Gelacio Vásquez Valian o Gelacio Vasquez Valean
Expediente 1418/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1418/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gelacio Vásquez Valian o Gelacio Vasquez Valean y Otros.
- Gelacio Vásquez Valian o Gelacio Vasquez Valean
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el ocurso del quejoso....; visto su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídasele copia certificada de las constancias que solicita, por autorizadas para recibirlas a la persona que señala, previa copia de su identificación y razón que se dejen en autos.
- Principal
MESA IV B Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa y terceros interesados, hubiere hecho valer recurso alguno en contra del acuerdo de veinte de agosto del año en curso (fojas 213 a 216), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
- Incidental
MESA IV B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa (fojas 44 a 46); por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV B Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre su cumplimiento. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el dieciocho de junio de dos mil quince (fojas 157 a 172), se concedió, en parte, el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Gelacio Vásquez Valian o Gelacio Vásquez Valean o Gelasio Vásquez Valean para que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca, declarara insubsistente la resolución dictada el catorce de octubre de dos mil catorce, dentro de la causa penal 52/2014, única y exclusivamente en lo relativo a la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso Gelacio Vásquez Valían o Gelacio Vásquez Valean, y siguiendo los lineamientos establecidos en esta resolución, con plenitud de jurisdicción, pronunciara la resolución correspondiente conforme a derecho, la cual podría ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación; es decir, para el caso de que considerara procedente reiterar el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, especificara cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso, los medios de prueba con que tenga por acreditados cada uno de ellos, y señalara con precisión el modo, tiempo, lugar y circunstancias de ejecución del mismo; además de efectuar una valoración congruente de las pruebas recabadas por la representación social; lo anterior por las siguientes consideraciones: ".La orden de aprehensión, como todo acto de autoridad es emitido por un órgano del Estado con facultades de imperio, consistente en una decisión, ejecución, o ambas, que produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado al cual se dirige; por lo que para que tal afectación pueda considerarse válida, debe estar debidamente fundada y motivada. Por tanto, es necesario que en ella se expongan los motivos concretos que determinan que la conducta es delictuosa, esto es, los hechos y circunstancias que determinan la emisión de la prisión preventiva, a efecto de que el afectado pueda conocerlas y durante la preinstrucción estar en condiciones de producir su defensa. Para satisfacer lo anterior, resulta necesario que en la orden de captura para recabar la declaración preparatoria del inculpado, se precise cuáles son los elementos del cuerpo del delito en estudio y con qué pruebas quedaron acreditados cada uno de ellos, así como cuales medios de convicción evidencian la probable responsabilidad del implicado; además de que se debe señalar el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución del ilícito que se imputa; ya que con tales datos el indiciado conocerá con toda amplitud los motivos por los que se ordena su aprehensión, esto es, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta la autoridad para ordenar su privación de la libertad, ya que son las que permitirán comprender la forma en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico. Ello es así, toda vez que conforme al artículo 25 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Oaxaca, para comprobar los elementos del cuerpo del delito, es indispensable se establezca la adecuación de los hechos acreditados con los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito; y para acreditar la probable responsabilidad del inculpado es necesario que de los medios probatorios existentes, se deduzca su obrar doloso o culposo en el delito que se le imputa, siempre y cuando no exista acreditada a su favor alguna causa de exclusión del delito o que extinga la pretensión punitiva. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DEL DELITO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no indica que en la orden de aprehensión deban expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al acusado -requisitos que establece el artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión-, también lo es que a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el citado artículo 16, la autoridad que emite la referida orden debe señalar dichos datos, ya que son los que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Asimismo, es necesario establecer que en el acto reclamado, la Juez responsable al pronunciarse sobre el acreditamiento de los elementos del cuerpo del delito de robo calificado "con violencia" y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión sostuvo: ". Ahora bien, para la acreditación del delito en estudio, se requiere los siguientes elementos: a).- el apersonamiento de una cosa ajena mueble, b).- con ánimo de dominio, c).