesto procesal de autoridad responsable), y fracción V del numeral 63 de la citada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto del artículo 60 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. [.] En el caso, la quejosa señala como acto reclamado el descuento de nueve mil ciento treinta y cinco pesos con trece centavos, por motivo de los conceptos 072, 073, 077 y 079, con motivo de préstamos otorgados por las entidades financieras: DIMEX Comernova (Dimex Capital), Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, por diez mil pesos, que celebró el tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 82 a 87). [.] Total Credit (Aeternam), Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por trece mil setecientos sesenta y dos pesos con sesenta y siete centavos, que celebró el treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 165 a 171); por sesenta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos con diez centavos, que celebró el diez de octubre de dos mil diecisiete (fojas 174 a 179). [.] En consecuencia, el descuento reclamado que aparece bajo los conceptos DIMEX, Unicredix, Total Credit y Préstamo Feliz, indicados bajo las claves 072, 073, 077 y 079, por un total de nueve mil ciento treinta y cinco pesos con trece centavos, vulnera en perjuicio de la quejosa su derecho a un mínimo vital. En virtud de las consideraciones expuestas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Efectos protectores. Al causar firmeza este fallo, las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa; su Director General, así como Jefa del Departamento de Prestaciones Sociales y Titular del Departamento de Prestaciones Sociales, todos del citado Instituto, deben realizar lo siguiente: Dejar de aplicar los descuentos a la pensión de la parte quejosa, en los términos que lo realizaba y únicamente se descuente lo que corresponda al treinta por ciento de la cantidad que exceda el salario mínimo que recibe el quejoso por concepto de jubilación, en el entendido de que deberán hacer los ajustes correspondientes de conformidad con el incremento que cada año recibe el salario mínimo. Sin que la presente determinación implique que se exonere a la parte quejosa del cumplimiento de las obligaciones contraídas con las empresas terceras interesadas, para lo cual otorgó el consentimiento de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa realizara los descuentos o retenciones al pago de su pensión. Similar criterio jurídico sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito al resolver el amparo en revisión administrativo 191/2022. Solo así el jubilado podrá ser restituido en el goce de los derechos supremos violentados, como el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo ordena. Dicha sentencia causó ejecutoria el quince de junio de dos mil veintitrés, requiriendo el cumplimiento correspondiente, y el treinta y uno de julio del año en curso se decretó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, así como el archivo de ese juicio. Por tanto, si la demanda de amparo que da origen al presente sumario se presentó el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el juicio de amparo 1074/2021 ya se resolvió de forma previa respecto de los préstamos que dieron origen a los descuentos aquí reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 108, fracción III (presupuesto procesal de autoridad responsable), y fracción V del numeral 63 de la citada ley, se sobreseyó respecto del artículo 60 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. Los cuales aquí también constituyen el acto reclamado; por tanto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, tercera parte, página ciento ochenta y uno a ciento ochenta y seis, cuyo rubro y texto son: COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Por lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Similar criterio se adoptó al dictar sentencia el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés en el diverso juicio de amparo ********************Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito conforme a la sesión celebrada el seis de noviembre de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por el Director General y representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y el Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales del mismo Instituto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documentos de referencia dese cuenta. Con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados y domicilio procesal los que señala la autoridad en su informe. Por otra parte, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por existir cosa juzgada. El citado artículo establece que el juicio de amparo es improcedente contra o actos que hayan sido materia de ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, esto es, promovido por el propio quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, la parte quejosa reclama las retenciones o descuentos a su sueldo o pago como trabajador jubilado, por conceptos: Unicredix concepto 073, por mil ciento veintiún pesos con setenta y un centavos. Préstamo Feliz concepto 079, por tres mil ochocientos noventa y cinco peso con once centavos. También reclama: El artículo 60 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que en el juicio de amparo 1074/2021 de este órgano jurisdiccional, en el cual se dictó sentencia el tres de abril de dos mil veintitrés, en la