Gelacio González Hernández
Expediente 419/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gelacio González Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida Gelacio González Hernández; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 419/2018-I, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte inconforme en proveído de tres de mayo de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho; sin que la parte promovente desahogara el requerimiento formulado en el proveído de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo , de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Gelacio González Hernández.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Gelacio González Hernández, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Emilio Sánchez Piedras y otras autoridades, de quienes reclama la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en su contra, así como su ejecución. En este tenor, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, y entre ellos se encuentra el establecido en las fracciones I, III que a la letra señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; III. La autoridad o autoridades responsables. a) Bajo ese panorama, el promovente señaló en su demanda de amparo: ". C. Gelacio González Hernández; por propio derecho; nombrando como representante común al primero de los nombrados, señalamos como domicilio para recibir toda clase de notificaciones los estrados de este juzgado." Sin embargo en el capítulo número I de la demanda de cuenta se advierte: I. ". NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUEJOSO: Kevin Ríos Xahutentzi, Privada Hermanos Vázquez, número 222, colonia san Andrés Ahushuatepec de Tzompantepec." De igual forma, en la parte final de la referida demanda, se tiene la firma de Gelacio González Hernández, en ese sentido no existe certeza de quién es promovente, pues existen dos personas diversas quienes manifiestan promover el presente juicio de amparo, lo cual genera incertidumbre pues se desconoce con exactitud quien reclama el acto consistente en la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en su contra, así como su ejecución. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto al escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste: a).- El nombre correcto de quien promueve la demanda de garantías y si promueve por propio derecho o en representación de diverso quejoso. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de designar como autoridades ejecutoras a quienes no lo son, sólo para dar competencia a este órgano jurisdiccional, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 248 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, del tomo I, agosto de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE: Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Domicilio para oír y recibir notificaciones Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, la lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Autorizados Asimismo, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como autorizada en términos restringidos a Manuel de la, ello, en virtud de no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitan días y horas inhábiles Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.
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