Gaudencio Alonso Blanca
Expediente 555/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gaudencio Alonso Blanca
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, a tres de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dos de junio del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 20, fracción II, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado, por lo tanto se declara que: Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción IV, porque se desechó la demanda; por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20, párrafo antepenúltimo. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, pues no los exhibió. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.Lemr
- Principal
... Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de dos de junio de dos mil veintitrés se desechó la demanda de garantías que se provee; sin embargo, se omitió ordenar su notificación vía electrónica a través del usuario que señaló para tal efecto. En tales condiciones, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa se ordena notificar electrónicamente el proveído de dos de junio de dos mil veintitrés a Gaudencio Alonso Blanca. ...
- Principal
Puebla, Puebla, dos de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por Gaudencio Alonso Blanca, contra los actos de la Unidad de Investigación de Puebla Sede Sur y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 555/2023. DESECHAMIENTOAnte todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "1.- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PUEBLA SEDE SUR. 2.-FISCALÍA GENERAL METROPOLITANA DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE SUS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, ROBO DE GANADO, ROBO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS DIVERSOS. 3.UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, ROBO DE GANADO, ROBO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS DIVEROS. 4.COORDINACIÓN GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSÍAS, EN MATERIA PENAL, Autoridades de las que reclamo la supuesta, ilegal e infundada orden de búsqueda, presentación, comparecencia citación, investigación, arraigo o aprehensión dictada en mi contra. Como EJECUTORAS, señalo a las siguientes: 5. AGENTE INVESTIGADOR ENARGADO DE LA UNIDAD POLICIAL ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA. 6. TITULAR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. Autoridades de las que reclamo el tratar de dar cumplimiento a la ejecución de la supuesta, ilegal e infundada orden de búsqueda, presentación, comparecencia, citación, investigación, arraigo, aprehensión dictada en mi contra. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN RECLAMADO.-De las ordenadoras, reclamo la orden de búsqueda, presentación, comparecencia, citación, investigación, arraigo o aprehensión que han dictado en mi contra, dentro de la supuesta carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/1/015464/2022 y/o cualquier carpeta de investigación que se pueda seguir en mi contra, sin que el suscrito haya cometido delito alguno, para ocasionar el acto de molestia que existe en mi contra con flagrante violación a mis derechos humanos; y de las ejecutoras, reclamo el cumplimiento que pretenden darle a dicha orden, con elementos bajo su mando y por sí mismos.." De lo anterior es posible advertir que el acto reclamado señalado por la parte quejosa consistente en la orden de búsqueda, presentación, comparecencia, citación, arraigo o aprehensión, está circunscrito en una orden de presentación con fines de investigación emitida para el quejoso, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de ésta en una carpeta de investigación. En efecto, las facultades legales de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, permiten afirmar que estas sólo pretenden recabarle declaración al quejoso en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades ministeriales, no puede visualizarse una orden de aprehensión porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, sin que alguna hubiera sido señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el artículo 129 y demás del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no implica en sí misma la restricción de la libertad, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Máxime que la actuación de la autoridad ministerial al emitir una orden de presentación no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación se emite con el propósito de que el indiciado comparezca ante el fiscal investigador, sin que ello implique la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al indiciado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquella puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos criminosos, aun cuando ello es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Conforme a lo anterior, respecto a la orden de búsqueda, presentación, comparecencia, citación, investigación, arraigo o aprehensión reclamada al agente del Ministerio Público se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: :. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos respecto de los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que como se dijo la orden de presentación emitida por los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, sino únicamente constituye un acto de investigación Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales , el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Así como que de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos dentro de un procedimiento que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" Sin que obste a la conclusión anterior el hecho que también reclama órdenes de aprehensión, y arraigo, sin embargo, tales actos son propios de autoridades jurisdiccionales, no así de las que señala como responsables; de ahí que en nada influya ese señalamiento. Así mismo, respecto del acto reclamado a las autoridades antes referidas consistente en la integración de la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/1/015464/2022 y/o cualquier otra que se pueda seguir en su contra, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, constitucional. Ahora bien, conforme al primero de tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". El diverso precepto constitucional, establece: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A tal institución le corresponde ejercitar la acción penal si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar y llevar a cabo la investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los datos de prueba sobre hechos que pueden constituir un delito, para que, en su caso, esté en posibilidad legal de solicitar la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. Abundando, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, de tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas, de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda ante el órgano de control judicial, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Apoya tal consideración la tesis de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como la tesis de rubro: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." En estas condiciones, es evidente que los actos que reclama la parte quejosa a las autoridades ministeriales consistente en la integración de una carpeta de investigación en su contra, no están contenidos entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Maga, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En consecuencia, por ser notorias e indudables las improcedencias que se observan, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido y 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 párrafo primero, constitucional, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. AUTORIZADOS Y DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados los profesionistas que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario vicmapeza, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que la autorización anterior implique notificar por esa vía, los acuerdos dirigidos a la parte quejosa, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones por esa vía solo se realizaran a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe.Lemr
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