cual, dentro de otras cosas se resolvió: [.] En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 108, fracción III (presupuesto procesal de autoridad responsable), y fracción V del numeral 63 de la citada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto del artículo 60 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. [.] En el caso, la quejosa señala como acto reclamado el descuento de nueve mil ciento treinta y cinco pesos con trece centavos, por motivo de los conceptos 072, 073, 077 y 079, con motivo de préstamos otorgados por las entidades financieras: DIMEX Comernova (Dimex Capital), Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, por diez mil pesos, que celebró el tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 82 a 87). [.] Total Credit (Aeternam), Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por trece mil setecientos sesenta y dos pesos con sesenta y siete centavos, que celebró el treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 165 a 171); por sesenta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos con diez centavos, que celebró el diez de octubre de dos mil diecisiete (fojas 174 a 179). [.] En consecuencia, el descuento reclamado que aparece bajo los conceptos DIMEX, Unicredix, Total Credit y Préstamo Feliz, indicados bajo las claves 072, 073, 077 y 079, por un total de nueve mil ciento treinta y cinco pesos con trece centavos, vulnera en perjuicio de la quejosa su derecho a un mínimo vital. En virtud de las consideraciones expuestas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Efectos protectores. Al causar firmeza este fallo, las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa; su Director General, así como Jefa del Departamento de Prestaciones Sociales y Titular del Departamento de Prestaciones Sociales, todos del citado Instituto, deben realizar lo siguiente: Dejar de aplicar los descuentos a la pensión de la parte quejosa, en los términos que lo realizaba y únicamente se descuente lo que corresponda al treinta por ciento de la cantidad que exceda el salario mínimo que recibe el quejoso por concepto de jubilación, en el entendido de que deberán hacer los ajustes correspondientes de conformidad con el incremento que cada año recibe el salario mínimo. Sin que la presente determinación implique que se exonere a la parte quejosa del cumplimiento de las obligaciones contraídas con las empresas terceras interesadas, para lo cual otorgó el consentimiento de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa realizara los descuentos o retenciones al pago de su pensión. Similar criterio jurídico sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito al resolver el amparo en revisión administrativo 191/2022. Solo así el jubilado podrá ser restituido en el goce de los derechos supremos violentados, como el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo ordena. Dicha sentencia causó ejecutoria el quince de junio de dos mil veintitrés, requiriendo el cumplimiento correspondiente, y el treinta y uno de julio del año en curso se decretó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, así como el archivo de ese juicio. Por tanto, si la demanda de amparo que da origen al presente sumario se presentó el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el juicio de amparo 1074/2021 ya se resolvió de forma previa respecto de los préstamos que dieron origen a los descuentos aquí reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 108, fracción III (presupuesto procesal de autoridad responsable), y fracción V del numeral 63 de la citada ley, se sobreseyó respecto del artículo 60 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. Los cuales aquí también constituyen el acto reclamado; por tanto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, tercera parte, página ciento ochenta y uno a ciento ochenta y seis, cuyo rubro y texto son: COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Por lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Similar criterio se adoptó al dictar sentencia el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés en el diverso juicio de amparo ********************Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito conforme a la sesión celebrada el seis de noviembre de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.
- Incidental
En Culiacán, Sinaloa, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Por recibida la comunicación electrónica de la moral tercera interesada Universal de Servicios Patrimoniales S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R, mediante la cual solicita se deje sin efecto la suspensión decretada en el presente juicio, en virtud de que no obra garantía alguna exhibida por la parte quejosa. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 136, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en consideración que la parte quejosa no exhibió la garantía fijada como medida de efectividad de la suspensión definitiva concedida, se determina que ésta deja de surtir efectos. Hágase del conocimiento de lo anterior a las autoridades responsables, por lo que queda expedita su facultad para ejecutar el acto reclamado; en la inteligencia que hasta en tanto no se ejecute el acto reclamado la parte quejosa puede exhibir la garantía para que continúen los efectos de la suspensión definitiva. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.
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