Gaudencio García Reyes

Expediente 731/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
731/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • Gaudencio García Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    De la certificación que antecede se deduce que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de quince de agosto de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicho proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Gaudencio García Reyes, ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con los puntos décimo y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE:Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca 194/2017. Acúsese el recibo correspondiente. Con copia del testimonio de cuenta, infórmese a las partes que el tribunal determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ese contexto se reanuda el procedimiento en este asunto. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, en el sentido de revocar el auto admisorio de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se deja sin efectos y se dicta otro en el sentido siguiente: Al efecto es conveniente precisar que en el escrito de demanda el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Asimismo, en el apartado de antecedentes, relató bajo protesta de decir verdad, entre otros hechos, que: De lo anterior, así como del análisis exhaustivo de la demanda y sus anexos, se desprende que el acto reclamado por el quejoso, en la especie se hace consistir en: La falta de respuesta a la petición que elevó el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete al Director General de Subsidiaria de Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad. Aunado a lo anterior, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el toca Q.A. 194/2017, de modo manifiesto e indudable en la ejecutoria de nueve de agosto de dos mil diecisiete, determinó que: ". LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5°, FRACCIÓN II, Y 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN DECLARARSE FUNDADOS LOS ARGUMENTOS VERTIDOS POR LA RECURRENTE Y POR TANTO DEBE REVOCARSE EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. " En tales condiciones, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Del análisis conjunto de tales preceptos, se deduce que la procedencia del juicio de amparo requiere que a través de éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no establece una definición clara de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos precedentes con el fin de dilucidar ese concepto y estableció que es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por lo tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Es aplicable a lo anterior, la tesis que dispone lo siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así como en la diversa jurisprudencia cuyo rubro y texto establecen: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. En ese contexto, tratándose del derecho de petición, como en el caso acontece, se tiene presente el criterio contenido en la jurisprudencia que a la letra dice: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Ahora, resulta indispensable determinar si el acto reclamado en esta vía consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual es necesario destacar que la petición debe presentarse a un funcionario público o servidor público con dicho carácter, es decir, en una relación jurídica de supra a subordinación, entre gobernante y gobernado, con lo que surge el derecho de éste último a que se le dé contestación por escrito y pueda acudir al juicio de amparo contra su transgresión. Así, tal violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se da cuando la solicitud es formulada por el usuario de un servicio público, en atención a que tal acto queda comprendido en una relación usuario-prestador del servicio, que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad, no es la de un gobernado, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones, convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse y puede terminar su relación administrativa. En este contexto, se hace patente precisar la naturaleza de la "petición" de que se trata, con el fin de determinar si en el caso la señalada como autoridad responsable actúa en su calidad de ente de derecho público. El escrito en que se contiene es el siguiente: De igual forma, conviene destacar parte de los antecedentes que el quejoso relató en la demanda bajo protesta de decir verdad: De las digitalizaciones insertas, se advierte que en la petición cuya falta de contestación reclama, el quejoso en su calidad de usuario del servicio público de energía eléctrica, formuló diversos cuestionamientos sobre el suministro del servicio que presta ese organismo descentralizado y solicitó acciones relacionadas con su calidad y precio. En ese sentido, resulta inconcuso que la solicitud se planteó a la responsable en un plano de igualdad, ya que lo pedido se origina por el vinculo que existe entre el peticionario en su calidad de usuario y la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de prestador del servicio, derivado del contrato de prestación del suministro de energía eléctrica celebrado entre ambos, por lo que la contestación que recaiga a los cuestionamientos y solicitudes del usuario quejoso, incide directamente sobre los derechos y obligaciones inherentes al contrato de suministro respectivo y de ahí, que la falta de contestación a los planteamientos anotados no constituya un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de cuestiones relacionadas con dicho acuerdo de