GAUDENCIO JOSÉ HERNÁNDEZ y Otros.

Expediente 754/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 37 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
754/2019
Año
2019
Actuaciones
37
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Gaudencio José Hernández
  • GAUDENCIO JOSÉ HERNÁNDEZ y Otros.
  • JUVENAL FLORES PABLO y Otros.
  • Terezo Flores Pablo
  • TEREZO FLORES PABLO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexos señalados en la cuenta al juicio de amparo 754/2019, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Acúsese recibo de la ejecutoria que remite el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, dictada el pasado dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el recurso de inconformidad 24/2021, de los autos originales del juicio de amparo indirecto 754/2019; glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de los autos. Ahora bien, como del contenido de la ejecutoria referida se advierte que el referido Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de inconformidad contra el proveído de dos de agosto de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, se provee: I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. III. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos, la resolución del Tribunal de alzada y este proveído. V. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por el licenciado ***, autorizado legal de *** por su propio derecho y en representación de padres y madres de familia y a nombre de sus menores hijos, todos indígenas pertenecientes a la etnia Mixe, desplazados de su comunidad Guadalupe Victoria, municipio de San Juan Juquila Mixes, Distrito de Yautepec, Oaxaca (parte quejosa), por medio del cual, interpone recurso de inconformidad en contra del proveído dictado el pasado dos de agosto, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; al respecto se provee: Con fundamento en los artículos 201 a 203 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito y como del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa se inconforma con el proveído de dos de agosto del año en curso, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, se advierte que es al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno, a quien corresponde conocer de la inconformidad planteada. En ese contexto, en apoyo a lo estipulado por el punto séptimo del aludido acuerdo, remítanse los autos originales de este juicio de amparo, así como original y copia del escrito de cuenta al referido tribunal de alzada. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del presente asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que precluyó el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por lo que, el suscrito procede a verificar si la responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en sus términos. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima pertinente precisar que en el juicio de amparo en que se actúa, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: 1) Deje insubsistente el oficio SEGEGO/SUB/483/2019, de catorce de agosto de dos mil diecinueve. 2) Emita otra determinación, en la que se atienda la totalidad de las peticiones que los quejosos realizaron en el escrito recibido el uno de julio de dos mil diecinueve, en la Coordinación de Atención Ciudadana y Vinculación Social, específicamente en cuanto a lo siguiente: Que se tomen acciones contundentes que garanticen el regreso de los desplazados a su comunidad de origen. Que se les indemnice por los daños que les fueron causados por el saqueo a sus viviendas, destrucción de sus cultivos y robo de sus ganados. Que se evalúe la importancia de poner un módulo de seguridad en la comunidad para que se garantice el retorno de las personas desplazadas. Se lleve a cabo una investigación adecuada sobre los robos que han sufrido en sus viviendas, cultivos y ganado, así como esclarecer el asesinato de José Antonio Pérez Manuel. Se cite a una reunión donde se dialogue con el grupo que se encuentra en la Agencia Municipal de Guadalupe Victoria, respecto al retorno a su comunidad, sin la intervención de las autoridades de San Pedro Ocotepec, que nada tienen que ver en el asunto, porque no es ni su agencia ni su territorio, y en las cuales no solo se levanten minutas que en nada han solucionado la problemática, sino que se tomen verdaderas acciones que garanticen la paz social y un seguro retorno a los desplazados que viven en la comunidad de San Juan Juquila, Mixes. En ese sentido, mediante oficio SJAR/DJ/DC/104/2020, de nueve de enero de dos mil veinte, la Directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, remitió copia certificada del oficio SEGEGO/SUB/637/2019 de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, dirigido a los quejosos, a través del cual, atendiendo al primer punto de la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el oficio SEGEGO/SUB/483/2019 de catorce de agosto de dos mil diecinueve. En atención al segundo punto de la ejecutoria, la autoridad contestó los puntos precisados, como se describe a continuación: En cuanto al primer señalamiento, refiere que se han celebrado mesas de diálogo, las cuales han tenido como propósito el restablecimiento de la gobernabilidad y paz social, con el objetivo de procurar el regreso a la agencia Guadalupe Victoria de las familias que optaron por establecerse en la cabecera municipal. En el segundo y cuarto señalamiento, les informó que corresponde a la Fiscalía la investigación de los delitos, pues ésta es la que cuenta con las facultades para recibir las denuncias sobre hechos probablemente constitutivos de delito, practicar las diligencias previas, ordenar la realización de actos conducentes a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como determinar el monto