Gelacio Monroy Rodríguez
Expediente 1083/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gelacio Monroy Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de cinco de diciembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó y por otra parte negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, ha causado ejecutoria, debiendo glosar al oficio que se envíe a la autoridad responsable copia autorizada de la misma.. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, y con fundamente en el artículo 214 de la citada ley archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1083/2018-IV, promovido por ************************, respecto del acto y autoridad indicados en el resultado primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege ************************contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero de Guerrero, con sede en esta ciudad, consistente en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral *************, de acuerdo a los argumentos establecidos en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias, que le fueron requeridas mediante acuerdo de siete del mes y año en curso; en consecuencia, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.********************Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto:********************"PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado."****************************************Ahora bien, dado el volumen del anexo que remite la autoridad responsable aludida, con el objeto de facilitar su consulta y manejo, se ordena abrir el primer tomo de pruebas, el cual queda a disposición de las partes cuando así lo soliciten
- Principal
Visto el escrito presentado por el quejoso **********, mediante el cual amplía su demanda de amparo, y señala como nuevo acto reclamado el que precisa en el mismo. Por tanto, con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente ampliando la demanda de amparo, en relación al nuevo acto que reclama a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Tiene aplicación al caso concreto la Tesis de jurisprudencia visible a página 549, Tomo X-Agosto, Octava Época, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente, Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACION DE LA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del análisis de criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la nación en relación a este tema, se llega al conocimiento de que no sólo se puede ampliar la demanda de garantías antes de que todas las responsables rindan su informe, sino también cuando se dan las siguientes condiciones: 1) que a través de los informes emitidos por algunas de dichas autoridades, o por todas, el quejoso conozca la intervención de otras en la realización de los actos que reclama o la existencia de nuevos actos que violen sus garantías; y 2) que tal ampliación se haga dentro del término legal para ejercer la acción constitucional, el cual, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de amparo, es de quince días y empieza a correr a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del auto por el que se haya dado vista al quejoso con los aludidos informes. Así pues, como en el presente caso se reúnen esos requisitos, es obvio que la negativa a dar trámite a la ampliación de demanda resulta "ilegal." Sin que haya lugar a requerir informe justificado en relación al escrito de ampliación de demanda, toda vez que del indicado informe que obra en autos se advierte la existencia del acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, motivo de la presente ampliación; No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días hábiles, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias certificadas legibles y debidamente ordenadas a partir de la diligencia de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, hasta el auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 451/2008, toda vez que las mismas resultan indispensables para el estudio del fondo del presente asunto. Apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Hágase saber lo anterior al tercero interesado en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; asimismo, con fundamento en el indicado numeral, fracción IV, de la ley de la materia, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete.
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