voluntades. Ciertamente, se trata de un acto de omisión cuya génesis radica en el plano de coordinación que existe entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, por la celebración y cumplimiento del contrato y sin la intervención de la facultad de imperio, ya que no existe el elemento relativo a la supra a subordinación, pues al acudir ante ese organismo y elevar la solicitud lo hizo en su carácter de usuario y no así de gobernado, como se ha visto. Asimismo, de conformidad con la petición del quejoso es evidente que pretende la obtención de acciones sobre diversas cuestiones relacionadas con el suministro de energía eléctrica, por lo que su petición se encuentra intrínsecamente relacionada con los derechos y obligaciones generados en el marco del acuerdo de voluntades celebrado para la prestación del servicio, donde no existe un vínculo de gobierno entre el particular y el ente público, es decir, una relación de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación derivada del acto condición que tuvo su origen con la celebración del contrato; de ahí que se considera que no existe una relación entre autoridad y gobernado. En efecto, de la petición del quejoso se advierte que su pretensión se encuentra encaminada a que las autoridades responsables emitan acuerdos o efectúen acciones con la finalidad que sean aplicadas al adeudo que existe entre el promovente, en su carácter de usuario del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, como prestadora del mismo, lo que implica una relación de coordinación entre ambas partes con motivo del contrato celebrado entre ellas; por tanto, lo solicitado no puede desligarse de la relación existente y, por consiguiente, analizarse de manera aislada. En ese contexto, si la petición no se realizó a un funcionario en su calidad de autoridad, sino en su carácter de prestador del servicio contratado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo expuesto, el escrito de la parte quejosa cuya omisión de dar respuesta reclama, de ninguna forma puede considerarse como "derecho de petición" en términos del artículo 8º de la Constitución Federal, pues en éste, más que ejercer el referido derecho, se encuentra encaminado a que la autoridad se pronuncie sobre una cuestión que no puede ser considerada como una relación de supra a subordinación, sino entre particulares, precisamente por la relación usuario-prestador que los vincula, lo cual patentiza la causa de improcedencia que se invoca, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. Apoya la consideración anterior, por el criterio que orienta, la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), visible en la Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicación semanal del viernes diecinueve de junio de dos mil quince, que a la letra se inserta: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Igualmente es aplicable, en lo conducente, la tesis que a la letra establece: "DERECHO DE PETICIÓN. LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL GOBERNADO QUE FORMULA UNA PETICIÓN Y LA ENTIDAD QUE DEBE DAR RESPUESTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ES PREPONDERANTE PARA ESTABLECER LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 103 constitucional en su fracción I, y el artículo 1o., fracción I de la Ley de Amparo establecen que el juicio de garantías procede contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. Por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a las garantías individuales para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. De lo anterior se colige que si la violación de garantías individuales no es atribuida a una autoridad, entonces el juicio de garantías no puede ser procedente. Ahora bien, el artículo 8o. de la Constitución Federal establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el ejercicio del derecho de petición en los términos señalados en dicha Ley Fundamental, pero el hecho de que se imponga esa obligación a los funcionarios y servidores públicos, no significa que su aplicación siempre pueda ser analizada en juicio de amparo, pues si se formula una petición a una entidad con el objeto de que aclare algunos aspectos pertenecientes a una relación de derecho civil, entonces el silencio de la entidad a través de su funcionario o servidor, no será un acto de autoridad, sino de particular. De todo ello se concluye que el examen de la naturaleza de la relación existente entre la entidad y el particular que pide amparo, es de valor preponderante para analizar la procedencia del juicio de garantías cuando se reclaman violaciones a los derechos fundamentales afines al artículo 8o. constitucional". Por lo anterior, al no constituirse el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, se DESECHA la demanda de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, y con apoyo además en el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, con relación al artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y; personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca 194/2017. Acúsese el recibo correspondiente. Con copia del testimonio de cuenta, infórmese a las partes que el tribunal determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ese contexto se reanuda el procedimiento en este asunto. