GEIDY CAROLINA GARCÍA ALEMÁN y Otros.

Expediente 823/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
823/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Geidy Carolina García Alemán
  • GEIDY CAROLINA GARCÍA ALEMÁN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista primera certificación de cuenta, se obtiene que transcurrió el plazo de tres días concedido a los quejosos ********, en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés (fojas 68 a 71), para que comparecieran a este Juzgado de Distrito a ratificar la firma de su ocurso aclaratorio identificado con el folio 11589 (foja 66), sin que lo hubiesen hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene por no presentado el aludido escrito. Por otra parte, de la segunda certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días concedido a los quejosos *********y a la Procuradora Regional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia en Materia de Migrantes, adscrita a la Delegación Regional X, Soconusco, con sede en esta ciudad (Representante especial de los infantes de identidad protegida de iniciales *****, en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés (fojas 36 a 54), para que desahogaran la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiesen realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 1141 de la Ley de Amparo, se TIENE POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por los quejosos *********. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, de febrero de 1994, página 307, con registro digital 213454, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Ahora, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en su Capítulo Cuarto "Sentencias y Tesis", numerales 191 y 192, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones pública de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, toda vez que en autos de siete y once de agosto de dos mil veintitrés (fojas 36 a 54 y 80 a 83), se reservó proveer lo conducente respecto a los medios de prueba ofertados por la parte quejosa en su escrito de demanda y a la documental remitida por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular y del Jefe de Departamento de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; sin embargo, no se emite pronunciamiento alguno en relación a las mismas, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el Libro de Control Electrónico designado para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Procuradora Regional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia en Materia de Migrantes, adscrita a la Delegación Regional X, Soconusco, con sede en esta ciudad. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que el presente proveído se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de agosto de dos mil veintitrés. PROCURADORA ACEPTA CARGO Vista la diligencia de cuenta, mediante la cual *********, Procuradora Regional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia en Materia de Migrantes, adscrita a la Delegación Regional X, Soconusco, con sede en esta ciudad, en atención al proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés (fojas 36 a 54), acepta y protesta el cargo como representante especial de los infantes de identidad protegida de iniciales *******. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, téngase por cumplido el requerimiento de mérito y déjese sin efecto el apercibimiento con el que ahí se le conminó. En consecuencia, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, téngase a la Licenciada ********, Procuradora Regional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia en Materia de Migrantes, adscrita a la Delegación Regional X, Soconusco, con sede en esta ciudad, como representante especial de los infantes de identidad protegida de iniciales *********. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la referida representante especial el que señala en la diligencia de cuenta. En la inteligencia de que en la citada diligencia se dio vista a la referida representante especial, con las constancias de autos y se le corrió traslado con las mismas. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular y del Jefe de Departamento de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual, en atención a los oficios 18765/2023 y 18767/2023, dirigidos a las autoridades responsables 1) Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y 2) Jefe de Departamento de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula (fojas 55 a 61), rinde informe de suspensión de plano y comunica que está enterado de la medida cautelar decretada en el presente juicio. DOCUMENTAL REMITIDA POR AUTORIDAD RESPONSABLE Ahora bien, en cuanto a las documentales remitidas por la autoridad responsable, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto la parte quejosa, desahogue la prevención a la que se le conminó en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés (fojas 36 a 54). DOMICILIO Y DELEGADOS Respecto del domicilio procesal que señala el oficiante, infórmesele que no ha lugar a tenerlo por designado, en virtud que las autoridades responsables que representa tienen su domicilio oficial en esta ciudad. De conformidad con el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indica la autoridad oficiante. MEDIOS ELECTRÓNICOS De igual manera, como lo solicita la responsable, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el artículo 401 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos de este expediente. Ello, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.13o.T.15K (10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IIl, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro y texto siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que la diligencia y promoción que dieron origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de agosto de dos mil veintitrés. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local, Encargado del Departamento Jurídico, en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al oficio 18766/2023, dirigidos a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tapachula (fojas 55 a 61), rinde informe de suspensión de plano y comunica que está enterado de la medida cautelar decretada en el presente juicio. DOMICILIO Y DELEGADOS De conformidad con los artículos 9º y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere la autoridad oficiante. ESCRITO ACLARATORIO Por otra parte, visto el escrito de cuenta aparentemente signado por los quejosos ******, mediante el cual pretenden desahogar la prevención formulada en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés (fojas 36 a 54); con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, previo a proveer lo que en derecho procede en relación con el contenido del escrito de cuenta, es dable precisar que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta atribuida a los quejosos ******, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: DEMANDA DE AMPARO ESCRITO DE CUENTA Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de las mismas personas, por lo que no hay forma de saber si es voluntad de los quejosos ********, desahogar la prevención formulada en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés (fojas 36 a 54); pues las firmas que contienen el ocurso de cuenta son notoriamente distintas a las que aparecen al calce del escrito inicial de demanda de amparo. Por ende, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo procedente, se requiere a los quejosos ****, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2, comparezcan a este órgano jurisdiccional, ubicado en Predio Rustico denominado "Huerto Santa Isabel" Carretera Cantón Murillo K.M. 0+450, Tapachula, Chiapas, con identificación oficial vigente y manifiesten si ratifican o no las firma que calzan el escrito que se atiende e indiquen si las reconocen como suyas, apercibidos que de no comparecer, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta y se continuará con el trámite respectivo. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 3a. 24, Octava Época, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207437, cuyo rubro y texto dicen: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Debe decirse que el criterio citado con antelación, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Luego, para que estén en condiciones de comparecer ante este recinto judicial, se les hace saber que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, tiene como horario de atención al público de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, ello de lunes a viernes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Jair José Luis Mejía Corona, quien además certifica que las promociones que dieron origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, todos de nacionalidad hondureña, por propio derecho, todos de nacionalidad hondureña, en contra los actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Titular y/o Encargada de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ****, de esta ciudad. 2. Jefe de Departamento de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ****, de esta ciudad. 3. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta población. ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de Control Electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 823/2023***. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 1. La omisión de expedirles las constancias de trámite respecto de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados. 2. La negativa de otorgarles la Clave Única de Registro de Población ****. 3. La posible detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido y/o expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, registro digital 192097, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (...)." CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE DIVERSOS ACTOS RECLAMADOS Por otra parte, respecto de los actos reclamados que hacen consistir en: 1. La omisión de expedirles las constancias de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. 2. La negativa de otorgarles la Clave Única de Registro de Población ****. Este órgano jurisdiccional se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto se admita el presente juicio de amparo; ello en virtud de que no constituyen actos en los que se actualicen los supuestos del artículo 15 de la ley en la materia, por los cuales deba de concederse la suspensión de plano. GENERALIDADES DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." REGLAMENTO "Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de los ahora quejosos (extranjeros), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: (...) De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sea objeto de detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido y expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de la disconforme. Así las cosas, es de resaltar que los artículos 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 144 de la Ley de Migración, prevén los supuestos en los cuales debe presentarse a los extranjeros en las Estancias Migratorias, para regularizar su situación, mismos que establecen: (...) De donde se deduce, que además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; pues es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Por otra parte, se establece que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Así, cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho puede ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfaga los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. Así también, el artículo 109 de la Ley de Migración, estatuye los derechos que tendrán las personas que sean presentadas en la Estancias Migratorias del Instituto Nacional de Migración y textualmente dice: "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría. Los derechos ahí establecidos y que deben observarse desde el momento del ingreso del extranjero a la Estancia Migratoria son, entre otros: Que conozcan la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Acceder a comunicación telefónica; Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO CONSISTENTE EN LA POSIBLE DETENCIÓN, PRESENTACIÓN, ALOJAMIENTO, DEPORTACIÓN, RETORNO ASISTIDO, EXPULSIÓN O SIMILAR, FUERA DE PROCEDIMIENTO. Precisado lo anterior, es importante traer a colación los artículos 22 Constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (...) De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución a los quejosos en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por los quejosos y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los quejosos ****, no sean detenidos con fines de presentación, alojados, deportados, con retorno asistido y expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, además de que no sean objeto de incomunicación, ni cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales que pongan en peligro la vida de los disconformes, así la autoridad migratoria responsable debe mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, momentáneamente deberá abstenerse de hacer abandonar a los extranjeros, aquí quejosos, el territorio nacional, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Aplica al caso, la Jurisprudencia PC.I.P.J/32P (10a.) , del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de título y contenido: "ACTA DE RECHAZO EMITIDA POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU EJECUCIÓN PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. (..)". Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de los aquí quejosos, deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (...)." Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso los directos quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país de los extranjeros, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le den trámite a la solicitud que plantee la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá a la omisa, medida de apremio antes apuntada. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. PREVENCIÓN Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al diverso 108, fracciones III y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa ****, por propio derecho, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que se encuentre notificada de este acuerdo, por escrito y "bajo protesta de decir verdad", aclaren su demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Precisen si se encuentran sujetos a algún procedimiento administrativo migratorio, con el que se les pretenda deportar, expulsar o repatriar a su país de origen, o si a la fecha les fue notificado alguno. SEGUNDO. Indiquen si cuentan con la información necesaria en relación con los requisitos que debe cumplir para obtener la calidad de refugiado en este país. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada 2a. III/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, página 957, con registro digital 2021671, de rubro y texto siguientes: "REFUGIADOS. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO, QUE PREVÉ EL PLAZO PARA SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE ESE ESTATUS JURÍDICO, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD. (...).". TERCERO. Deberán indicar si también señalan como actos reclamados los citatorios número 201614, 201998, 201994, 201996 y 201995, todos de uno de agosto dos mil veintitrés, que les expidió la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. CUARTO. Precisen si señalan como acto reclamado, alguna determinación dictada por las autoridades responsables, ya que del segundo punto de sus conceptos de violación indican lo siguiente: "Por otro lado, la resolución que se impugna transgrede el principio de legalidad, puesto que, al no haber aplicado correctamente la ley en la resolución que se impugna, se transgredió mi esfera jurídica al verme desfavorecida." (Foja 11) De ahí que, deba precisar dicha circunstancia a fin de estar en condiciones de integrar la Litis constitucional. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe a los directos quejosos, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales los quejosos deban manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2007285, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA" REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS INFANTES Ahora bien, dadas la circunstancias en que se solicita la protección constitucional del infante, y para garantizar el bien superior del niño y niña migrante, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de designar o procurar un representante especial para que intervenga en este juicio a nombre del infante involucrado, se gira oficio a la Procuradora Regional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia adscrita al DIF CHIAPAS EN MATERIA DE MIGRANTES, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir del siguiente al que tenga conocimiento de este auto, proponga a una persona profesionista que pueda fungir con tal carácter de los infantes migrantes de identidad protegida de iniciales ****. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Sirve de apoyo como analogía, la tesis III.1o.P.50P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1324, tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 186220, con el rubro y texto siguientes: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. (...)". Así como la diversa, tesis I.21o.A.4 A (10a.), sustentada por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro digital: 2020336, visible en la página 4587, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO DECRETADA CONTRA SU DEPORTACIÓN, CUANDO SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN ESTACIONES MIGRATORIAS. (...)." En este mismo sentido, con fundamento en el párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 3º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que queda estrictamente prohibido separar al menor de edad de sus padres o de las personas adultas de quien se encuentre acompañado. Ahora, en caso de que la mencionada Procuradora Regional se encuentre gozando de su período vacacional y por tal motivo haya suspendido sus labores, comisiónese a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, para que precisamente en la fecha en que las reanuden, entregue el oficio que derive de la presente determinación sin necesidad de ulterior acuerdo, mismo que deberá quedar bajo resguardo y responsabilidad hasta que sea debidamente entregado a sus destinatario. DOMICILIO Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En ese contexto, se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda, y en relación al correo electrónico proporcionado, tómese en consideración como medio de comunicación no procesal, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Como lo solicita el quejoso, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, este último precepto reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por **** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza a ****, con el nombre de usuario ***, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectivas las referidas autorizaciones. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y, en términos del párrafo segundo el artículo 12 de la Ley de la Materia, a ****, toda vez que sus cédulas no se encuentran en dicho registro; en el entendido de que una vez que cumplan con este requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. PRUEBAS Se reserva proveer lo relativo respecto a los medios de pruebas que ofrece la parte quejosa, hasta en tanto se admita el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, y como lo solicitan, expídase copias certificadas del presente proveído (indicándose a la parte quejosa, que en el presente auto no se admitió la demanda de amparo), las cuales le serán entregadas en día y hora hábil, a través de las personas que indican en su demanda. Se le hace saber a la parte quejosa que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mantiene como horario de atención al público de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, ello de lunes a viernes; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad, en lo que interesa, entrega de copias certificadas, previa identificación y razón que de su recibo obre en autos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS. Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por **** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

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