Geferson Queiroz Meneses

Expediente 370/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
370/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Rosana Brasilina Da Silva Martins De Abreu
  • Geferson Queiroz Meneses

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el cual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. De conformidad con los artículos 20, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años a partir del presente proveído al haberse tenido por no presentada la demanda. Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional el presente sumario carece de relevancia documental, pues no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Se comunica a las partes que el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos se advierte, que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se le dio vista al promovente de amparo, a fin de que presentara a los quejosos *** y ***, a ratificar la demanda de amparo, en virtud de que se encuentran en libertad. Toda vez que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido sin que se haya logrado la comparecencia de los citados quejosos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de marzo del año en curso y con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por ***, a favor de *** y ***. En virtud, de lo citado en el párrafo que antecede, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al promovente en auto de tres de abril de la presente anualidad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por presentada la demanda de amparo promovida por ***. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 15, 20 y 109 de la Ley de Amparo, téngase por presentado el citado libelo. En ese sentido, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 370/2023-III-A. Atendiendo a que el promovente atribuye la detención de los directos agraviados a la autoridad migratoria, precisando que se encuentran privados de su libertad en la estación migratoria y se infiere que se trata de actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuya tramitación es de naturaleza urgente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126 del citado ordenamiento legal, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de toda incomunicación o acto prohibido por el artículo 22 constitucional. En el entendido que, las autoridades responsables deben GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LA PARTE QUEJOSA, para lo cual deberán adoptar las medidas necesarias. Además, las autoridades responsables en el informe del cumplimiento dado a la suspensión de plano deberán manifestar y, a la vez, justificar con las constancias respectivas: a) Si permitió a los directos agraviados comunicarse con algún familiar para que hicieran saber el motivo de su detención y el lugar en que se encuentran detenidos. b) Si les facilitó los medios adecuados para que designaran libremente un defensor, sin perjuicio de la obligación por parte de las autoridades responsables de nombrarles uno de oficio en el evento probable de que los peticionarios no cuenten con la asistencia de un abogado. c) Si se les ha permitido la comunicación con su defensor, en el supuesto de que ya cuenten con uno. d) Si se les ha autorizado visitas o entrevistas con sus familiares, acorde a la reglamentación del lugar de su detención. e) Si se les ha permitido la asistencia consular a la cual tienen derecho. Luego, por lo que respecta a la suspensión de plano del acto reclamado detención y privación ilegal de la libertad, se hace el siguiente pronunciamiento. Tomando en consideración que según lo manifestado por el promovente, bajo protesta de decir verdad, el acto de privación de la libertad que reclama fue emitido por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como son las autoridades migratorias, y de autos no se advierte que se encuentren relacionados con la comisión de un delito. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO; por tanto, el efecto de la medida cautelar debe ser para que los directos quejosos sean puestos en inmediata libertad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 164, segundo párrafo, del citado ordenamiento (con las condicionantes que se precisarán más adelante). Así es, el efecto de la suspensión de plano en este caso en específico debe consistir en dejar en libertad a los directos quejosos, por tratarse de actos prohibidos por los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, considerando que en este momento procesal no se advierte prueba alguna relacionada con algún procedimiento administrativo incoado en contra de los accionantes. Es importante señalar, que no todos los actos privativos de la libertad son materia de la suspensión de oficio y de plano que establece el artículo 126 de la Ley de Amparo, sino sólo aquellos que se susciten fuera de procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de dicha ley. En el caso, como se ha expuesto, no se advierte que la detención señalada por la quejosa derive de algún procedimiento migratorio de su conocimiento o alguno de índole diversa, motivo por el cual se aborda desde esta perspectiva; pues hasta este momento no se advierte constancia alguna en la demanda de amparo de la que se aprecie algún procedimiento administrativo incoado en contra de los quejosos por parte de las autoridades responsables. Por ello, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 164, de la Ley de Amparo, la suspensión de plano del acto consistente en la privación de la libertad de los quejosos fuera de procedimiento debe tener como efecto, para que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencias, y de no existir causa legal diversa que lo impida, instruyan la inmediata libertad de los quejosos ***. En concordancia con lo anterior, el artículo 126 de la Ley de Amparo, establece que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, entre otros actos, contra la deportación, expulsión, proscripción, destierro o extradición del territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Federal, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. En el presente caso, debe considerarse que de los hechos narrados en la demanda de amparo, se advierte que los quejosos son de nacionalidad brasileña, que se encuentran detenidos ante la Estación Migratoria de Escárcega, del Instituto Nacional de Migración, lugar donde al parecer se encuentran privados de su libertad, con la finalidad de concretar su deportación y expulsión del país. Con base en lo anterior, es factible arribar a que el hecho generador que motivó la acción constitucional, es la situación irregular de la persona extranjera en territorio nacional, que trajo como consecuencia que se le privara de su libertad como medida de aseguramiento con motivo del procedimiento migratorio y que derivado de ello, eventualmente, se le pudiera deportar a su país de origen; actos que evidentemente se encuentran vinculados, por lo que debe observarse la continencia de la causa. En consecuencia, este órgano jurisdiccional determina que cuando una persona en calidad de migrante, solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, el Juez de Distrito debe resolver tales actos de modo conjunto, al resolver sobre la suspensión