Geiner Leopoldo Garrido Buatamante
Expediente 1281/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1281/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Geiner Leopoldo Garrido Buatamante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que obran en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 600/2022 del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se advierte que el treinta de agosto de dos mil veintidós, el Jefe del Departamento de la Oficina Local de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, otorgó a los quejosos Lidia Gloriana Fernández Ocallomamami (o Ccallomamani), Pamela Lesly Tello Fernández y Geiner Leopoldo Garrido Buatamante (o Bustamante) un documento provisional con el que determinó su liberación hasta en tanto de emitiera una resolución definitiva en su procedimiento administrativo de migración. Ahora bien, dado que dichas documentales permiten establecer el paradero de la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente en relación con este juicio de amparo, se levanta la suspensión del procedimiento decretada el dos de septiembre de dos mil veintidós. En ese sentido, de las constancias que se agregan, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, su detención y, como consecuencia de ello, su incomunicación y posible deportación. Luego, si bien es cierto en autos está acreditado que las quejosas fueron detenidas por autoridades migratorias y alojadas temporalmente en una estación migratoria; también es cierto que de las documentales antes valoradas, consistentes en los documentos provisionales de treinta de agosto de dos mil veintidós en los que se determinó su liberación hasta en tanto de dictara una resolución definitiva en su procedimiento administrativo migratorio, que permitió a la parte quejosa salir de la estación migratoria mientras se tramita dicho procedimiento. Por tanto, es claro que, con motivo de la determinación de treinta de agosto de dos mil veintidós, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por la parte quejosa generada con motivo de la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias, de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber, los expedientes correspondientes a los procedimientos administrativos migratorios seguidos ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana. Además, durante la tramitación del presente juicio, esto es, el treinta de agosto de dos mil veintidós, se permitió a la parte quejosa continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer alojada en la estación migratoria, de modo que se modificó la situación en que se ubicaba la parte quejosa respecto de la forma en que llevará el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, tomando en consideración que las violaciones que se aducen en este juicio de amparo derivan de la detención en la estación migratoria, es claro que no podría decidirse sobre dichas cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque en la determinación de treinta de agosto de dos mil veintidós, sustituyó la decisión preliminar en la que - ntre otras cuestiones- se ordenó la presentación de la parte quejosa y su alojamiento en la estación migratoria durante el trámite administrativo correspondiente y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones aquí reclamadas. Finalmente, se estima que entre la detención y alojamiento en la estación migratoria y la determinación de treinta de agosto de dos mil veintidós, existe autonomía. Ello es así, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, pues la última determinación se emitió al actualizarse la hipótesis del 102 de la Ley de Migración, en la que se valoraron las circunstancias particulares de la parte quejosa para establecer si era posible o no proseguir su procedimiento administrativo migratorio sin necesidad de permanecer alojada en las instalaciones de la autoridad responsable, de modo que esta última decisión puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, respecto de la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios que envían el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede Tijuana y la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y, en atención a su contenido, se les tiene informando que autorizaron la vinculación de los expedientes electrónicos 600/2022 y 1174/2022 respectivamente, para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de consultar las constancias que los integran.
- Principal
Mexicali, Baja California, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios que envían los Secretarios del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y, en atención a su contenido, se les tiene informando que autorizaron la vinculación de los expedientes electrónicos 1323/2022 y 1329/2022, para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de consultar las constancias que los integran.
- Principal
Mexicali, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintidós de agosto del año en curso, se dio vista a la parte promovente, con la razón actuarial en la cual el actuario de la adscripción asentó que los quejosos no se encontraban alojados en la instalación migratoria, por el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, con objeto de que informara el domicilio en el que actualmente se encuentran los quejosos, a fin de que este Juzgado estuviera en aptitud de localizarlos y los requiriera respecto de la ratificación o no la demanda que nos ocupa, sin que diera contestación al mismo. En consecuencia; con fundamento en el artículo 15, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el precepto legal antedicho, se ordena la suspensión del procedimiento en el presente juicio; en el entendido que transcurrido un año sin que nadie se apersone al presente juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo.
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