Gelacio Flores Madariaga

Expediente 480/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
480/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Gelacio Flores Madariaga

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del oficio por el que se remitieron los autos originales del juicio administrativo 92/2018 y un tomo de copias certificadas, descritos en el oficio de cuenta. En razón de que este asunto se desechó por improcedente, y mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la presidencia de este tribunal colegiado declaró firme el citado auto; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atento a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que el presente expediente no tiene relevancia documental y es destruible, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria de acuerdos, en la que hace constar que transcurrió el plazo de tres días, que establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que se impugnara el auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual la presidencia de este tribunal colegiado desechó por improcedente la demanda de amparo intentada. En esas condiciones, al no interponer medio de impugnación alguno; en consecuencia, se declara firme tal proveído. Consecuentemente, devuélvanse a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los autos originales del juicio administrativo 92/2018, y un tomo de copias certificadas. Se solicita atentamente acuse de recibo. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta con el que se remite la demanda de amparo de que se trata, así como los autos originales del juicio administrativo 92/2018, del índice de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, un tomo de copias certificadas y la constancia de emplazamiento de la parte tercero interesada; fórmese el juicio de amparo directo 480/2018, regístrese en el libro de gobierno y acúsese recibo. No pasa desapercibido que la parte quejosa, en su escrito de demanda, señala como autoridades responsables, y actos reclamados, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es el Ciudadano Magistrado adscrito a la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (.) IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la Sentencia precisamente dictada por la Autoridad Responsable, en el Expediente número 92/2018 de fecha ocho de agosto del 2018. (.)". Esta presidencia estima que la sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, señalada como autoridad ejecutora, no es susceptible de ser reclamada en la presente vía, por las consideraciones siguientes: En efecto, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Como se ve, el artículo transcrito establece que el juicio de amparo directo, procede en contra de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que hayan sido dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiendo como sentencias definitivas o laudos, las que decidan al juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, aquellas que sin entrar al fondo del asunto, lo den por concluido. Por su parte, el artículo 285, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 285.- Procede el recurso de revisión en contra de: (.) III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; (.)". Como se ve, el artículo transcrito establece que procede el recurso de revisión, entre otras hipótesis, en contra de las resoluciones que decreten el sobreseimiento, con lo que se llega al convencimiento de que la demanda de amparo resulta ser improcedente, únicamente en contra de la sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el juicio administrativo 92/2018, por los magistrados integrantes de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, pues, como quedó evidenciado, no se trata de un acto definitivo susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, ya que puede ser modificado o revocado a través del medio ordinario de defensa; máxime, que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no permite al promovente renunciar al medio de impugnación referido. Cuestión que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Gelacio Flores Madariaga, por propio derecho, respecto de la sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 92/2018. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, es decir las lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, y como autorizados, en términos amplios de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, siempre y cuando se tengan registradas sus cédulas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; de no ser así, únicamente se tendrán solamente como autorizados para oír y recibir notificaciones. Asimismo, con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Notifíquese, personalmente. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

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