de plano. Por ende, en este punto corresponde discernir si es facultad del Juez Federal fijar los requisitos para que surta sus efectos la suspensión o ello está reservado a la autoridad migratoria. De la lectura de los numerales de la Ley de Migración, se puede desprender que la presentación de extranjeros es la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, es decir, el alojamiento durará en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. El acuerdo de presentación se emitirá en un término de veinticuatro horas, cuando el extranjero vaya a ser deportado por haber incurrido en alguna de las conductas establecidas en el artículo 144 de la Ley de Migración. Por lo que, en los casos en que una persona con calidad de inmigrante reclame el alojamiento excesivo y solicite la libertad, se debe de conceder en términos de los artículos 138, fracción I, y 164 de la Ley de Amparo, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiera a la suspensión provisional; lo anterior, en razón de que no se puede ordenar la libertad de los quejosos, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad del diverso consistente en la deportación de los quejosos; en consecuencia, se procede a fijar las MEDIDAS DE EFECTIVIDAD señaladas en los incisos b) y c) del artículo 102 de la Ley de Migración2, consistentes en establecer ante la autoridad responsable que sigue el procedimiento administrativo correspondiente, el domicilio o lugar en el que permanecerá, y no ausentarse del mismo sin su previa autorización, lo que implica que deberá encontrarse disponible para su apersonamiento a la estación migratoria correspondiente, cuando así sea requerido, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo y para el caso de no cumplir con lo anterior, la medida cautelar otorgada quedará sin efecto. Cabe destacar que la exclusión de la medida prevista en el inciso a) 3 del artículo en comento, consistente en la "exhibición de una garantía", obedece a la finalidad de armonizar la Ley migratoria con la Ley de Amparo, pues, en esta última la caución sólo se prevé para procedimientos penales, en términos de su numeral 168. Por su parte, respecto al inciso d) del citado numeral, esto es, la medida consistente en que la parte quejosa deba "presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana", no es proporcional para el fin perseguido con la suspensión de plano y con la finalidad de asegurar que los quejosos continúen con su trámite migratorio. En efecto, no se considera proporcional establecer como condición para la eficacia de la suspensión, presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana, toda vez que en el caso, por los antecedentes narrados, solamente se tiene noticia de que los quejosos se encuentran recluidos en la estación migratoria señalada, pero sin tener información respecto a la forma en que ingresaron al país, ni el tiempo que llevan en territorio nacional, si contaban con algún tipo de permiso que en su caso ya hubiere vencido o que tuvieran algún conocido o familiar que radicara en este país. De ahí que, al encontrarse actualmente con una restricción a su libertad personal y sin tener posibilidad de comunicarse con personas externas, se estaría exigiendo un requisito de difícil cumplimiento para los quejosos y se podría provocar el no surtimiento de efectos de la suspensión, al exigir un requisito cuya satisfacción no depende del extranjero, sino de la manifestación de voluntad de una persona ajena al proceso. Ahora bien, toda vez que del escrito de demanda se advierte que los directos quejosos se encuentran privados de su libertad en las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Escárcega; por tanto, se comisiona a los actuarios de guardia adscritos a este Juzgado Federal, para que se constituya en las instalaciones de dicha Estación Migratoria, a efecto de que localice a los directos quejosos ***, y en caso de encontrarlos, les comunique esta determinación y los requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. Asimismo, de fe del estado físico en que se encuentran los directos quejosos, a efecto de verificar su integridad personal. Además, deberá prevenirlos que, de no señalar domicilio en esta ciudad, se les notificará por lista, incluyendo las notificaciones de tipo personal. Se faculta al actuario federal, para que en el caso de que al constituirse al lugar señalado y fuere informado de que los quejosos pueden ser notificados en uno diverso que se le proporcione, practique en dicho domicilio la notificación ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia de hechos que antecede se advierte que la autoridad responsable Representante local adscrito al Instituto Nacional de Migración con residencia en Escárcega, remite el oficio y anexo de cuenta en atención a lo informado vía telefónica por la actuaria comisionada en la guardia de este juzgado federal antes de notificar a la responsable sobre la suspensión de plano emitida a favor de los directos. Por lo anterior, y toda vez que del oficio y anexo signados por la estación migratoria responsable, se aprecia que los citados agraviados fueron puestos en libertad, en virtud de que el Instituto Nacional de Migración, les acordó la salida de la estancia migratoria de manera provisional B con la finalidad de que en el término de quince días naturales abandonen el territorio nacional, sin posibilidad de beneficios para tramitar una condición de estancia, acto que se equipara a una deportación. Dígasele a la autoridad migratoria que los directos quejosos continúan gozando de la suspensión de plano que les fue otorgada en auto de treinta del mes y año en curso, misma que le ha sido notificada, por lo que deberá cesar cualquier acto tendente a su deportación; al respecto se reitera el apercibimiento a que cumpla con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo, incurrirá en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales conducentes, debiendo informar a este Juzgado, dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, sobre las medidas que adopte al respecto, remitiendo copia certificada de las constancias relativas. Por otro lado, requiérase al promovente, para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al en que sea debidamente notificado, informe el domicilio donde puedan ser localizados los agraviados, a fin de ordenar su debida notificación y ratificación, o bien, los presente ante este órgano de control constitucional, o en su defecto señale si tiene conocimiento de su paradero; apercibido que de no dar cumplimiento a lo aquí solicitado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, respecto de dichos quejosos, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado sobre ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, in fine, de la Ley de Amparo. En mérito a lo anterior, se autoriza a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a fin de que entable comunicación mediante el número telefónico que proporcionó el promovente en el escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente al promovente y por oficio a la autoridad a través del correo electrónico mediante el cual entabló comunicación y remitió los oficios de cuenta.

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