Gaudencio Ortíz Cruz, Presidente Municipal de Tlaxiaco Oaxaca y Otros.
Expediente 503/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Gaudencio Ortíz Cruz, Presidente Municipal de Tlaxiaco Oaxaca y Otros.
- Susana Fernández Jiménez, Regidora de Hacienda de Tlaxiaco Oaxaca y Otros.
- Juan José Sánchez Ortiz, Regidor de Obras de Tlaxiaco Oaxaca y Otros.
Actuaciones
- Principal
PRAL 503/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 503/2021-4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por 1) Gaudencio Ortiz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, en su carácter de presidente Municipal, regidora de Hacienda y regidor de Obras, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca, contra actos de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y de otras autoridades; depositada el diez de mayo de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 503/2021. 1.1. Calidad de autoridad. Para acreditar el carácter con que se ostentan los quejosos 1) Gaudencio Ortiz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, se exhibieron copia certificada del acta de sesión solemne de catorce de febrero de dos mil diecinueve, así como de las credenciales expedidas por el director Jurídico de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Previo a la admisión de la demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, relación con el diverso 7º de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". De conformidad con los preceptos antes transcritos, el juicio de amparo promovido por personas jurídicas oficiales únicamente es procedente cuando una norma general, acto u omisión las afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; entendiéndose de tal manera que interpretando a contrario sentido el artículo 7º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo interpuesto por personas jurídicas oficiales es improcedente, a menos que se afecten los intereses patrimoniales de aquéllas, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Respecto al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente". (Jurisprudencia 2a./J. 92/2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 292, Materia Administrativa, Novena Época). En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis donde emana el criterio transcrito, la Segunda Sala estimó lo siguiente: ".según se aprecia de los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, los juicios de amparo directo de los que deriva la presente contradicción de tesis fueron promovidos por funcionarios públicos, es decir, por representantes de órganos de gobierno del Distrito Federal. En este sentido, es claro que aquéllos fueron promovidos por personas morales oficiales. De los propios considerandos se aprecia que dichos juicios se hicieron valer en contra de sendas sentencias emitidas en diversos juicios de nulidad en las que se declaró la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectivas unas multas que se impusieron a funcionarios públicos. Es importante hacer notar que las multas de que se trata se impusieron a las personas físicas, es decir, a los titulares del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno. En el orden de ideas expuesto, si las multas correspondientes se impusieron a las personas físicas que desempeñaban los cargos respectivos, es claro que éstas son las que deben cubrir el monto de aquéllas de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.' (Se transcribe). En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas jurídicas oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo directo contra la sentencia emitida en un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa que se impuso a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan sus derechos patrimoniales, pues tal multa deberá ser cubierta por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público. Por consiguiente, el juicio de amparo directo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 9o., ambos de la Ley de Amparo.". Del criterio anteriormente transcrito se puede concluir que, en caso de imposición de una multa a algún funcionario o autoridad por incumplimiento de alguna resolución, dicho medio de apremio se impone a la persona física, quien resiente la violación a sus derechos patrimoniales; y, en consecuencia, es la parte que se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo; legitimación de la que carece la persona jurídica oficial, pues el importe de la multa deberá cubrirlo una persona física con su propio peculio, no con el presupuesto asignado a la dependencia de que se trate. Ahora, la parte quejosa reclama el auto de quince de diciembre de dos mil veinte -el cual exhibe en copia-, en el que la autoridad responsable les impuso multa de cien unidades de medida y actualización en cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/10 moneda nacional (8,449.00), en el expediente 162/2016, del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, como se advierte de la siguiente imagen: (Imagen escaneada) Como se ve, la multa reclamada fue impuesta a los quejosos 1) Gaudencio Ortíz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, en su carácter de presidente Municipal, regidora de Hacienda y regidor de Obras, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca, ya que con su actuar como autoridades omitieron cumplir con lo solicitado en dicho expediente. De ahí que las personas físicas que desempeñan el cargo respectivo son las que deben cubrir el monto de la multa, de su propio peculio, y no con el presupuesto que tenga asignado el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca; máxime que el propio Tribunal responsable ordenó girar oficio al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que ordenara a quien corresponda realizar el cobro de la cantidad antes mencionada por medio del procedimiento económico coactivo. Por tanto, los quejosos 1) Gaudencio Ortíz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, al haber promovido este juicio de amparo en su carácter de presidente Municipal, regidora de Hacienda y regidor de Obras, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca, carecen de legitimación, pues, se reitera, el patrimonio que se ve afectado es de los funcionarios a quienes se les impuso la multa; es así, a virtud que serán éstos quienes la cubrirán como personas físicas, con su propio capital y no con el presupuesto asignado al Ayuntamiento que representan los promoventes del amparo. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creó el juicio de amparo como un medio de control constitucional que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías individuales, lo que pone de manifiesto que, por regla general, únicamente procede contra actos de autoridad que entrañen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos; la excepción a dicha regla se prevé en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme al cual las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales; el origen de tal excepción radica en que el Estado, como persona moral oficial puede obrar con doble carácter: como ente dotado de poder público y como persona moral de derecho privado; en la primera hipótesis, su acción proviene del ejercicio de las facultades con que se halla investido y, en la segunda, obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en igual forma que los individuos. Sin embargo, esta excepción no se actualiza cuando en un juicio contencioso administrativo, cuya finalidad es sustanciar y resolver las controversias que en materia administrativa y fiscal se plantean entre los particulares y las autoridades, se demanda la nulidad de actos emitidos por éstas, si actuaron como entes dotados de poder público con el que se hallan investidos al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto impugnado; por ende, las personas morales oficiales carecen de legitimación para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal si lo hacen como partes demandadas en el procedimiento mencionado y no en defensa de sus intereses patrimoniales". (Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/31, número de registro 165715, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página: 1334, Materia Administrativa, Novena Época). Al actualizarse las causas de improcedencia analizada, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por 1) Gaudencio Ortíz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, en su carácter de presidente Municipal, regidora de Hacienda y regidor de Obras, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca. Desechamiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado, ya que ese acto no se impugna por vicios propios. 4. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el diverso acuerdo 1/2021, se exhorta a las partes, particularmente a la parte quejosa, para que continúe(n) con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 5. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, y oficialías de partes c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su periodo de vigencia por el diverso 1/2021). 6. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo; y, por autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a 1) Fabián Velasco Monjaraz (cédula profesional 6792228) por encontrarse registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas (https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/). Y, únicamente para recibir notificaciones, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a 2) Isaac Francisco Clavel 3) Jonathan Heras Quiroz, por no encontrarse registro a su favor en el referido sistema computarizado que los autorice a ejercer la profesión de licenciados en derecho. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por 1) Gaudencio Ortiz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, en su carácter de presidente Municipal, regidora de Hacienda y regidor de Obras, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca, contra actos de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y de otras autoridades; depositada el diez de mayo de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 503/2021. 1.1. Calidad de autoridad. Para acreditar el carácter con que se ostentan los quejosos 1) Gaudencio Ortiz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, se exhibieron copia certificada del acta de sesión solemne de catorce de febrero de dos mil diecinueve, así como de las credenciales expedidas por el director Jurídico de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Previo a la admisión de la demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, relación con el diverso 7º de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". De conformidad con los preceptos antes transcritos, el juicio de amparo promovido por personas jurídicas oficiales únicamente es procedente cuando una norma general, acto u omisión las afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; entendiéndose de tal manera que interpretando a contrario sentido el artículo 7º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo interpuesto por personas jurídicas oficiales es improcedente, a menos que se afecten los intereses patrimoniales de aquéllas, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Respecto al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente". (Jurisprudencia 2a./J. 92/2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 292, Materia Administrativa, Novena Época). En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis donde emana el criterio transcrito, la Segunda Sala estimó lo siguiente: ".según se aprecia de los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, los juicios de amparo directo de los que deriva la presente contradicción de tesis fueron promovidos por funcionarios públicos, es decir, por representantes de órganos de gobierno del Distrito Federal. En este sentido, es claro que aquéllos fueron promovidos por personas morales oficiales. De los propios considerandos se aprecia que dichos juicios se hicieron valer en contra de sendas sentencias emitidas en diversos juicios de nulidad en las que se declaró la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectivas unas multas que se impusieron a funcionarios públicos. Es importante hacer notar que las multas de que se trata se impusieron a las personas físicas, es decir, a los titulares del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno. En el orden de ideas expuesto, si las multas correspondientes se impusieron a las personas físicas que desempeñaban los cargos respectivos, es claro que éstas son las que deben cubrir el monto de aquéllas de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.' (Se