Gastón Rafael Coronel Martin del Campo y Otros.

Expediente 445/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
445/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
16/04/2015

Partes del expediente

  • Gastón Rafael Coronel Martin del Campo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Gastón Rafael Coronel Martín del Campo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 445/2015 que le corresponde. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido del escrito de demanda, se considera respetuosamente, que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XVIII, con relación al diverso 113, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". De acuerdo con la disposición transcrita, antes de acudir al juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, el promovente debe agotar previamente los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo solamente procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos de excepción expresamente previstos. Por otra parte, el artículo 20, apartado "C", fracción II, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TITULO PRIMERO. CAPITULO I. DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS. "Art. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley." De la transcripción del artículo anterior, en su parte relativa, se advierte que prevee el derecho humano de la víctima u ofendido para coadyuvar con el Ministerio Público, aportar pruebas tanto en la investigación ministerial, como en el procedimiento penal, así como interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Asimismo, es preciso destacar lo establecido en los artículos 318, 319 y 320, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, para determinar cuál es el medio de impugnación que procede en contra del acto que se reclama en la demanda a estudio, que dicen: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE VERACRUZ CAPÍTULO III DE LA APELACIÓN "Artículo 318. El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba y del arbitrio judicial o si se alteraron los hechos. El tribunal de alzada confirmará, revocará o modificará la resolución apelada. Artículo 319. La segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que el apelante estime que le causa la resolución recurrida, sin perjuicio de que el tribunal de apelación supla la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el acusado o siéndolo su defensor se advierta que no los hizo valer debidamente, en cuyo caso, el tribunal de alzada lo comunicará al Procurador General de Justicia del Estado para los efectos de su representación. Artículo 320. Tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado o su defensor y sólo para efectos de la reparación del daño el ofendido, la víctima o su legítimo representante, en los términos establecidos por el artículo 20 constitucional. Son apelables en efecto devolutivo: (.) VI. El auto que niegue la orden de aprehensión o la ratificación de la detención y el que niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo serán apelables por el Ministerio Público; (.)" De la interpretación de los artículos invocados, se advierte que el recurso de apelación procede entre otros, contra el auto que niegue la orden de aprehensión y que tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado o su defensor y solo para efectos de la reparación del daño, la víctima o su legítimo representante, en los términos establecidos por el artículo 20 constitucional. HECHOS En el caso, el acto reclamado consiste en la negativa de librar orden de aprehensión en contra de Alma de los Ángeles Cruz Juárez, dentro de los autos de la causa penal 6/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de este Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, por el delito de despojo. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo indirecto es improcedente, porque la parte quejosa antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el recurso de apelación previsto en los artículos 318, 319 y 320, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales del Estado del Veracruz, el cual resulta idóneos para combatir la resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo; debido a que es necesario que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que el acto, por su propia naturaleza, encuadre por sí mismo, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo la tesis siguiente: Registro No. 187016 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Página: 902 Tesis: I.6o.C. J/37 Jurisprudencia Materia(s): Común "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Época: Décima Época Registro: 2003887 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Junio de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: II.2o.P.26 P (10a.) Página: 1291 "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO SE TRANSGREDE ESE DERECHO HUMANO POR EXIGIRLE A LA VÍCTIMA QUE AGOTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (APELACIÓN) CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LIBRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.No se vulnera el derecho humano de la víctima del delito a un recurso judicial efectivo por exigirle que previo a promover el juicio de amparo contra la negativa de librar la orden de aprehensión contra el inculpado, agote el recurso de apelación conforme a la fracción V del artículo 282 del abrogado Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha determinado que este último dispositivo obliga a los Estados Partes a garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, es decir, el Estado debe comprender dentro de su derecho interno, un medio de impugnación rápido, sencillo y eficaz que combata el derecho lesionado; luego, si el citado medio ordinario de impugnación permite apelar dicho auto con la expectativa de revocar o modificar la negativa de la mencionada orden de captura, es inconcuso que no se transgrede el citado derecho humano de la víctima, al obligarla a cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo." Época: Décima Época Registro: 2004388 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.P.15 P (10a.) Página: 2445 "AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. SI QUIEN ACUDE AL JUICIO ES EL OFENDIDO DEL DELITO Y OMITIÓ INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN Y SÓLO LO HIZO EL MINISTERIO PÚBLICO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Dentro del proceso penal, el ofendido tiene legitimación para apelar el auto que niega la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Por otra parte, el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de definitividad (con algunas excepciones previstas por la ley o la jurisprudencia), por virtud del cual los gobernados pueden acudir a él siempre y cuando previamente hayan agotado el recurso ordinario previsto por la ley, y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, si el quejoso en su calidad de ofendido del delito, omitió interponer dicho medio de impugnación en términos del artículo 273, fracción VI, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, el cual constituye el medio de defensa que la ley prevé para impugnar el auto que niega dicha orden de captura contra del inculpado, y sólo apeló el Ministerio Público, aun cuando la segunda instancia tenga por objeto la revisión por parte del tribunal de alzada de la resolución del inferior, y sus efectos son revocar, modificar o confirmar dicho fallo, ello implica su consentimiento al no haber cumplido con tal principio; por lo que la determinación de segunda instancia, a su vez, al no haber modificado aquélla, tiene el carácter de un acto derivado de otro consentido, lo que motiva que se actualice la causal de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 (artículo 61, fracción XIII, de la ley actual), en relación con la jurisprudencia 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 12, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad al artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para los efectos que indica. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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