Gema Ibarra Salazar
Expediente 1569/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1569/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/09/2022
Partes del expediente
- Gema Ibarra Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Orden de archivo. Atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que en auto dictado el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se declaró concluido el expediente principal relativo y se ordenó su archivo. Acuerdo de depuración y destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y el criterio publicado en el Compilador de Criterios de Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de referencia CAP/DGAD/392/2021, relativo al tema "Valoración del incidente de suspensión", de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; en tanto que, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. Devolución de documentos. Para los efectos del Acuerdo General invocado, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios en original a la incidencia en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado Confirma. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro de la revisión principal 54/2022, de su índice, cuyos puntos resolutivos dicen: "UNICO. Se confirma la sentencia recurrida, que niega el amparo solicitado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de los actos y autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria." Por lo que se ordena acusar de recibido para los efectos legales conducentes Anotaciones. En consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo correspondiente. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Orden de destrucción y/o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, toda vez que se negó el amparo solicitado. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, que obran por separado, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Presidente de la Décima Octava Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA , LA SENTENCIA AUTORIZADA EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, TAL COMO SE ORDENÓ EN EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA RESOLUCIÓN EN CITA SEÑALA: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 972/2021, promovido por **** y ****, por derecho propio, contra los actos que reclaman de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia y del Juez Segundo de lo Civil del Decimocuarto Partido Judicial, con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, ambos del Estado de Jalisco; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, **** y **** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Juez Segundo de lo Civil del Decimocuarto Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande. ACTOS RECLAMADOS: "[.] La Sentencia definitiva dictada en el toca numero ****, en perjuicio de los intereses que represento, emitida por la Novena Sala del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, especializada en materia civil, de fecha 11 once de Noviembre del año 2020 dos mil veinte, la cual es contraria a derecho y carente de fundamentación y motivación, deducida del expediente número ****, por parte del Juzgado de Origen, Juzgado Segundo de lo Civil de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. [.]". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La Sala responsable recibió la demanda de amparo por auto de once de mayo de dos mil veintiuno y posteriormente la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. Luego, la demanda se radicó bajo el juicio de amparo directo 195/2021 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien por auto veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno se declaró legalmente incompetente para conócela y ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Una vez turnada la demanda a este juzgado, por auto de catorce de junio se radicó como juicio de amparo indirecto 972/2020; el veintitrés siguiente se admitió a trámite, fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó emplazar a la tercera interesada ****, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde; asimismo, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos de autoridades residentes en la demarcación territorial donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia; así como en atención al criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que los quejosos reclaman lo siguiente: De la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco: La resolución de once de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación ****, mediante la cual se revocó la interlocutoria de dos de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio civil ordinario (reivindicatoria) ****, que reprobó la planilla de gastos y costas formulada por la demandada **** contra los actores, aquí quejosos. Del Juez Segundo de lo Civil del Decimocuarto Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande: La ejecución de la citada resolución de once de noviembre de dos mil veinte. TERCERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia y del Juez Segundo de lo Civil del Decimocuarto Partido Judicial, con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, ambos del Estado de Jalisco, toda vez que así se advierte de las actuaciones que integran el toca **** y de las copias certificadas del expediente **** que obran en el presente sumario. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo segundo; así como en atención a la tesis de jurisprudencia número 226, consultable en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causal de sobreseimiento. En la especie, será innecesario abordar el estudio de fondo del asunto, ya que, contra el acto precisado en el inciso a del considerando segundo que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, debido a que la demanda que hoy se atiende fue presentada de forma extemporánea. En efecto, los numerales en cita a la letra prevén lo siguiente:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo (...)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, de la Novena Época, con número de registro 165582, que a la letra dice (énfasis añadido): "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". Entre los supuestos contenidos en el numeral 18 de la Ley de Amparo ya transcrito, se encuentra el que se refiere a la notificación según la ley del acto, la cual constituye un medio de comunicación procesal entre el funcionario judicial y las partes o los terceros, así como entre autoridades; la notificación en sí, es el acto mediante el cual, de conformidad con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una resolución jurisdiccional o administrativa a la persona que se reconoce como interesado, o se le requiere para que cumpla con un acto procesal, éstas se hacen personalmente, por cédula, por boletín judicial o la lista de acuerdos donde no exista éste, por edictos, por correo o por telégrafo. En la especie, cobra aplicación la primera de las hipótesis referidas con anterioridad, para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio, es decir, el término para presentar la demanda de amparo, se deberá contar a partir de que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Luego, como se indicó en líneas que preceden, los supuestos establecidos en el numeral 18 de la Ley de Amparo, son excluyentes entre sí, por ello, en el caso concreto cobra aplicación la primera hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio, es decir, el término para la presentación del juicio de amparo en estudio, se debe computar a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación a la parte actora, aquí quejosa, de la resolución reclamada de once de noviembre de dos mil veinte, dictada en los autos del toca de apelación ****. Atento a lo anterior, debe tomarse en cuenta lo establecido por Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al ser la legislación que rige el acto reclamado; en concreto, el artículo 127 de dicha codificación prevé lo siguiente: "ARTICULO 127.