Gemma Romero Reyes

Expediente 384/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
384/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • Gemma Romero Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental.

  2. Principal

    "...Agréguese la comparecencia de la quejosa, en la que en cumplimiento a lo ordenado el siete de marzo de dos mil dieciocho, ratifica como suya la firma que calza el escrito registrado con el folio interno 6672; en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO Antes de proveer lo conducente a la admisión de la demanda de que se trata, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama en esencia: La admisión y autorización de la responsable en relación a que el perito de la parte actora en el juicio de origen presentara su peritaje cuando ya había pasado el término para presentarlo dentro del expediente 1207/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil con residencia en Cuautitlán México, y además le otorgó un plazo mayor al que le otorgó al perito de la aquí quejosa. DESECHAMIENTO. La determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo que en su orden, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el anterior contexto, se evidencia que el acto reclamado no quebranta en perjuicio de la impetrante de amparo, de manera cierta, de sus derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, ya que la admisión de la prueba pericial de la parte actora en el juicio de origen por haberse presentado fuera de término dentro del expediente 1207/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil con residencia en Cuautitlán México; únicamente implica violaciones a derechos adjetivos, los cuales no tienen una consecuencia de imposible reparación, en tanto que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues aún existe la posibilidad de que obtenga resolución favorable dentro del juicio ordinario civil de origen, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que no suceda así, lo podrá hacer valer como violación procesal en los agravios en el recurso correspondiente, toda vez que se advierte que en el juicio natural, del cual deriva el acto reclamado, aún no se dicta sentencia, o en última instancia, puede ser combatida mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva que se emita, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Federal, 170, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 420, de la Octava Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, Página 280, que a la letra dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción V, éste último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia..."

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por quien dice ser la quejosa..., a través del cual, pretende desahogar el requerimiento efectuado el siete de marzo del presente año. No obstante, de manera evidente se advierte falta de identidad entre la firma que aparece en dicho escrito y la plasmada en la demanda; por tanto, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta; apercibiéndolo, que para el caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Lo anterior, sin perjuicio que, si al ratificar la firma del ocurso de cuenta, se advierta una diferencia notoria entre ésta y la plasmada en la demanda, este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro y texto siguientes: PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES....".

  4. Principal

    "...VISTA la demanda de amparo promovida por...regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de amparo 384/2017-II-B. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos de los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracciones I, II, y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días legalmente computados, realice lo siguiente: 1- Bajo protesta de decir verdad, deberá ampliar los antecedentes de los actos reclamados, con aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos antes, durante y después del acto reclamado, que por su estrecha relación resulten relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia y competencia, por ser una cuestión de orden público; específicamente lo relativo al ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba pericial que ofreció en autos del expediente 1207/2017, del índice del Juez responsable, y en su caso si en contra de alguna de esas determinaciones promovió recurso alguno, así como todos y cada uno de los puntos expuestos por la autoridad al resolverlos, pues de su escrito de demanda no se advierte tal precisión; lo que genera incertidumbre para fijar la Litis en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y por no contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la tesis I.7o.A.100 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 990, tomo XXIII, de Abril de 2006, la cual señala en su rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." 2. Deberá precisar el acto que en esta vía reclama. Lo anterior es así, pues del capítulo relativo de su demanda de amparo señala expresamente: La no admisión del peritaje de su contraparte, por no presentarlo en los plazos y términos establecidos, y La admisión y autorización para que el perito de su contraparte presentara su peritaje no obstante que caduca su derecho para hacerlo. Sin embargo, del proemio de su libelo de demanda señala como acto reclamado la resolución dictada en contra del acuerdo en el que el Juez responsable: Admitió la ampliación del perito de su contraparte para la presentación de su peritaje. Además, de su punto petitorio primero, asentado en su demanda de amparo indica que interpone la demanda en contra de: La admisión del perito de su contraparte y, De su capítulo de antecedentes indica que: e) Promovió un recurso de revocación, el cual fue resuelto el veintiséis de enero de dos mil dieciocho y que podría constituir el acto reclamado. De lo anterior, se advierte que la parte quejosa no precisa el acto que tilda de constitucional, ni aporta elementos para que este órgano federal pueda, válidamente, fijar la litis constitucional y con ello determinar la procedencia o no de la acción intentada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación a página cincuenta y cuatro, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, la cual establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." 3.- Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte agraviada que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir los juegos de copias necesarios para cada una de las partes. Al caso se cita la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325 tomo XIII (abril 2001) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE." Así como, la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de las prevenciones que se le formulan en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones las listas de publicación de este juzgado de distrito. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."

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