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, en el sentido de revocar el auto admisorio de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se deja sin efectos y se dicta otro en el sentido siguiente: Al efecto es conveniente precisar que en el escrito de demanda el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Asimismo, en el apartado de antecedentes, relató bajo protesta de decir verdad, entre otros hechos, que: De lo anterior, así como del análisis exhaustivo de la demanda y sus anexos, se desprende que el acto reclamado por el quejoso, en la especie se hace consistir en: La falta de respuesta a la petición que elevó el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete al Director General de Subsidiaria de Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad. Aunado a lo anterior, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el toca Q.A. 194/2017, de modo manifiesto e indudable en la ejecutoria de nueve de agosto de dos mil diecisiete, determinó que: ". LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5°, FRACCIÓN II, Y 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN DECLARARSE FUNDADOS LOS ARGUMENTOS VERTIDOS POR LA RECURRENTE Y POR TANTO DEBE REVOCARSE EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. " En tales condiciones, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Del análisis conjunto de tales preceptos, se deduce que la procedencia del juicio de amparo requiere que a través de éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no establece una definición clara de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos precedentes con el fin de dilucidar ese concepto y estableció que es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por lo tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Es aplicable a lo anterior, la tesis que dispone lo siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así como en la diversa jurisprudencia cuyo rubro y texto establecen: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. En ese contexto, tratándose del derecho de petición, como en el caso acontece, se tiene presente el criterio contenido en la jurisprudencia que a la letra dice: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Ahora, resulta indispensable determinar si el acto reclamado en esta vía consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual es necesario destacar que la petición debe presentarse a un funcionario público o servidor público con dicho carácter, es decir, en una relación jurídica de supra a subordinación, entre gobernante y gobernado, con lo que surge el derecho de éste último a que se le dé contestación por escrito y pueda acudir al juicio de amparo contra su transgresión. Así, tal violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se da cuando la solicitud es formulada por el usuario de un servicio público, en atención a que tal acto queda comprendido en una relación usuario-prestador del servicio, que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad, no es la de un gobernado, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones, convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse y puede terminar su relación administrativa. En este contexto, se hace patente precisar la naturaleza de la "petición" de que se trata, con el fin de determinar si en el caso la señalada como autoridad responsable actúa en su calidad de ente de derecho público. El escrito en que se contiene es el siguiente: De igual forma, conviene destacar parte de los antecedentes que el quejoso relató en la demanda bajo protesta de decir verdad: De las digitalizaciones insertas, se advierte que en la petición cuya falta de contestación reclama, el quejoso en su calidad de usuario del servicio público de energía eléctrica, formuló diversos cuestionamientos sobre el suministro del servicio que presta ese organismo descentralizado y solicitó acciones relacionadas con su calidad y precio. En ese sentido, resulta inconcuso que la solicitud se planteó a la responsable en un plano de igualdad, ya que lo pedido se origina por el vinculo que existe entre el peticionario en su calidad de usuario y la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de prestador del servicio, derivado del contrato de prestación del suministro de energía eléctrica celebrado entre ambos, por lo que la contestación que recaiga a los cuestionamientos y solicitudes del usuario quejoso, incide directamente sobre los derechos y obligaciones inherentes al contrato de suministro respectivo y de ahí, que la falta de contestación a los planteamientos anotados no constituya un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de cuestiones relacionadas con dicho acuerdo de voluntades. Ciertamente, se trata de un acto de omisión cuya génesis radica en el plano de coordinación que existe entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, por la celebración y cumplimiento del contrato y sin la intervención de la facultad de imperio, ya que no existe el elemento relativo a la supra a subordinación, pues al acudir ante ese organismo y elevar la solicitud lo hizo en su carácter de usuario y no así de gobernado, como se ha visto. Asimismo, de conformidad con la petición del quejoso es evidente que pretende la obtención de acciones sobre diversas cuestiones relacionadas con el suministro de energía eléctrica, por lo que su petición se encuentra intrínsecamente relacionada con los derechos y obligaciones generados en el marco del acuerdo de voluntades celebrado para la prestación del servicio, donde no existe un vínculo de gobierno entre el particular y el ente público, es decir, una relación de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación derivada del acto condición que tuvo su origen con la celebración del contrato; de ahí que se considera que no existe una relación entre autoridad y gobernado. En efecto, de la petición del quejoso se advierte que su pretensión se encuentra encaminada a que las autoridades