Gema Copado Bueno
Expediente 1489/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/01/2018
Partes del expediente
- Gema Copado Bueno
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada de la resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la queja civil 187/2017, relativa al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por este Juzgado de Distrito, dentro del presente juicio de amparo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional y estese a lo resuelto por el Superior que mediante la ejecutoria de cuenta declaró infundado el recurso de queja, quedando al tenor del punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de amparo 1489/2017, por el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, de acuerdo con los razonamientos expresados en el último considerando de esta ejecutoria." Hágase esta circunstancia del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese de recibo a la superioridad. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción, en términos del punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, téngase interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo... Ríndase informe justificado sobre la materia de la queja... remítase copia certificada de las constancias pertinentes para apoyar el contenido de dicho informe... dentro del término legal remítase testimonio certificado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del mencionado recurso...
- Principal
RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que acompaña las constancias a que hace referencia al calce del oficio por el que remite la demanda de amparo y sus anexos. Lo anterior, en virtud de que mediante resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo directo 931/2017, el citado órgano colegiado declaró improcedente el recurso de reclamación 24/2017, que derivó del juicio de amparo en el que el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, determinó declinar competencia para conocer de la demanda de amparo directo promovida por Gema Copado Bueno, contra la resolución emitida el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; ordenando en su oportunidad la remisión de la misma y sus anexos al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en turno. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno y asígnese el numero el número 1489/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en el secretario de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. En el caso particular, el acto reclamado consiste en: El auto de cinco de septiembre del año en curso, dictado en los autos del expediente 629/2000, por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, relativo al juicio ejecutivo mercantil que sobre pago de pesos inició Miguel García Guardado, en contra de Gema Copado Bueno, en el que señaló las trece horas con treinta minutos del nueve de octubre del actual, para que tuviera verificativo el remate en su primera y pública almoneda del bien mueble embargado dentro del juicio de origen. Conforme a lo antes descrito, debe decirse que el juicio de amparo es improcedente, respecto de dicho acto reclamado, por advertirse la improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. En esa medida, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, de la ley que rige el juicio constitucional, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" El último dispositivo condiciona que el amparo indirecto es procedente en periodo de ejecución de sentencia en contra de la última resolución dictada en tal procedimiento, o bien, con base en una interpretación sistemática de la fracción V de dicho numeral, cuando la ejecución afecte derechos sustantivos que no fueron materia del proceso. La primera hipótesis, para evitar la promoción de múltiples juicios de amparo a lo largo del procedimiento de ejecución de sentencia que lo obstaculicen y eviten su cumplimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2011, Novena Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." La hipótesis restante (actos de imposible reparación) pueden impugnarse en amparo indirecto, si como lo sostiene la Corte, tales actos afectan de modo directo e inmediato derechos previstos en la Constitución, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio; inclusive, cuando las consecuencias de un acto procesal afectan a las partes en grado predominante o superior. Es aplicable la jurisprudencia P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, octubre de 2004, Novena época, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación de los artículos 107, fracciones III, inciso b), y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, (de la anterior ley de amparo), concluyendo que de esas disposiciones se obtienen dos reglas genéricas y una específica que regulan la procedencia del juicio de amparo. La regla específica, (que en este caso se puede aplicar por analogía) es la relativa a que de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, (de la ley de amparo abrogada) se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente, tratándose de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, en los cuales se pueden reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascender al resultado del fallo, siempre y cuando se trate de la última resolución. Tal interpretación es coincidente en el artículo 107, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, que dispone que el amparo en esta vía procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Esta regla del legislador tiene por objetivo impedir que este medio de control constitucional sea usado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, que constituye verdad legal respecto a los derechos litigiosos que se decidieron y respecto de las cuales la sociedad está interesada en su cumplimiento. Por lo cual, como se dijo, el amparo es procedente en ejecución de sentencia hasta que se dicte la última resolución, y momento en el cual pueden reclamarse violaciones cometidas en el proceso de ejecución, que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Es aplicable en lo conducente, la tesis P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado el concepto jurídico de la expresión última resolución, que para la nueva ley de amparo constituye una interpretación válida de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta, tal concepto se entiende la referida a la resolución en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o bien se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo respectivo. Lo cual como se estableció es coincidente con la nueva redacción de la fracción IV del artículo 107 de la nueva ley de amparo. Al caso véase la jurisprudencia número 3, visible en la página 7, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (actualización 2001), Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta que al existir un fallo con efectos de cosa juzgada, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. En este sentido, de la demanda planteada se advierte que el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifiesto ser parte en el juicio de origen. Asimismo, el acto reclamado deriva de un procedimiento en etapa de ejecución de sentencia, que por regla general no es posible paralizar y, en su caso, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe tratarse de la última resolución; esta última entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, momento en el cual pueden controvertirse todas las violaciones procesales acaecidas en la fase de ejecución de sentencia. Sin embargo, el acto aquí reclamado dictado en etapa de ejecución de sentencia no es la última resolución, ni constituye uno de imposible reparación, pues dicha resolución no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, tampoco ordena el archivo definitivo del expediente, ni afecta derechos sustantivos que no fueron materia del proceso; toda vez que el solicitante de amparo es parte en el juicio ejecutivo mercantil 629/2000, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Querétaro, con sede en esta ciudad. En ese sentido, la resolución reclamada no puede considerarse como la última resolución en ejecución de sentencia, o que, en tal etapa se trata de un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/27, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al advertirse la improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, la última fracción interpretada a contrario sensu, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, promovida por Gema Copado Bueno. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de ocho de noviembre de dos mil diecisiete: "RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que acompaña las constancias a que hace referencia al calce del oficio por el que remite la demanda de amparo y sus anexos. Lo anterior, en virtud de que mediante resolución de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo directo 931/2017, el citado órgano colegiado declaró improcedente el recurso de reclamación 24/2017, que derivó del juicio de amparo en el que el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, determinó declinar competencia para conocer de la demanda de amparo directo promovida por Gema Copado Bueno, contra la resolución emitida el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; ordenando en su oportunidad la remisión de la misma y sus anexos al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en turno. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno y asígnese el numero el número 1489/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en el secretario de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. En el caso particular, el acto reclamado consiste en: El auto de cinco de septiembre del año en curso, dictado en los autos del expediente 629/2000, por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, relativo al juicio ejecutivo mercantil que sobre pago de pesos inició Miguel García Guardado, en contra de Gema Copado Bueno, en el que señaló las trece horas con treinta minutos del nueve de octubre del actual, para que tuviera verificativo el remate en su primera y pública almoneda del bien mueble embargado dentro del juicio de origen. Conforme a lo antes descrito, debe decirse que el juicio de amparo es improcedente, respecto de dicho acto reclamado, por advertirse la improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. En esa medida, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, de la ley que rige el juicio constitucional, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" El último dispositivo condiciona que el amparo indirecto es procedente en periodo de ejecución de sentencia en contra de la última resolución dictada en tal procedimiento, o bien, con base en una interpretación sistemática de la fracción V de dicho numeral, cuando la ejecución afecte derechos sustantivos que no fueron materia del proceso. La primera hipótesis, para evitar la promoción de múltiples juicios de amparo a lo largo del procedimiento de ejecución de sentencia que lo obstaculicen y eviten su cumplimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2011, Novena Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." La hipótesis restante (actos de imposible reparación) pueden impugnarse en amparo indirecto, si como lo sostiene la Corte, tales actos afectan de modo directo e inmediato derechos previstos en la Constitución, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio; inclusive, cuando las consecuencias de un acto procesal afectan a las partes en grado predominante o superior. Es aplicable la jurisprudencia P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, octubre de 2004, Novena época, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación de los artículos 107, fracciones III, inciso b), y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, (de la anterior ley de amparo), concluyendo que de esas disposiciones se obtienen dos reglas genéricas y una específica que regulan la procedencia del juicio de amparo. La regla específica, (que en este caso se puede aplicar por analogía) es la relativa a que de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, (de la ley de amparo abrogada) se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente, tratándose de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, en los cuales se pueden reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascender al resultado del fallo, siempre y cuando se trate de la última resolución. Tal interpretación es coincidente en el artículo 107, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, que dispone que el amparo en esta vía procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Esta regla del legislador tiene por objetivo impedir que este medio de control constitucional sea usado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, que constituye verdad legal respecto a los derechos litigiosos que se decidieron y respecto de las cuales la sociedad está interesada en su cumplimiento. Por lo cual, como se dijo, el amparo es procedente en ejecución de sentencia hasta que se dicte la última resolución, y momento en el cual pueden reclamarse violaciones cometidas en el proceso de ejecución, que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Es aplicable en lo conducente, la tesis P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado el concepto jurídico de la expresión última resolución, que para la nueva ley de amparo constituye una interpretación válida de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta, tal concepto se entiende la referida a la resolución en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o bien se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo respectivo. Lo cual como se estableció es coincidente con la nueva redacción de la fracción IV del artículo 107 de la nueva ley de amparo. Al caso véase la jurisprudencia número 3, visible en la página 7, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (actualización 2001), Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta que al existir un fallo con efectos de cosa juzgada, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. En este sentido, de la demanda planteada se advierte que el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifiesto ser parte en el juicio de origen. Asimismo, el acto reclamado deriva de un procedimiento en etapa de ejecución de sentencia, que por regla general no es posible paralizar y, en su caso, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe tratarse de la última resolución; esta última entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, momento en el cual pueden controvertirse todas las violaciones procesales acaecidas en la fase de ejecución de sentencia. Sin embargo, el acto aquí reclamado dictado en etapa de ejecución de sentencia no es la última resolución, ni constituye uno de imposible reparación, pues dicha resolución no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, tampoco ordena el archivo definitivo del expediente, ni afecta derechos sustantivos que no fueron materia del proceso; toda vez que el solicitante de amparo es parte en el juicio ejecutivo mercantil 629/2000, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Querétaro, con sede en esta ciudad. En ese sentido, la resolución reclamada no puede considerarse como la última resolución en ejecución de sentencia, o que, en tal etapa se trata de un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/27, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al advertirse la improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, la última fracción interpretada a contrario sensu, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, promovida por Gema Copado Bueno. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.".
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