Gema Yuliana Carabantes Barron
Expediente 1336/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2021
Partes del expediente
- Gema Yuliana Carabantes Barron
Actuaciones
- Principal
hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa Gema Yuliana Carabantes Barròn, no compareciò a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el citatorio que el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se le dejó en el domicilio señalado para oìr y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, que en síntesis dice:"Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio el veinte de enero de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente en este asunto, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Sin embargo, dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, lo que implica una reanudación de los plazos y términos que quedaron pausados en este juicio y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Vista la cuenta que antecede y dado que la parte quejosa no hizo manifestación alguna con relación a la vista otorgada respecto al cumplimiento de la ejecutoria dado por la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en esta ciudad; en consecuencia, procede resolver de oficio sobre el acatamiento de la misma con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en los siguientes términos: De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija y en la especie se actualiza el segundo supuesto. Por sentencia dictada el veinte de enero de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la quejosa Gema Yuliana Carabantes Barrón, para los siguientes efectos: "."SEXTO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de un vicio de fondo, es el siguiente: La autoridad responsable Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, dentro de las facultades que la ley le concede y en forma congruente a lo solicitado, deberá dar respuesta de inmediato a las peticiones realizadas por la quejosa Gema Yuliana Carabantes Barrón, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Una vez hecho lo anterior, deberá notificar a la quejosa la contestación recaída a las referidas peticiones, a través de los medios proporcionados para tal efecto. Cabe aclarar, que la concesión del amparo no implica que se deba responder de forma favorable a los intereses de la parte quejosa." Dicha resolución quedo firme el trece de febrero de dos mil veinte; mediante proveído de catorce de febrero del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento dado a la sentencia, remitió diversas constancias a efecto de cumplir con la misma; sin embargo, omitió la constancia de notificación a la parte quejosa, por lo que se requirió a la autoridad por dicha notificación. Por tanto, en auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por conducto de su Delegado, informando sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada, y al efecto remitió el original de la constancia de notificación a la quejosa que le fue requerida; determinación en la que se ordenó dar vista a la parte quejosa con las documentales remitidas por la autoridad responsable. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplido el fallo protector. En esa medida, como se patentizó en párrafos que anteceden, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en esta ciudad, dio cumplimiento al fallo protector ya que emitió respuesta el treinta de enero de dos mil veinte, a las peticiones formuladas por la aquí quejosa ante dicha autoridad en el escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, registrada con el número de folio 201920049 de su índice. Asimismo, dicha resolución fue notificada de manera personal el once de febrero de dos mil veinte a la licenciada Hilaria Guadalupe Carmona Marín autorizada de la parte quejosa, como se advierte a foja 83 de autos, en la cual obra firma original autógrafa de la antes señalada. Por lo que con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se colige que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento y por tanto, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Ahora, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, fracción b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las partes mediante proveído de diecisiete de diciembre del año en curso, con el fin de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del veinte de enero de dos mil veinte, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Cambio de titular. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Feneció término legal. Vistas las certificaciones que anteceden se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de noviembre del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Requerimiento de cumplimiento. Ahora, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional en la sentencia dictada por este órgano de amparo, fue para los efectos siguientes: 1. Celebre una nueva audiencia donde se cerciore que Jesús Roberto Flores Alarcón y Oscar Rodríguez García, abogados particulares del imputado, son profesionistas del derecho, para lo cual, deberá hacer constar en la videograbación de la audiencia de mérito que sus cédulas profesionales fueron cotejadas por el auxiliar de sala o que en todo caso se les otorgó un número en el centro de registro correspondiente. En caso de acreditarse lo anterior, deberá dejar subsistente la audiencia correspondiente, incluyendo la resolución del plazo constitucional; en el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso; empero, de no acreditarse la calidad de los defensores, la citada autoridad deberá dejar insubsistente la referida audiencia; debiendo señalar nueva fecha para su desahogo, en la cual deberán observarse los derechos fundamentales del imputado, incluido el de adecuada defensa. Para lo cual, deberá de requerir al imputado a fin de que designen defensor y, en caso de no hacerlo, la Jueza realice la designación, y deberá verificar que el profesionista propuesto para tal efecto acredite fehacientemente contar con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 2. Hecho lo anterior, prosiga con el trámite respectivo. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento al fallo protector y dentro del citado término remita la totalidad de constancias que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no acatar lo antes mandado, se le impondrá una multa de cien unidades, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En el presente asunto, no ha lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable ordenadora, en virtud de que no tiene superior para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." En consecuencia, una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad precisada, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales a que hubiere lugar. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente al quejoso y al tercero interesado.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Se rinde informe. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Domicilio y delegados. Con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase a la responsable señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, designando como delegados a los que nombra en su informe. Prueba documental. En cuanto a las pruebas documentales que anexa a su informe con fundamento en los arábigos 119, 123 y 124 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Causal de improcedencia. Finalmente, téngase a la autoridad manifestando que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo; de lo que se toma nota y se considerará al momento de dictar la sentencia correspondiente. Notifíquese por lista.
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