Gelacio Gutiérrez González

Expediente 323/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
323/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Gelacio Gutiérrez González

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, se ordena notificar a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recoger el documento que exhibió en este juicio (credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral), apercibida que de no hacerlo, dicho documento, sin previo acuerdo, será destruido junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por **********, regístrese bajo el número 323/2019-I-B. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Se procede al análisis de causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que el promovente de amparo, reclama del Juez y Notificador, ambos adscritos al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México: La ilegal notificación personal realizada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias, dentro del expediente 1316/2014, así como todo lo actuado en dicho incidente de liquidación, mismo que a la fecha se encuentra en trámite. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Asentado lo anterior se precisa que el principio de definitividad establece que la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios, deben ser agotados con antelación a la promoción del juicio de amparo, en virtud de que los mismos son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, de lo contrario, si las partes dentro del procedimiento de origen no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juez de origen. En efecto previo a la promoción de la demanda de amparo, se deben haber agotado los recursos previstos por la ley que regula el procedimiento del cual emana el acto que se reclame. Conforme a lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando respecto del acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, que permita revocar, modificar o nulificar el referido acto y éste no se haya interpuesto. En ese contexto, respecto del acto reclamado en estudio consistente en la ilegal notificación personal realizada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, dentro del incidente de liquidación de pensiones alimenticias, en el expediente 1316/2014, así como todo lo actuado en dicho incidente de liquidación, el cual al día de la data se encuentra en trámite, se advierte que el quejoso previo a la promoción del juicio de amparo debió promover el incidente de nulidad, previsto en los citados artículos 1.187, 1.188, 1.189, 1.190 y 1.191 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por ser un medio que puede conducir a la revocación modificación o anulación del acto reclamado. Para arribar a la anterior consideración debe tenerse en cuenta lo que al respecto disponen los preceptos aludidos: "Nulidad de notificaciones Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Plazo para promover nulidad de notificación Artículo 1.188. El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento Artículo 1.189. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva. Efectos de la nulidad Artículo 1.190. Si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Convalidación de notificación Artículo 1.191. Si el interesado ejercita la facultad procesal o cumple la carga impuesta por la resolución no notificada o notificada defectuosamente, el incidente de nulidad será desechado de plano, surtiendo ésta sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a la ley.". De los numerales transcritos se advierte que contra el acto reclamado es procedente el incidente de nulidad por ser el medio de defensa que tiene por objeto anular la notificación o notificaciones que lesionan los intereses del quejoso. Por tanto, el peticionario de amparo, previamente a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa legal citado con anterioridad, ya que al no hacerlo, no cumplió con el principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso por analogía, la jurisprudencia IV.3o.T. J/51, de la Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX (Marzo de 2004), página 1043, que a la letra indica: "NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y NO EN EL AMPARO DIRECTO. Si la parte quejosa considera la existencia de irregularidades en la notificación que se le practicó dentro del procedimiento laboral, debe previamente promover ante la Junta responsable el incidente de nulidad de notificaciones para lograr su invalidez, en términos de los artículos 762, fracción I y 763, en relación con el 752 de la Ley Federal del Trabajo y no ante la Justicia Federal en amparo directo, porque ello contravendría el principio de definitividad que rige el juicio de garantías.". Ahora, cabe precisar que el artículo 61, fracción VXIII, de la ley de la materia, establece como excepciones a la regla, al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, tratándose de actos que emanen de una autoridad judicial, de tribunales administrativos o del trabajo, la no exigencia de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios, cuando el acto de la autoridad importe peligro de privación de la vida, orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso, cuando se trate de un tercero extraño; y, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para para determinarlo. Al respecto debe decirse que en el caso concreto no opera ninguna de las excepciones en comento, pues por un lado, el acto reclamado no implica un acto de autoridad que importe peligro de privación de la vida, no se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso, cuando se trate de un tercero extraño; y, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo; y por el otro, al promovente del amparo no le recae el carácter de tercero extraño por ser la parte demandada dentro de los autos del juicio natural del que deriva el acto reclamado, por así advertirse de los antecedentes de su demanda, lo que determina que al tener intervención en el mismo bajo esa calidad, está en aptitud de inconformarse con el acto combatido anteriormente identificado, interponiendo en su contra los medios de defensa correspondientes. La anterior determinación encuentra sustento en la tesis número 13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta, Tomo III, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. (INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73 FRACCION XIII DE LA LEY DE AMPARO).- La interpretación armónica de los artículo 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73 sólo prevé como excepciones; los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Aunado a ello, es dable precisar que en relación a los actos reclamados en el presente asunto, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos legales invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la notificación personal realizada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, la cual constituye el acto reclamado por el quejoso está vinculada directamente con el incidente de liquidación de pensiones, dentro del expediente 1316/2014, pues de los hechos narrados por el quejoso en su capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, se advierte que dicho incidente de liquidación a la fecha no ha sido resuelto, al igual que el expediente de origen aún se encuentra en trámite, lo que por regla general se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de la interlocutoria final dictada en ese incidente, si es contraria a los intereses del hoy quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio.". De ahí, que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la sentencia o auto y/o resolución que ponga fin a dicho incidente, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, en términos del artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el artículo 107, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Gelacio Gutiérrez González, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, esto es, las listas que se publican en los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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