- sin el consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Estos elementos se encuentran demostrados al analizar el material probatorio que integra la averiguación previa consignada, acervo probatorio valorado tanto en forma individual y en su conjunto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 354 del Código Adjetivo Penal en consulta, toda vez que se llega al conocimiento cierto que el día quince de junio de dos mil catorce, en el interior del domicilio ubicado en la calle cosijopi número ochocientos cuatro del Barrio de San Sebastián de esta villa de Zaachila Oaxaca, los ahora activos GELACIO VÁSQUEZ VALÍAN Y SOCORRO TOVAR PERALTA, se apoderaron de diversas joyas, dólares y pesos mexicanos; ilícito que lo realizaron aprovechando que el ofendido había salido de su domicilio en compañía de su esposa al municipio de esta villa de Zaachila Oaxaca a hacer unos trámites, siendo en este caso el pasivo VIRGILIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien podía disponer de dichos objetos, dólares y dinero mexicano con arreglo a la ley, afectando así el patrimonio del ofendido (lesión al bien jurídico tutelado); como así se desprende de la denuncia presentada por VIRGILIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ.; bienes muebles y cantidad en efectivo que vino a ser el OBJETO MATERIAL sobre el que recayó la conducta delictiva de los activos, mismos que por su propia naturaleza resultan ser MUEBLES, ya que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su sustancia, así también se tiene que dichos bienes muebles y la cantidad de dinero que se apoderaron los activos, les eran AJENOS, pues no se encuentra demostrado que sean de su propiedad, sino que se advierte de autos que es del ofendido, como así lo señaló el denunciante y que también corroboraron su propiedad y existencia con las declaraciones de MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ NAVA Y MARÍA ELENA AGUILAR MARTÍNEZ; además se establece que los sujetos activos, actuaron sin derecho y sin consentimiento de la persona que podía disponer de los objetos materiales con arreglo a la ley, esto es así, porque no está comprobado que se haya cometido en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho y fue sin consentimiento de la parte ofendida, porque los activos aprovecharon cuando el ofendido no se encontraba en su domicilio, por lo tanto, actuaron sin derecho y sin consentimiento, por ello fue presentada una denuncia en su contra para que fueran castigados por su mal proceder; resultando evidente la existencia de la relación del nexo causal entre la conducta desplegada por los activos con el resultado conocido, ya que el desapoderamiento en perjuicio de quien podía disponer de la citada cantidad de dinero en moneda nacional, dólares y los bienes muebles con arreglo a la ley, fue precisamente a consecuencia de la conducta que desplegaron los activos; así también el antijurídico en estudio resulta ser un delito CONSUMADO en términos del artículo 10 fracción I del Código Punitivo Local, pues en el acto de que el agente del delito desplegó la conducta exigida por el tipo y se apoderó de los referidos objetos, se lesionó el bien jurídico tutelado por la norma que es el patrimonio de las personas. Finalmente el delito de ROBO en estudio resulta ser CALIFICADO, en términos del artículo 369 fracción II del Código Penal vigente en el Estado, dado que los activos al momento de la ejecución del hecho criminoso, para poder introducirse al domicilio de los pasivos, tuvieron que violar la chapa de la puerta de acceso al citado domicilio, como así se acredita con la denuncia del pasivo y con las testimoniales de BRAULIA ELVIRA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ y DHALILA VÁSQUEZ VALEAN, testificales a las cuales en líneas que anteceden ya se le dio valor probatorio de manera individual de un indicio, consecuentemente queda de manifiesto que ante tal circunstancia, la pena del tipo base que establece el artículo 353 del citado cuerpo legal, se agrava pues los agentes del delito violaron la chapa de la puerta de acceso al citado domicilio, actualizándose por ello la agravante del delito a que se hace referencia." "SEGUNDO.- La probable responsabilidad penal de los inculpados GELASIO VÁSQUEZ VALEAN Y SOCORRO TOVAR PERALTA, en la comisión del delito de ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA, cometido en perjuicio patrimonial de VIRGILIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, se encuentra comprobada en términos del artículo 25 último párrafo y 354 del Código de Procedimientos Penales, esto es, con las mismas constancias probatorias que sirvieron de base y convicción para acreditar el cuerpo de dicho delito y que en obvio de transcripciones innecesarias y atendiendo al principio de economía procesal se tienen por reproducidos en el presente apartado, con el valor que legalmente les corresponde, como si a la letra se insertase, se advierte: Que los inculpados GELASIO VÁSQUEZ VALEAN Y SOCORRO TOVAR PERALTA, son AUTORES MATERIALES de los hechos típicos que se les imputan, en términos de la fracción III del artículo 11, del Código Penal en vigor, como se demostró en el considerando precedente, el cual se tiene por reproducido en obvio de repeticiones, pues por si mismo realizaron la conducta que se les imputa, ya que existe un señalamiento directo y categórico que le hacen en su contra el pasivo VIRGILIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, en su denuncia respectiva, quien aseguró que los inculpados son las personas, que el día quince de junio de dos mil catorce, en el interior del domicilio ubicado en la calle cosijopi número