responsables emitan acuerdos o efectúen acciones con la finalidad que sean aplicadas al adeudo que existe entre el promovente, en su carácter de usuario del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, como prestadora del mismo, lo que implica una relación de coordinación entre ambas partes con motivo del contrato celebrado entre ellas; por tanto, lo solicitado no puede desligarse de la relación existente y, por consiguiente, analizarse de manera aislada. En ese contexto, si la petición no se realizó a un funcionario en su calidad de autoridad, sino en su carácter de prestador del servicio contratado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo expuesto, el escrito de la parte quejosa cuya omisión de dar respuesta reclama, de ninguna forma puede considerarse como "derecho de petición" en términos del artículo 8º de la Constitución Federal, pues en éste, más que ejercer el referido derecho, se encuentra encaminado a que la autoridad se pronuncie sobre una cuestión que no puede ser considerada como una relación de supra a subordinación, sino entre particulares, precisamente por la relación usuario-prestador que los vincula, lo cual patentiza la causa de improcedencia que se invoca, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. Apoya la consideración anterior, por el criterio que orienta, la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), visible en la Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicación semanal del viernes diecinueve de junio de dos mil quince, que a la letra se inserta: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Igualmente es aplicable, en lo conducente, la tesis que a la letra establece: "DERECHO DE PETICIÓN. LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL GOBERNADO QUE FORMULA UNA PETICIÓN Y LA ENTIDAD QUE DEBE DAR RESPUESTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ES PREPONDERANTE PARA ESTABLECER LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 103 constitucional en su fracción I, y el artículo 1o., fracción I de la Ley de Amparo establecen que el juicio de garantías procede contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. Por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a las garantías individuales para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. De lo anterior se colige que si la violación de garantías individuales no es atribuida a una autoridad, entonces el juicio de garantías no puede ser procedente. Ahora bien, el artículo 8o. de la Constitución Federal establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el ejercicio del derecho de petición en los términos señalados en dicha Ley Fundamental, pero el hecho de que se imponga esa obligación a los funcionarios y servidores públicos, no significa que su aplicación siempre pueda ser analizada en juicio de amparo, pues si se formula una petición a una entidad con el objeto de que aclare algunos aspectos pertenecientes a una relación de derecho civil, entonces el silencio de la entidad a través de su funcionario o servidor, no será un acto de autoridad, sino de particular. De todo ello se concluye que el examen de la naturaleza de la relación existente entre la entidad y el particular que pide amparo, es de valor preponderante para analizar la procedencia del juicio de garantías cuando se reclaman violaciones a los derechos fundamentales afines al artículo 8o. constitucional". Por lo anterior, al no constituirse el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, se DESECHA la demanda de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, y con apoyo además en el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, con relación al artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y; personalmente al quejoso.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: Del estado procesal de los autos se deduce que en proveído de seis de junio de dos mil diecisiete se tuvo por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la autoridad responsable contra el acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, requiriendo a las partes para que señalaran las constancias que consideraran se debían remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que corresponda conocer de ese medio de impugnación; en consecuencia, dado que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 101 de la Ley de Amparo, con las constancias necesarias a efecto de que el tribunal esté en aptitud de substanciar el medio de impugnación interpuesto, dese cumplimiento al citado acuerdo de .... Se rinde informe con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo en el sentido de que ES CIERTO que este Juzgado Federal emitió el acuerdo impugnado; asimismo, envíese por separado el original del escrito de expresión de agravios, una copia de él para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción de la superioridad. Comuníquese al tribunal revisor que de las constancias que integran el expediente en que se actúa, no se advierte que con antelación a esta fecha se haya interpuesto recurso alguno. Por último, con la finalidad de no cometer una violación en el procedimiento en perjuicio de las partes SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO hasta en tanto se resuelva el medio de defensa interpuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 de la ley en cita. Por consiguiente, se deja sin efectos la audiencia señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, reservándose señalar nueva fecha hasta en tanto se reanude el procedimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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