Geiser Mortera Arzabal
Expediente 1668/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1668/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2022
Partes del expediente
- Geiser Mortera Arzabal
Actuaciones
- Principal
II. De la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós en el que se tuvo por no presentada la demanda, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido.
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II. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días, concedido a la parte quejosa, para cumplir con el requerimiento inserto en auto de veinticinco de octubre del año en curso; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda de amparo. Lo anterior es así, porque el objeto de la prevención fue para que el promovente del amparo aclarara su acto reclamado. Por ende, es evidente que no se le dejó en estado de indefensión, porque se le dio margen para desahogar la prevención y no obstante ello, no lo hizo, ya que transcurrió el plazo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, como se desprende del recuadro siguiente: Parte Notificación Surte efectos Plazo ********************(personal por conducto de su autorizado) 07 de noviembre de 2022 08 de noviembre de 2022 Del 09 al 15 de noviembre de 2022 Sin que obste a lo anterior, el hecho de que se pretendió desahogar la prevención por ocurso de tres de lo corrientes, en virtud de que en auto de cuatro siguiente, ésta subsistió. Hágase la anotación de rigor en los Libros de Gobierno, tanto físico como electrónico correspondientes y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
II. Se tiene por recibido el oficio por el cual la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite el original de de la notificación personal practicada en el juicio de amparo 1662/2022-IV de su índice, y de la que se advierte que el quejoso ****, refiere "Promuevo nueva demanda para el acto reclamado en ataques a la libertad personal fuera del procedimiento consistente en castigo y ataques a la salud fuera de procedimiento consistente en la negativa de la atención médica". Por ende, se ordena formar el expediente electrónico e impreso, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1668/2022-II; se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente. En la especie, de la notificación, se obtiene que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: Ataques a la libertad personal fuera del procedimiento consistente en castigo. Incomunicación. Ataques a la salud fuera de procedimiento consistente en la negativa de la atención médica. SUSPENSIÓN DE PLANO SIN MATERIA por el acto CONSISTENTE EN INCOMUNICACIÓN En términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en un hecho notorio que en el expediente 1661/2022-III del índice de este juzgado, en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, se concedió la suspensión de plano al aquí quejoso en términos de lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, por el acto consistente en "incomunicación"; por ende, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 145 de la Ley de Amparo, aplicable por analogía a la suspensión de plano y, por ende, no existe materia para pronunciarse al respecto. Ahora bien respecto de los actos contra la libertad personal fuera de procedimiento, consistente en castigo, así como la negativa de la atención médica no es procedente decretar la suspensión de plano, ya que dichos actos no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo. Ello en razón que, no son actos prohibidos expresamente por el artículo 22 Constitucional, ni están previsto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Máxime que de la cédula de notificación de cuenta, el actuario adscrito verificó la inspección judicial en la celda en donde se encuentra recluido el quejoso, e hizo constar que peticionario del amparo no presenta lesiones visibles. En el artículo 108 de la Ley de Amparo se establecen los requisitos para la formulación de la demanda de amparo indirecto. Y, el diverso 114 de la ley de la materia prevé los supuestos en los que se mandará requerir al promovente para que aclare la demanda en caso de actualizarse alguna de las irregularidades descritas en el artículo señalado en párrafo anterior. Así, los preceptos transcritos facultan a este órgano de control constitucional para prevenir a la pare quejosa a fin de que realice las aclaraciones pertinentes, siempre que dentro de su escrito de demanda se advierta alguna irregularidad o se haya omitido alguno de los requisitos que señala el citado artículo 1081 de la propia ley. En el presente caso, el quejoso no precisa con claridad los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al quejoso del amparo para que en la diligencia de notificación de esta determinación o en el término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Deberá precisar de manera clara y detallada en qué hace consistir los actos reclamados que señala como: -Ataques a la libertad personal fuera del procedimiento consistente en castigo. -Incomunicación. -Ataques a la salud fuera de procedimiento consistente en la negativa de la atención médica. Es decir, de qué manera se han materializado dichos actos, qué conducta o acciones en específico se llevaron a cabo; y a que autoridades se lo atribuye; ello porque el quejoso no señaló tal situación. De lo anterior deberá destacar: 1. De qué manera se le ha infringido malos tratos; 2. Que conducta o acciones en específico se llevaron a cabo; la temporalidad en que ha sufrido de dichas conductas y, si lo anterior, deriva de la imposición de algún correctivo disciplinario, en caso de ser afirmativo, deberá señalar la fecha en que se les impuso dicha medida correctiva y cuándo tuvo conocimiento o fue notificado. Lo anterior; porque existe discrepancia entre lo manifestado por el impetrante del amparo en la cédula de notificación; consistente en que se le tiene incomunicado y encerrado las veinticuatro horas del día; y lo manifestado por el actuario adscrito en la inspección judicial verificada; en el sentido en que el quejoso se encuentra recluido en una estancia con seis personas privadas de la libertad; y que éste no presenta lesiones visibles en su cuerpo. De ahí que el quejoso deberá desahogar la prevención en los términos precisados. La anterior solicitud es indispensable, en virtud de que la precisión de los actos reclamados es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello tomando en consideración que en el ámbito de impartición de justicia existe una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos de los peticionarios de amparo, por ende debe requerírseles para que aclaren la prevención indicada en párrafos que anteceden. Es aplicable la tesis XX.57 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con número de registro 202853, con rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS" Lo anterior, entendido de los delitos en que incurre quien afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, tal y como lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que de no cumplir con el requerimiento formulado se tendrá por no presentada la demanda como lo prevé el artículo 114 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; la interpretación de ese precepto constitucional trasladado a la organización del sistema penitenciario, corresponde velar que los reos, tengan oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Con copia de la notificación, requiérase al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que en el término de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación de la presente determinación, designe alguna persona que funja como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso y remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Se hace del conocimiento de la citada autoridad que de considerarlo necesario podrán remitir la información requerida a través del correo electrónico 4jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx o del de amelia.mejia.guerrero@correo.cjf.gob.mx. Se comisiona a la Secretaria a fin de que diariamente corrobore las comunicaciones recibidas en el referido correo y de cuenta de manera oportuna con ellas. Asimismo, se le solicita que proporcione un correo electrónico oficial con la finalidad de facilitar las comunicaciones y dar celeridad a las actuaciones de este expediente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En atención a que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; y a que la interpretación de ese precepto constitucional trasladado a la organización del sistema penitenciario, corresponde velar que los reos, tengan oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada, como lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), con el rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", es evidente que si el quejoso esta privado de su libertad, en virtud de un proceso penal y promovió sin asistencia jurídica, la persona que designe el Instituto de la defensoría es quien en realidad lo va a representar y a quien se le habrá de notificar la presente determinación; de ahí que se reserva la notificación de éste, para hacerlo del conocimiento del profesionista a quien se tenga como autorizado del quejoso.
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