Gema Olivia Díaz Maldonado

Expediente 135/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
135/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Gema Olivia Díaz Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio 870, de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada el veintitrés de junio del presente año, dentro del recurso de queja 79/2022 de su índice, así como copia certificada de este juicio de amparo. Acúsese recibo. En esta línea, hágase saber a la parte quejosa que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja que interpuso contra el auto de dos de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió en esta instancia constitucional. Ahora, toda vez que el Tribunal de Alzada devuelve copia certificada de constancias relativas a este expediente, para evitar la voluminosidad y facilitar el manejo de éste, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a su destrucción, pues es fiel reproducción de las constancias que obran en el expediente original del que fue deducido; y, por ende, carece de objeto anexarlo. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintidós. Se tiene recibido el oficio 1967/2022, de la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual acusa recibo del escrito de interposición de queja y constancias relativas a este expediente, asimismo, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de dos de marzo del año en curso, quedando registrado con el número 79/2022, de su índice; de lo que se toma debido conocimiento. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Gema Olivia Maldonado, parte quejosa en el presente juicio de amparo, por el que interpone recurso de queja, contra el auto de dos de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto reclamado, al que se deberá adjuntar el original y copia del ocurso de cuenta y las copias certificadas conducentes como apoyo del mismo; remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo Décimo Tercer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la sustanciación del recurso. Sin que haya lugar a requerir a las partes que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que la demanda que origino el presente asunto se desechó, motivo por el cual no fueron emplazadas. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."