transcribe). En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas jurídicas oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo directo contra la sentencia emitida en un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa que se impuso a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan sus derechos patrimoniales, pues tal multa deberá ser cubierta por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público. Por consiguiente, el juicio de amparo directo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 9o., ambos de la Ley de Amparo.". Del criterio anteriormente transcrito se puede concluir que, en caso de imposición de una multa a algún funcionario o autoridad por incumplimiento de alguna resolución, dicho medio de apremio se impone a la persona física, quien resiente la violación a sus derechos patrimoniales; y, en consecuencia, es la parte que se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo; legitimación de la que carece la persona jurídica oficial, pues el importe de la multa deberá cubrirlo una persona física con su propio peculio, no con el presupuesto asignado a la dependencia de que se trate. Ahora, la parte quejosa reclama el auto de quince de diciembre de dos mil veinte -el cual exhibe en copia-, en el que la autoridad responsable les impuso multa de cien unidades de medida y actualización en cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/10 moneda nacional (8,449.00), en el expediente 162/2016, del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, como se advierte de la siguiente imagen: (Imagen escaneada) Como se ve, la multa reclamada fue impuesta a los quejosos 1) Gaudencio Ortíz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, en su carácter de presidente Municipal, regidora de Hacienda y regidor de Obras, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca, ya que con su actuar como autoridades omitieron cumplir con lo solicitado en dicho expediente. De ahí que las personas físicas que desempeñan el cargo respectivo son las que deben cubrir el monto de la multa, de su propio peculio, y no con el presupuesto que tenga asignado el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca; máxime que el propio Tribunal responsable ordenó girar oficio al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que ordenara a quien corresponda realizar el cobro de la cantidad antes mencionada por medio del procedimiento económico coactivo. Por tanto, los quejosos 1) Gaudencio Ortíz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, al haber promovido este juicio de amparo en su carácter de presidente Municipal, regidora de Hacienda y regidor de Obras, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca, carecen de legitimación, pues, se reitera, el patrimonio que se ve afectado es de los funcionarios a quienes se les impuso la multa; es así, a virtud que serán éstos quienes la cubrirán como personas físicas, con su propio capital y no con el presupuesto asignado al Ayuntamiento que representan los promoventes del amparo. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creó el juicio de amparo como un medio de control constitucional que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías individuales, lo que pone de manifiesto que, por regla general, únicamente procede contra actos de autoridad que entrañen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos; la excepción a dicha regla se prevé en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme al cual las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales; el origen de tal excepción radica en que el Estado, como persona moral oficial puede obrar con doble carácter: como ente dotado de poder público y como persona moral de derecho privado; en la primera hipótesis, su acción proviene del ejercicio de las facultades con que se halla investido y, en la segunda, obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en igual forma que los individuos. Sin embargo, esta excepción no se actualiza cuando en un juicio contencioso administrativo, cuya finalidad es sustanciar y resolver las controversias que en materia administrativa y fiscal se plantean entre los particulares y las autoridades, se demanda la nulidad de actos emitidos por éstas, si actuaron como entes dotados de poder público con el que se hallan investidos al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto impugnado; por ende, las personas morales oficiales carecen de legitimación para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal si lo hacen como partes demandadas en el procedimiento mencionado y no en defensa de sus intereses patrimoniales". (Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/31, número de registro 165715, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página: 1334, Materia Administrativa, Novena Época). Al actualizarse las causas de improcedencia analizada, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por 1) Gaudencio Ortíz Cruz, 2) Susana Fernández Jiménez y 3) Juan José Sánchez Ortiz, en su carácter de presidente Municipal, regidora de Hacienda y regidor de Obras, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca. Desechamiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado, ya que ese acto no se impugna por vicios propios. 4. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el diverso acuerdo 1/2021, se exhorta a las partes, particularmente a la parte quejosa, para que continúe(n) con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 5. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, y oficialías de partes c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su periodo de vigencia por el diverso 1/2021). 6. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo; y, por autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a 1) Fabián Velasco Monjaraz (cédula profesional 6792228) por encontrarse registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas (https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/). Y, únicamente para recibir notificaciones, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a 2) Isaac Francisco Clavel 3) Jonathan Heras Quiroz, por no encontrarse registro a su favor en el referido sistema computarizado que los autorice a ejercer la profesión de licenciados en derecho. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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