de la reparación de daño. En cuanto a la petición de la importancia de poner un módulo de seguridad en la comunidad para que se garantice el retorno de las personas desplazadas, les informa que dicha petición se canalizó ante la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones se manifieste al respecto. Por lo que hace a la investigación adecuada sobre los robos que han sufrido en sus viviendas, cultivos y ganado, y el esclarecimiento del asesinato de José Antonio Pérez Manuel; les dio respuesta en el sentido que existe la denuncia correspondiente. Con posterioridad, la autoridad responsable ha continuado citando a un sin número de reuniones y mesas de trabajo donde se dialoga con representantes de las comunidades en conflicto, incluso con presencia de personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Policía Estatal, Guardia Nacional, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Secretaría de Salud de Oaxaca, Coordinación Estatal de Protección Civil y Ayuntamiento de San Juan Juquila Mixes, con la finalidad de lograr el retorno de los quejosos y sus familias a su comunidad de origen. En diversas ocasiones este órgano jurisdiccional se pronunció en el sentido de que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida, en virtud que de las constancias remitidas por la responsable no se apreciaba que se diera cumplimiento cabal al punto número uno de las peticiones de los quejosos en el escrito de cuya falta de respuesta se dolieron, esto es, lo relativo a que se les informara las acciones contundentes que garanticen el retorno de los quejosos y sus familias a su comunidad de origen; sin embargo, mediante oficio SGG/SSG/271/2021, de trece de julio de dos mil veintiuno, notificado a los quejosos en la propia fecha, se aprecia que les hace de su conocimiento que como acción contundente para lograr el retorno pacífico y seguro de las personas desplazadas a su comunidad de origen, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, representantes del Gobierno del Estado, así como de diversas autoridades y de los propios quejosos, se trasladaron a la población de San Juan Juquila Mixes, con la finalidad de coordinar el retorno pacífico de las familias a la comunidad de Guadalupe Victoria, sin que ello fuera posible por los motivos expuestos. Asimismo, les hace referencia a que la Secretaría General de Gobierno carece de atribuciones y facultades para dictar medidas contundentes que garanticen el retorno de los quejosos a su lugar de origen, ya que solo cuenta con atribuciones para facilitar la conciliación, toma de acuerdos y resolución de conflictos de carácter político o social, pero no tiene facultades coercitivas para obligar a las partes a cumplir. Refiere la autoridad responsable que el hecho de que se impida a las familias quejosas retornar a su comunidad de origen no es atribuible a dicha autoridad, sino al grupo de personas que se encuentran en Guadalupe Victoria, situación que es de pleno conocimiento de los quejosos. Ahora bien, si los efectos del fallo protector fueron precisamente para que la autoridad responsable, por una parte dejara insubsistente el oficio SEGEGO/SUB/483/2019, de catorce de agosto de dos mil diecinueve y, por otra, emitiera una nueva determinación, en la que se atienda la totalidad de las peticiones que los quejosos realizaron en el escrito recibido el uno de julio de dos mil diecinueve, en la Coordinación de Atención Ciudadana y Vinculación Social, lo que ha quedado satisfecho, como se ha explicado en este proveído, lo que es acorde con el fallo protector, es inconcuso que a consideración de este órgano jurisdiccional y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, la sentencia dictada en este juicio de amparo ha quedado cumplida. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". En otro aspecto, agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito de cuenta, por medio del cual, la parte quejosa manifiesta su inconformidad con el cumplimiento de la sentencia dictada en autos, en el sentido de que la autoridad responsable actúa con evasivas y sigue sin darles fecha cierta para el retorno; atento a su contenido, dígase a la parte quejosa que se esté a lo acordado en párrafos que preceden, en donde se ha determinado que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Los quejosos pueden no estar de acuerdo, pero deben reconocer que la concesión del amparo no fue para el efecto de que la autoridad responsable logre el retorno de las familias a su comunidad de origen, sino para que emitiera una respuesta por escrito en la que atendiera cada uno de los puntos de su escrito presentado el uno de julio de dos mil diecinueve, dirigido al Gobernador del Estado de Oaxaca, lo que la responsable ya hizo; por lo que no corresponde a este órgano jurisdiccional obligar a la autoridad a que logre el retorno de las familias a su comunidad de origen. Máxime que la propia responsable y los mismos quejosos han manifestado que existe un impedimento por parte de la comunidad de Guadalupe Victoria a la que pretenden ingresar, por lo que, si no existen las condiciones para que dicho retorno sea de forma pacífica y segura para las familias desplazadas, la autoridad no puede ingresarlos por la fuerza, pues ello pondría en riesgo a los quejosos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual, la Directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, remite a este juzgado copia certificada de diversas constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a sus derechos legales convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este juzgador resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad en cuestión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICÓ POR LISTA)

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