Gaudencio Valencia Diaz

Expediente 611/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
611/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Gaudencio Valencia Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, solicita la autorización al acceso del expediente electrónico del expediente en el que se actúa. Por lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para efecto de dejar a disposición de ese órgano jurisdiccional el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Finalmente, toda vez que del contenido del oficio se advierte un requerimiento al diverso juicio 30/2021, del índice de este juzgado; por lo que dese cuenta con copia certificada de la promoción con registro 19963 en el citado expediente.

  2. Principal

    Vista, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos nuevamente el escrito signado por la parte quejosa y, en atención a su contenido, como lo solicita, hágase la devolución del documento a que hace referencia el cual agregó a su escrito inicial de demanda, teniéndose por autorizados para recibirlos a las personas que indica, previa identificación y firma que se otorgue en autos. En el entendido que para su obtención, deberá generar la cita respectiva, en términos del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    causa estado desechamiento

  4. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 611/2020. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por Gaudencio Valencia Díaz, por propio derecho, se desprende que reclama lo siguiente: [.] La omisión de pagar "El pago inicial grupo cero uno" así como los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de dos mil veinte de mi pensión por cesantía en edad avanzada que me fue otorgada desde el día veinticinco de junio de dos mil veinte; destacando que no existió procedimiento jurídico o administrativo alguno que de base legal a la dicha omisión violando así el principio de legalidad al no haber sido oído y vencido en un procedimiento previo a dicha determinación, así como el de seguridad jurídica dejándome así sin el sustento económico mínimo para mi supervivencia y dependientes económico lo cual resulta un evidente estado de indefensión ya que al no existir fundamento ni motivación me deja en la imposibilidad de combatir dicha resolución"[.] Acto reclamado respecto del cual el suscrito estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Con base en lo expuesto, se estima que el juicio de amparo indirecto que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causal que estatuye el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que los actos que se tilda de inconstitucionales, atribuidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Titular de la Delegación Veracruz, Titular de la Sub- Delegación Metropolitana, Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales de la Sub- Delegación Orizaba, Jefe del Departamento de Pensiones Sub-Delegación Orizaba y Titular de la Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales, todos con residencia en Orizaba, Veracruz, no pueden considerarse como actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo. En ese contexto, es conveniente analizar, los citados numerales, los que establecen: "[.] Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estadio Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" De lo anterior, se advierte que el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. En esa tesitura, para que la determinación que se reclame en el amparo se pueda considerar como un acto transgresor de derechos fundamentales, susceptible de atacarse mediante la vía constitucional, éste debe contar con determinados requisitos, dentro de los que se encuentran que el funcionario que la dicte, lo haga en ejercicio de la potestad pública de que está investido, que actúe con facultad de decisión e imperio y que su cumplimiento se trate de obtener por medio de la coacción o de la fuerza. Sin embargo, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En el caso concreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social y; de ahí que, es importante destacar que dicho instituto tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos; esto es, bajo una relación de supra a subordinación y otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquel, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que en esos supuestos se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social. Por tanto, al consistir el acto reclamado en la negativa de pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, es claro que a las autoridades señaladas no les recae el carácter de responsables, con base en lo expuesto; motivo por el cual, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; y atento a lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano la demanda por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes (SISE). DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. en virtud de que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír notificaciones y en esas condiciones con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. CORREO ELECTRONICO. Téngasele proporcionando los datos relativos a la cuenta de correo electrónico.

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