Gaudencio Martínez López

Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
67/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Gaudencio Martínez López

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    "...Visto el escrito de demanda presentado por... contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 67/2022-II-B. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicado a contrario sensu. La primera disposición transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que se compone, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que, una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo no procede contra actos emitidos dentro de juicio si no tienen una ejecución que sea de imposible reparación. Para determinar si un acto procesal, por sus consecuencias dentro del juicio, es de imposible reparación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio. Del mismo modo, consideró que los actos intraprocesales pueden generar una ejecución de imposible reparación que amerita su impugnación mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, cuando la afectación es de extrema gravedad y posee una trascendencia específica apreciable a través de los posibles alcances vinculatorios que se derivan del dictado de una sentencia que llegara a conceder el amparo. Sobre tal base, el máximo tribunal de la nación definió en múltiples ejecutorias que una interpretación sistemática de los artículos 107, 34 y 172 de la Ley de Amparo, permite concluir que cuando se trate de violaciones a derechos adjetivos cometidas dentro del procedimiento, que no afecten de modo cierto e inmediato algún derecho sustantivo, será necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, y si ésta es desfavorable a los intereses del quejoso, entonces podrá impugnar dicha resolución, ya sea que la violación se cometa en ella o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. En otras palabras, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 34 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones. En ese orden de ideas, resulta claro que al promoverse un juicio de amparo contra esa clase de resoluciones (sentencias definitivas o laudos), pueden reclamarse también las infracciones de índole procesal que en opinión de las partes hubieren sido cometidas en su perjuicio, que afecten sus defensas y trasciendan al resultado del fallo. Luego, es patente que si las violaciones cometidas dentro de juicio no transgreden algún derecho sustantivo (en contraposición a adjetivo) o en grado predominante o superior, es decir, no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, será necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, y si ésta es desfavorable a los intereses del quejoso, entonces podrá impugnar dicha resolución ya sea que la violación se cometa en ella o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Las consideraciones precedentes se corroboran teniendo en cuenta que la Corte ahora considera que la afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que la violación a derechos humanos, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan la labor de las autoridades jurisdiccionales. Así, la nueva perspectiva persigue un fin constitucionalmente válido de dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, al impedir que las partes acudan a estrategias dilatorias buscando un pronunciamiento federal, sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo sus derechos en litigio. De este modo, la nueva definición de actos en juicio de imposible reparación, brinda certidumbre a las partes, pues los procedimientos serán tramitados conforme al principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, respondiendo así a la relación de interdependencia entre los derechos que someten a la instancia jurisdiccional, y se genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar la eficacia de alguno de ellos. Por las consideraciones apuntadas, en el caso concreto no procede el juicio de amparo indirecto en contra el acto reclamado consistente en la omisión de citar al demandado, aquí quejoso, para conciliar previo a admitir el juicio laboral... del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, lo anterior es así, pues no se traduce en infracción de derechos sustantivos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales que pueden restituirse si se dicta resolución favorable a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene, como ya se dijo, resolución favorable, dado que tal hecho sólo sería impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman actos que dejen sin defensa al quejoso, o que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; consecuentemente, el amparo promovido contra estos actos es improcedente. Este criterio tiene aplicación ya que la omisión de citar al demandado, ahora quejoso, para conciliar previo a admitir el juicio laboral... del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por más que cause molestia entre las partes contendientes, no justifica la procedencia del amparo indirecto; por tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, sólo por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales. Máxime que, la conciliación más que una actuación procesal, es la oportunidad que las partes tienen para terminar un conflicto laboral y, por ello, no está restringido sólo a una etapa específica, por lo que, las partes pueden conciliar en cualquier momento. Entonces, al no ser un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que infrinja derecho sustantivo alguno de manera directa e inmediata, no es impugnable mediante el presente juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa... Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, haciéndose la aclaración, que atendiendo a la situación de emergencia que se enfrenta nuestro país con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 21/2020, restringió el acceso del público a los recintos judiciales, así como las entradas y salidas del personal de los órganos jurisdiccionales de sus centros de trabajo; por tanto, únicamente se expedirán las copias que ameriten urgencia, debido a que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se tiene centro de copiado de acceso al público. Empero, a fin de no vulnerar derechos a los justiciables y en aras de impartir una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite el uso de cualquier medio tecnológico que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."

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