- Los términos judiciales serán individuales y empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación." De la literalidad del precepto legal trascrito se advierte, que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o la notificación. Por tanto, se toma en consideración que de las actuaciones que integran el toca de origen, se advierte que la resolución reclamada se notificó a los quejosos mediante Boletín Judicial publicado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte; de ahí que, el plazo de quince días con que contaba para la oportuna interposición de su demanda de amparo, transcurrió del diecinueve de noviembre al diez de diciembre de dos mil veinte. Sin que en dicho plazo se contabilicen los días veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre, cinco y seis de diciembre, todos de dos mil veinte, por ser sábados y domingos e inhábiles, de conformidad a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si presentó la demanda de amparo hasta el treinta de abril de dos mil veintiuno, es claro que su presentación fue extemporánea y debe tenerse como tácitamente consentido el acto que ahora pretende reclamar; razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes, que dicen: "Séptima Época Registro: 240475 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 163-168, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 13 Genealogía: Informe 1982, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 14, página 40. AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGÚN EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El término para la interposición de la demanda de amparo es, por regla general, de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos de notificación al quejoso el acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige, al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del término referido los días feriados. Este criterio prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCIÓN DEL". Los términos para la interposición del juicio de amparo deben regirse por el artículo 21 de la ley de la materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común; y por tanto, dicho término empieza a correr desde el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surte efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional"." "Quinta Época Registro: 370682 Instancia: Cuarta Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XCV Materia(s): Laboral Tesis: Página: 1533 TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado." Máxime que, de la demanda de amparo, no se advierte resolución que declare la nulidad de la notificación practicada por Boletín Judicial el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, respecto de la resolución aquí reclamada, tomada como base para evidenciar la extemporaneidad de la demanda. Además, tampoco se reclama la inconstitucionalidad de dicha notificación, es decir, no se le atribuyen vicios propios, de ahí que la misma se encuentra incólume y surte todos sus efectos legales correspondientes. Ahora, si bien en uno de los conceptos de violación la parte quejosa alega que la Sala debió ordenar que se notificara personalmente la resolución reclamada, en razón de que no se dictó dentro de los treinta días que prevé el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; lo cierto es que dicha cuestión no es analizable en la presente vía de control constitucional, sino a través del incidente de nulidad de notificaciones, en el que se puede controvertir la orden de notificación contenida en dicha resolución de once de noviembre de dos mil veinte. Es decir, el medio de impugnación idóneo para analizar la resolución en la que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él la autoridad responsable puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas o si su incumplimiento acarrea su nulidad. Orienta a lo previo, por lo que su contenido informa, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." Asimismo, sirve de apoyo, por analogía, la tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1778, registro digital 2006837, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL AMPARO. CASO EN EL QUE, POR EXCEPCIÓN, PUEDE CONTROVERTIRSE, A TRAVÉS DEL INCIDENTE RELATIVO, LA ORDEN DE NOTIFICACIÓN CONTENIDA EN UN ACUERDO DE PRESIDENCIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. A través del incidente de nulidad de notificaciones puede controvertirse, por excepción, la orden de notificación contenida en un acuerdo de presidencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, no obstante que la materia de análisis de aquél se circunscriba a la notificación que se tacha de ilegal y que contra aquella orden proceda el recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, a efecto de no privar al gobernado de un recurso idóneo y efectivo en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado conforme a los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si el justiciable se ostenta desconocedor de ese acuerdo, derivado de habérsele notificado por lista, cuando a su parecer debió ser personalmente, y al instar el incidente mencionado -momento en que dice conocer esa orden de notificación-, había transcurrido en exceso el plazo de tres días para dicha reclamación, por lo que, para ese efecto, conserva su posibilidad de impugnación." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación. Sobreseimiento del amparo que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Juez Segundo de lo Civil del Decimocuarto Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, por no combatirse por vicios propios. QUINTO. Análisis innecesario de conceptos de violación. En ese sentido, ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, se hace inconducente emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número 509, consultable en la página 335, Séptima Época, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que menciona:"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** y ****, contra los actos que reclaman de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia y del Juez Segundo de lo Civil del Decimocuarto Partido Judicial, con sede en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, ambos del Estado de Jalisco.
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Zapopan, Jalisco, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables; acuerdo que le fue notificado, en último término, a la parte quejosa, el dos de agosto siguiente. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la cual, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: Se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio mercantil ejecutivo 546/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Puerto Vallarta, a partir de la diligencia de emplazamiento de once de agosto de dos mil diecisiete, así como sus consecuencias. En ese contexto, a las constancias remitidas por las responsables, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que las autoridades responsables mediante oficio 1918/2022, remitieron copia certificada del acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, del que se advierte que se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio mercantil ejecutivo 546/2017, a partir de la diligencia de emplazamiento de once de agosto de dos mil diecisiete, así como sus consecuencias, únicamente por lo que respecta al emplazamiento del demandado aquí quejoso José Andrés González Pérez. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. III. Orden de archivo. Con apego al citado numeral 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes. IV. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. V. Oposición de datos personales. Se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VII. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, qué devolver a las partes. Devuélvanse constancias. De igual forma, devuélvanse las constancias enviadas por la Juez Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado, con residencia en Puerto Vallarta, recibidas en proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, en virtud que resultan innecesarias, toda vez que como se advierte de líneas precedentes el presente juicio concluyó ordenándose su archivo. Dese cuenta en los incidentes de suspensión. Finalmente, tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica, así como personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
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