Gemma Jeaneette Martinez del Campo
Expediente 298/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gemma Jeaneette Martinez del Campo
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, dos de abril de dos mil diecinueve. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve en el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Deneb Esparza Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veinte de marzo de dos mil diecinueve. 1. RADICACIÓN Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, residente en esta ciudad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-658/2018-1. 2. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado: "PRIMERO. Lo hacemos consistir en los acuerdos de fecha 20 veinte de febrero del año 2018, dos mil dieciocho y de fecha 4 cuatro de mayo del año que ocurre, donde en el primer acuerdo, excluye de la notificación a los CC.-, el primero de los citados como Presidente del Comisariado Ejidal que fue en el periodo pasado, así como los demás citados en primer secretario y el segundo secretario respectivamente que desde luego también habían sido demandados según el expediente 1142/2017, que se lleva en ese mismo Tribunal SEGUNDO. Acuerdo de fecha 4 cuatro de mayo del 2018 dos mil dieciocho y que se desprende del acto de audiencia de esa fecha". Actos respecto de los cuales el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia prevista por los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley en comento, los cuales textualmente señalan: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "ARTICULO 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, del texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que la afectada obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, del análisis del escrito de demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado, los proveídos de veinte de febrero y cuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictados en el juicio 1142/2016, del índice de la autoridad responsable, en el primero, señaló las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria; y en el de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, nuevamente fijó las doce horas con treinta minutos del quince de agosto de dos mil dieciocho, para el desahogo de dicha audiencia, ordenando notificar personalmente a la parte demandada aquí quejosa; en tal virtud, los actos en reclamo no constituyen un acto procesal que no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, pues la fecha que se fijó para doce horas con treinta minutos del quince de agosto de dos mil dieciocho para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, no incide en los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es decir, de lo expuesto se obtiene que en el particular, como se dijo, la fecha para el desahogo de la audiencia aludida, en el juicio agrario 1142/2016, no es susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, toda vez que de la lectura del libelo constitucional, no se advierte que dichas violaciones sean de las que causen a las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales, dado que no se ha dictado sentencia en el citado juicio de origen, misma que sería la que en su momento podría llegar a causar un perjuicio en contra de las partes, pues hasta este momento este juzgado no advierte afectación a derechos sustantivos. Como se ve, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues del mismo se advierte que en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, virtud a que en modo alguno, otorga a éste, la característica de irreparabilidad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que en el presente caso, existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan, si los agraviados obtienen sentencia favorable a sus intereses en el juicio de donde emana el acto reclamado, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. En el caso, es necesario referir que el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa, se precisa esto, en virtud de que aun en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adversa a los intereses de los quejosos, éstos tienen oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duelen en el juicio de amparo directo, de conformidad, además, con los artículos 170 y 172 de Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2015, página 1579, del rubro y texto siguientes: "TERCEROS INTERESADOS. NEGATIVA POR PARTE DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PARA LLAMARLOS A JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ADJETIVA RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO SÓLO SI YA SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY AGRARIA. El Pleno del más Alto Tribunal del país ha sostenido que el juicio de amparo indirecto procede, de manera excepcional, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, afectación que debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, como sucede tratándose de la negativa de llamar a juicio a terceros; de conformidad con el criterio sustentado por éste en la jurisprudencia número P./J. 147/2000, visible en la página 17, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". En estas condiciones, debe decirse que aunque la negativa de llamar a juicio a terceros, implica una violación adjetiva de tal trascendencia y magnitud, que justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, lo cierto es que para ello se debe atender a que esa violación procesal cause un perjuicio inmediato y directo que sea de imposible reparación a la parte solicitante, como sería el caso de que el Tribunal Unitario Agrario responsable, en la audiencia de ley prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, se negase a llamar a juicio a los terceros interesados, ya que el solicitante no tendría con posterioridad otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos, lo que sí le depararía un perjuicio inmediato y directo de dicha naturaleza; sin embargo, lo anterior no acontece si esta negativa se configura antes de llevarse a cabo la referida audiencia, o aun en ella si ésta se difiere por diversos motivos legales para celebrarse en fecha distinta, ya que en esta hipótesis, tanto los interesados en llamar a juicio a los terceros, como estos últimos, podrán hacer valer sus derechos con posterioridad en la audiencia de ley que llegue a celebrarse, además de que el propio tribunal podrá hasta antes de la emisión de la sentencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 186 del propio ordenamiento legal, proveer la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, a contrario sensu; se DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. 3. TRANSPARENCIA. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. 4. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a los peticionarios de amparo señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales y autorizados para ese efecto a las personas que señala quienes tendrán las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, una vez que cumplan con el requisito que para tal efecto establece dicho numeral; es decir, acrediten estar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de Abogadas, toda vez que su Cédula Profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.
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