ochocientos cuatro del Barrio de San Sebastián de esta villa de Zaachila Oaxaca, los ahora activos GELASIO VÁSQUEZ VALEAN Y SOCORRO TOVAR PERALTA, se apoderaron de diversa joyas, dólares y pesos mexicanos; ilícito que lo realizaron aprovechando que el ofendido había salido de su domicilio en compañía de su esposa al municipio de esta villa de Zaachila Oaxaca a hacer unos trámites, siendo en este caso el pasivo VIRGILIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien podía disponer de dichos objetos, dólares y dinero mexicano con arreglo a la ley, afectando así el patrimonio del ofendido." En este orden de ideas, a juicio del que ahora resuelve, la orden de aprehensión reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que la Juez responsable no señaló, con la precisión debida, con qué pruebas consideró acreditado cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado al amparista, y las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ejecución de flagelo en estudio. En efecto, de la transcripción que antecede, se desprende en primer lugar, que si bien la Juez responsable relató cuales son los elementos del delito de robo calificado "con violencia" que le es reprochado al peticionario del amparo, también lo es que tuvo por acreditado el cuerpo del delito de manera global, mediante la simple relación de las pruebas con las que estimó se encontraba corroborado, sin embargo, aun cuando señaló el valor legal que le asignó a cada una de dichas pruebas, no estableció la adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable a la conducta imputada al quejoso, es decir, la adecuación de los hechos acreditados con cada uno de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, tal y como lo establece el artículo 25 del Código adjetivo penal. Lo anterior es así, ya que con base en lo hasta ahora señalado, el dictado de una orden de aprehensión comprende el análisis, con toda amplitud, de la conducta delictuosa imputada, por lo que su emisión no debe limitarse a hacer una relación de las diversas constancias que obren en autos, otorgarles un valor y luego manifestar que con esos medios de prueba se acredita el cuerpo del delito, sino que debe comprender las circunstancias de ejecución, modo, tiempo y lugar, a fin de establecer cuál fue la conducta activa u omisiva del quejoso, expresando los requisitos de forma y fondo que señalan los artículos 16 y 19 constitucionales, para lo cual resulta necesario establecer con qué medios de convicción se acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito, en virtud de que la circunstancia eventual de que uno de ellos no se acreditara con alguna prueba, traería en consecuencia que la acción desplegada no pudiera ser penalmente reprochada. Es así, que en la especie la sola precisión de que con tales medios de convicción se acredita el cuerpo del delito de mérito, aun cuando se le haya asignado valor legal a cada una de esas pruebas y que previamente se hayan señalado cuales son los elementos del cuerpo del delito en estudio; así como el señalamiento vago de que la mecánica del hecho ilícito imputado al quejoso consistió en que el quince de junio de dos mil catorce, en el interior del domicilio ubicado en la calle cosijopi número ochocientos cuatro del Barrio de San Sebastián de la villa de Zaachila Oaxaca, los ahora activos GELASIO VÁSQUEZ VALEAN Y SOCORRO TOVAR PERALTA, se apoderaron de diversas joyas, dólares y pesos mexicanos [incluso no precisó circunstancias de tiempo]; no es suficiente para tener por satisfechos los requisitos de forma que señalan los artículos 16 y 19 constitucionales. Sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: SENTENCIA PENAL. NO SATISFACE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI CON LA SIMPLE RELACIÓN DE PRUEBAS SE CONCLUYE QUE SE ACREDITARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO. El artículo 16, párrafo primero de la Carta Magna impone como garantía a favor del gobernado, que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, a fin de que esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en cuenta para emitir dicho acto de autoridad. Por otra parte, el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, impone a la autoridad judicial la obligación de examinar si en el caso concreto, se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito relativo (elementos del tipo, antes de su última reforma). Ahora bien, de la interpretación armónica de ambos preceptos, se concluye que para cumplir con la referida obligación constitucional, es necesario que la autoridad judicial precise: a) Cuáles son los elementos citados cuya actualización exige la figura delictiva correspondiente; b) Con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y qué valor les corresponde a éstas, de acuerdo con la ley adjetiva; c) Cuáles son los preceptos legales aplicables al caso, y además, todas aquellas circunstancias que se tuvieron en consideración para ello, precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, es claro que tales requisitos no se satisfacen cuando el juzgador se constriñe a relacionar las pruebas existentes en la causa penal relativa y con ello concluye que se encuentran probados los elementos del cuerpo del delito respectivo. Se sostiene que en las consideraciones sostenidas por la Juez responsable en la orden de captura reclamada no se estableció, en forma debida, el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución de la conducta reprochada al quejoso, toda vez que si bien es cierto se refirió que en un cierto día, el quejoso y otra persona sustrajeron