  4. Principal

    EN VIRTUD QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL QUE SE LE DEJO CITATORIO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO SIGUIENTE: "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintidós. I. Recepción del escrito de cumplimiento de prevención. Visto lo de cuenta, se recibe el escrito de ******, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho de febrero del presente año; en atención a su contenido, se provee: II. Precisión de los actos reclamados. Del análisis del escrito de demanda y, escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama: a) La audiencia de suspensión condicional del proceso, celebrada el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal ****, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, en la que se resolvió procedente conceder aquélla a su favor, sin embargo, se determinó que no surtiría efectos porque se encontraba sujeta a diverso proceso penal. b) El acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal ****, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, por medio del cual se señala nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia y, su futura celebración. III. Desechamiento del escrito de demanda, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la audiencia de suspensión condicional del proceso, celebrada el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal ****, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable por cuanto al acto en análisis se trata, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Es así, pues del numeral trascrito, impone a la parte quejosa la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de derechos fundamentales, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia del principio de definitividad se destaca, porque el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado, puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle. Además, como lo estaleció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe cumplirse obligatoriamente incluso tratándose de actos de imposible reparación, puesto que ambas circunstancias son presupuestos autónomos referente a la procedencia del juicio de amparo. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 11/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN" En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda y, su aclaración, se desprende que la parte quejosa en su carácter de procesada dentro de la causa penal 209/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, reclama: La audiencia de suspensión condicional del proceso, celebrada el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal 209/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, en la que se resolvió procedente conceder aquélla a su favor, sin embargo, se determinó que no surtiría efectos porque se encontraba sujeta a diverso proceso penal. De lo anterior se obtiene que, el acto reclamado se emitió dentro del proceso penal que se instruye a la parte quejosa, aunado a que aquél fue dictado por un tribunal judicial, en el caso, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca. Ahora bien, resulta necesario destacar que el artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que rige los actos procesales como el que se combate, prevé que las resoluciones judiciales que se emitan en el proceso penal, de manera oral o escrita, pueden ser recurridas a través de los medios de impugnación que expresamente contempla dicha codificación. En ese tenor, dicho precepto contempla que los recursos que pueden interponerse en el procedimiento penal son la revocación y la apelación. Derivado de lo anterior, conviene tener presente el contenido del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." Del numeral transcrito se advierte que procede el recurso de apelación contra diversas determinaciones que emita el juez de control, entre ellas, las resoluciones que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. Bajo ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón que se trata de una determinación que -aunque con sus limitantes- concede la suspensión condicional del proceso, y contra ella procede el recurso de apelación. De ahí, que si el la parte quejosa, no agotó el principio de definitividad, al no interponer el recurso de apelación previsto en el ordinal 467, fracción VIII, de la citada codificación, con la finalidad de modificar o revocar la determinación tildada de inconstitucional, es inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente. Máxime que la resolución combatida, no constituye una de las excepciones contempladas en los diversos incisos de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento; tampoco se aprecia que la determinación combatida decrete la incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición o su incorporación forzosa a las fuerzas castrenses del país, ni que verse sobre desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Tampoco se aprecia que el fallo impugnado sea el auto de vinculación a proceso, aunado a que tampoco es tercera extraña a procedimiento, toda vez que conforme a la naturaleza del sistema penal de corte acusatorio, una vez formulada la imputación, las audiencias son celebradas en presencia del imputado o de su defensa, volviéndose totalmente partícipes durante el desarrollo del proceso. De igual manera, debe señalarse que la determinación combatida, tampoco se refiere a una orden de aprehensión, reaprehensión o arresto librada contra de la quejosa, ni le impone una medida cautelar o providencia precautoria que restrinja su libertad personal; mucho menos le niega la libertad bajo caución o decide un incidente de desvanecimiento de datos, sino que como se indicó, se relaciona con la concesión de la suspensión condicional del proceso. Aunado a lo anterior, debe precisarse que la determinación combatida tampoco afecta la libertad personal de la titular de la acción de amparo, toda vez que la suspensión condicional se trata de un procedimiento que tiene una naturaleza alternativa, porque desvía el caso de su curso natural en el sistema de administración de justicia, teniendo por efecto la extinción de la responsabilidad penal del imputado en el caso de que se cumplan las condiciones fijadas para ello. Sin embargo, la concesión con limitantes o bien, la negativa de acceder a dicha salida alternativa por considerarse improcedente, no implica una restricción de la libertad, porque tal determinación no afecta de modo directo ese derecho sustantivo, el cual, en su caso, se ve sometido a lo que el juez de control haya decidido en relación con las medidas cautelares que pesen sobre la persona vinculada a proceso; y si bien el efecto de esas medidas podría variar en caso de autorizarse la suspensión condicional, tal escenario hipotético no implica que la 19/05/22 16:47:18 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.85.4e CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES improcedencia de esa forma de terminación anticipada tenga una consecuencia directa sobre la libertad personal del procesado. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el diverso numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa respecto del acto que en este apartado se analiza. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" Así como la jurisprudencia VI.2o.C.J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA" Similar criterio se ha sostenido -por mencionar algunos- al resolver los recursos de queja 276/2021, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer, así como el de revisión 24/2021, del mismo Tribunal, en el que se consideró actualizada la causa de improcedencia en comento, al no haberse agotado previamente el recurso de apelación, previsto en el Código Nacionald de Procedimientos Penales. III. Desechamiento respecto del acto consistente en el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 209/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, por medio del cual se señala nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia y, su futura celebración. Referente al citado acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 19/05/22 16:47:18 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.85.4e CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES SECCIÓN AMPARO MESA VII-A PRAL. 135/2022 en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." Numeral que debe ser interpretado, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)" III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Como se puede apreciar, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos dictados dentro de juicio, pero siempre que sus efectos sean de imposible reparación, o bien, afecten a personas extrañas. Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material, debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Establecido lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 209/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, por medio del cual se señala nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia y, su futura celebración. Ahora bien, en el caso, es dable precisar que el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; La etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos; 19/05/22 16:47:18 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.85.4e CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES Y la de juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero, después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase, lo que en el caso no acontece. En esa tesitura, si se reclama el auto que fija fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia y, su celebración que aun no acontece; esa determinación sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo que en todo caso, debe impugnarse -aun cuando se intenta vincular con la concesión de la suspensión condicional del proceso- al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. Apoya a lo anterior, la tesis IV.1o.P.27 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3502, rubro: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento" En torno a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/2021, puntualizó en lo de interésa, que para determinar la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de imposible reparación, en el contexto del proceso penal acusatorio, lo es la probable afectación a los principios de continuidad y concentración que lo rigen; así como que el principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo, y que el principio de concentración o de economía procesal, ordena que el proceso se abrevie en el menor número de audiencias, que éstas no se interrumpan hasta su conclusión o que se lleven a cabo de forma sucesiva. Detalló que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es por regla general la exclusión de medios de prueba en el auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido, porque éste debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta, y que por ende, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración (la eficacia del proceso). Abundó que el calificativo de "imposible reparación" para un acto no depende de que el debate sobre su apego a la normativa vigente pueda o no ser retomado o reabierto en la siguiente etapa, por lo que el hecho de que el debate sobre la exclusión de medios de prueba no pueda ser reabierto en la audiencia de juicio oral, no implica que aquél sea un "acto de imposible reparación", pues dicha calificativa depende de que pueda afectar materialmente derechos sustantivos. Lo anterior, originó la jurisprudencia de contenido obligatorio para este órgano jurisdiccional 1a./J. 23/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, materia pena, registro 2023906, rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente" Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa también respecto del segundo acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA" Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Apoya a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el particular que indica y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Fabila Montalvo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como licenciado en derecho; no así respecto de las restantes personas que menciona, a las que únicamente se les tiene como autorizadas para oír y recibir notificaciones, dado que no tienen registrada su cédula profesional en el referido sistema. Por otra parte, toda vez que de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE) http://sise.cjf.gob.mx/sise/Expediente/AutorizadosExpediente.aspx, no se desprende que el usuario DANIFABILA, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud efectuada para que las notificaciones sean practicadas a través de dicho usuario. Finalmente, se hace constar que lo relativo a la habilitación de días y horas inhábiles para que actúen los Actuarios adscritos, la vista otorgada respecto del acceso a la información pública y protección de los datos personales, y exhorto para la promoción de juicio en línea, fue acordado en el auto de prevención de ocho de febrero del presente año. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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