Gemma Emilia Colmenares Córdova

Expediente 708/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
708/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Gemma Emilia Colmenares Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con el cual rinde informe justificado, aceptando parcialmente la existencia de los actos que se le reclaman ; ello, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por su parte, con fundamento en el artículo 119, de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las documentales que remite la autoridad responsable, de las cuales se proveerá más adelante. En otro aspecto, cabe precisar que en el caso, la quejosa Gemma Emilia Colmenares Cordova, reclama de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la dilación procesal en el expediente 217/2013, el cual hace consistir en la falta de contestación a sus dos escritos presentados el trece de noviembre de dos mil diecinueve, en el que, solicitó a la Junta responsable dar trámite al incidente de liquidación de sentencia, así como, el dictado del auto de ejecución con efectos de requerimiento de pago y/o embargo dentro del citado controvertido. De ahí que, de la lectura integral de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, en lo de interés se advierte, que la parte peticionaria de amparo reclama: La falta de contestación a sus dos escritos presentados el trece de noviembre de dos mil diecinueve, en el que, solicitó a la Junta responsable dar trámite al incidente de liquidación de sentencia en los autos del expediente 217/2013, así como, el dictado del auto de ejecución con efectos de requerimiento de pago y/o embargo. En relación a dichos actos reclamados, y una vez analizadas las constancias ya valoradas con antelación, se obtiene que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, dieron contestación a los dos escritos presentados el trece de noviembre de dos mil diecinueve por la quejosa Gemma Emilia Colmenares Cordova. Lo que revela que han cesado los efectos de la omisión reclamada, en virtud de que, como se precisó en párrafos anteriores, la autoridad responsable acreditó haber dado contestación a las peticiones de la aquí quejosa. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del quejoso. En apoyo a lo anterior, se citan los siguientes criterios jurisprudenciales, emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido. Ahora, cabe precisar que en el caso, resulta improcedente dar vista a la quejosa para que amplíe su demanda de amparo, contra el proveído de veintinueve de junio dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 217/2013, donde la Junta responsable dio respuesta a sus dos escritos de trece de noviembre de dos mil diecinueve; ello, de conformidad con el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, por las razones que a continuación se exponen: En el caso, la quejosa Gemma Emilia Colmenares Cordova, por escritos presentados el trece de noviembre de dos mil diecinueve, solicitó a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, dar trámite al incidente de liquidación de sentencia, así como, el dictado del auto de ejecución con efectos de requerimiento de pago y/o embargo del laudo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 217/2013. Así, mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso, los integrantes de la Junta responsable, dieron contestación a los escritos de petición de la impetrante de amparo, en el que por una parte, señalaron las once horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación que promovió. Y, por otra parte, determinaron que en cuanto a la solicitud de la quejosa de dictar auto de ejecución con efectos de requerimiento de pago y/o embargo del laudo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 217/2013, no había lugar a acordar favorablemente dicha petición, pues manifestaron que no corresponde a los miembros integrantes de esa Junta, conocer y tramitar los procedimientos de ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que se advierta, que dicha determinación no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución del juicio laboral de donde deriva el acto reclamado. Con lo cual, se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En relación con esta causa de improcedencia, existen las jurisprudencias y tesis, cuyo contenido no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, de conformidad con su artículo sexto transitorio, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. (Jurisprudencia P./J.I08/2010, página 6, Enero 2011, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia".(I.8º.C.21K, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1262, X, Octubre de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo que implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia antes analizadas; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque del citado numeral se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas cincuenta minutos del quince de julio de dos mil veintiuno). Finalmente, se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta, para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Jorge Alberto Cuevas López, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/1612/2021, de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con la Secretaria Sofía Velasco García, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    "... Vista la demanda de amparo promovida ********, contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 708/2021. Admisión. ..... se admite la demanda de garantías de cuenta; tramítese sin incidente de suspensión, toda vez que, de la certificación de cuenta, se aprecia que la quejosa no solicitó dicha medida suspensional. Solicitud de Informe. .... pídase a la autoridad responsable informe justificado, .... Audiencia Constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para celebrar la audiencia constitucional. Ahora, es importante señalar que .... es opcional para las partes acudir al desahogo de las audiencias constitucionales, pues las mismas pueden llevarse a cabo, incluso, sin contar con la presencia de éstas. Por tal motivo, no se genera la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a que se refiere el numeral 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La cual, sólo será procedente siempre y cuando se actualice el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que la parte quejosa pueda alegar verbalmente; es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada, o bien se encuentre pendiente el desahogo de probanzas o incidentes que ameriten la presencia física o virtual de las partes en la audiencia constitucional. Aunado, a que si quisieran formular alegaciones, éstas podrán ser presentadas por escrito con anterioridad a la hora y fecha de la audiencia constitucional. Emplazamiento al Ministerio Publico. .... emplácese a juicio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. .... Autorización de Empleado. Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. .... Domicilio. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joel Germain Blas García, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) http://10.100.125.33/sise/Expediente/AutorizadosExpediente.aspx#; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Miguel Ventura Cruz, por no tener registrada su cédula profesional en dicho sistema. Ahora, en cuanto a la solicitud para consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo; vista la certificación de cuenta, se autoriza al usuario BLASGARCIAJOELGERMAIN, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones que lo ameriten, de manera electrónica en el usuario ante referido. Tercero Interesado. Por otra parte, se advierte que le resulta el carácter de tercero interesado .... al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. En ese sentido, .... mediante oficio, al que se anexe copia simple de la demanda y copia simple del auto de inicio, emplácese a la parte tercera interesada. Formas de contacto. Conforme lo establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado mediante el similar 1/2021 del propio órgano colegiado, con relación al periodo de vigencia, se tiene como formas de contacto de la parte quejosa, el correo electrónico lic.joelblas01@gmail.com, así como el número de teléfono 951 170 78 44, a través de los cuales, en su caso, se podrán entablar comunicaciones no procesales. Pruebas. .... se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite la parte quejosa, de las cuales se proveerá en el momento procesal oportuno. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas.... Habilitan días inhábiles. .... en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, .... hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

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