de un domicilio dinero en efectivo y alhajas que el ofendido tenía guardo en un ropero que se encontraba en su recámara, y que para ello existió violencia sobre las cosas, pues se forzaron cerraduras del inmueble, lo cierto es que no precisó el horario aproximado en que ello aconteció, por lo que es evidente que con tal imprecisión el peticionario del amparo no tiene la certeza de cuál es la conducta que en realidad se le reprocha y por lo tanto no está en aptitud de producir su defensa. Asimismo, la juez responsable incurrió en incongruencias al momento de valorar las pruebas, pues refirió que los testigos de cargo no tenían relación o parentesco con el denunciante, cuando lo cierto es que sí son familiares, así mismo señaló que el ofendido en su denuncia hace un señalamiento claro y preciso en contra del inculpado, en relación a que él fue quien le robó sus pertenencias, cuando de las constancias se advierte que la víctima no estuvo presente al momento en que aconteció el apoderamiento de los bienes de su propiedad y que en la noticia criminal que rindió ante el Ministerio Público no afirmó conocer quien había sido el autor del delito. En las condiciones apuntadas, al resultar fundado el motivo de queja formal expuesto por el peticionario del juicio de garantías, es innecesario abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada, por no estar colmada la fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad; no resultando técnico que este Tribunal de Amparo se sustituya a la autoridad responsable, quien debe reasumir jurisdicción para determinar con qué medios de prueba se acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del antijurídico que es imputado al quejoso; precisar el modo, tiempo, lugar y circunstancias de ejecución en que probablemente se cometió el mismo, además de valorar las pruebas de manera congruente. Tiene aplicación, la jurisprudencia con rubro y texto: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS ESENCIALES (CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Partiendo de la base de que el artículo 19 constitucional garantiza al inculpado contar con los elementos suficientes para su defensa durante el proceso, es obligación del Juez de origen determinar en el auto de formal prisión, entre otros, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, y no al juzgador de garantías en la sentencia de amparo, a quien no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando el auto de término constitucional combatido, donde se fija la litis del proceso penal, obligando al quejoso a defenderse, además de lo determinado por el Juez de la causa, de lo dicho por el Juez constitucional; circunstancia que resulta absurda y contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, en virtud de que éste no es una segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional por lo que los Jueces de Distrito, al momento de resolver, se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no garantías individuales. En consecuencia, acorde a las consideraciones vertidas, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez responsable declare insubsistente la resolución dictada el catorce de octubre de dos mil catorce, dentro de la causa penal 52/2014, única y exclusivamente en lo relativo a la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso Gelacio Vásquez Valían o Gelacio Vásquez Valean, y siguiendo los lineamientos establecidos en esta resolución, con plenitud de jurisdicción, pronuncie la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación; es decir, para el caso de que considere procedente reiterar el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, especifique cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso, los medios de prueba con que tenga por acreditados cada uno de ellos, y señale con precisión el modo, tiempo, lugar y circunstancias de ejecución del mismo; además de efectuar una valoración congruente de las pruebas recabadas por la representación social. La concesión de amparo se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Agente Estatal de Investigaciones encargado del Servicio, con sede en la Villa de Zaachila, Oaxaca, ya que no se reclama por vicios propios..." En cumplimiento al fallo protector, el Juez responsable, por oficio 1210, remitió copia certificada de la resolución de cinco de agosto del año en curso, dictada en la causa penal 52/2014 de su índice, de la cual se advierte dejó insubsistente la orden de aprehensión de catorce de octubre de dos mil catorce, y negó librar orden de aprehensión en contra del quejoso Gelacio Vásquez Valían o Gelacio Vásquez Valean, por no existir medios de prueba suficientes para dictar auto de formal prisión en su contra. Así del examen comparativo que se realiza entre la sentencia concesoria de amparo y de la resolución de cinco de agosto del año en curso, suscrita por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, se aprecia que se dio cumplimiento a lo establecido en la sentencia de amparo; puesto que dejó insubsistente la orden de aprehensión de catorce de octubre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 52/2014, y negó librar orden de aprehensión contra el aquí quejoso atendiendo los lineamentos señalados en la referida resolución dictada por este órgano de control constitucional; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en esta instancia constitucional, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del referido numeral 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
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