Gastón Jaime Roman Tomas

Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Gastón Jaime Roman Tomas
  • Silvia Sánchez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Amparo auxiliar 1/2022 Iguala de la Independencia Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos, del juicio de amparo auxiliar 1/2022, promovido por *************; y, R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, y turnado al día siguiente al Juzgado Primero, ************** promovió juicio de amparo contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos y otras autoridades; que hizo consistir en: "Del Licenciado ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, reclamo la omisión en dar respuesta a mi petición, puesto que no me ha notificado la respuesta a mis peticiones que se registraron con los números de folio 20190109T8FS11 y 20190524SAFS8Q, pues las mismas fueron dirigidas a su persona en su carácter de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las contestaciones a esas peticiones deben ser firmadas por él". "Del Subcoordinador General del Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reclamó la respuesta incongruente a mi petición presentada el nueve de enero de dos mil diecinueve, contenida en el oficio número 310. 1./4141/19, del ocho de julio de dos mil diecinueve". "Del resto de las autoridades reclamó la ejecución de la respuesta incongruente a mi petición enviada por correo certificado con acuse de recibo y a la entregada el nueve de enero de dos mil diecinueve". Segundo. Mediante proveído del quince de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo en el juzgado del conocimiento, se ordenó registrarla con el número de expediente ************, se admitió a trámite; del mismo modo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano jurisdiccional. Tercero. Por autos del tres de diciembre de dos mil diecinueve y veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda, señalando nuevos actos y autoridades. Cuarto. Mediante oficio SECNO/STCCNO/962/2022, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, hizo del conocimiento del titular de este juzgado, que se auxiliaría en la resolución de cincuenta asuntos al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por lo que mediante actas circunstanciadas del veinte y veintidós de septiembre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional remitió la cantidad de expedientes señalada (en formato electrónico), entre los cuales se encuentra el juicio de amparo **********, de su índice. Quinto. Por acuerdo del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó la apertura de un cuaderno de antecedentes y la resolución del juicio de amparo ***********, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey (el cual se encuentra en formato electrónico), y se registró el asunto con el número de amparo auxiliar 1/2022. Por otra parte, se hace notar que no obra constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales; y por ende, procede dictar sentencia bajo los siguientes puntos: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con la sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, comunicada mediante circular SECNO/STCCNO/962/2022 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, al aprobar el punto de acuerdo 145/2022 relativo a la propuesta de equilibrio de los asuntos en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; y auxilio en el dictado de sentencias a los referidos Juzgados de Distrito, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También debe tomarse en cuenta que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuible a una autoridad jurisdiccional con residencia en el Estado de Nuevo León; de ahí que, por razón de materia y territorio, se surte competencia a favor del Juzgado de Distrito de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en concordancia con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, son enviados para ese efecto; de ahí que esté presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente electrónico y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia publicada en la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 163998, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA". SEGUNDO. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, tal como se precisó en el oficio SECNO/STCCNO/962/2022, por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que en cumplimiento de dicho comunicado, este asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente electrónico y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, así como de la revisión a las constancias que obran en autos se advierte que los actos reclamados consisten en: 1. La falta de contestación a la petición registrada con los folios 20190109T8FS11 y 20190524SAFS8Q, y remitida en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficios sin número y SELAP/UEL/311/154/19 a la Secretaría de Gobernación, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para su atención, respectivamente; y 2. La contestación realizada por el Subcoordinador General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante oficio 310.1./4141/19 del ocho de julio de dos mil diecinueve. Una vez que se ha establecido la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. CUARTO. Al rendir su informe justificado, el Director de lo Contencioso, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en ausencia de dicha secretaría, así como de los Subsecretarios del Trabajo, de Empleo y Productividad Laboral, del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, del Director General de Asuntos Jurídicos y del Director de lo Contencioso, y en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; la Directora General de Procedimientos Constitucionales, en representación de la Secretaria de Gobernación; y el Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, en representación del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, negaron los actos que la parte quejosa les reclama, consistentes en la falta de contestación a la petición registrada con los folios 20190109T8FS11 y 20190524SAFS8Q, y remitida en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficios sin número y SELAP/UEL/311/154/19, a la Secretaría de Gobernación, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para su atención, respectivamente; sin embargo, ello se encuentra desvirtuado atendiendo a sus propias manifestaciones en el sentido de que aceptan expresamente haber tenido conocimiento de la petición de la quejosa. Lo anterior se corrobora con las documentales remitidas por las responsables y la impetrante, que cuentan con valor probatorio de acuerdo a los artículos 129, 133, 136, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Resulta aplicable, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Por otra parte, en cuanto a la autoridad responsable Subcoordinador General del Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ésta fue omisa en rendir informe justificado; en consecuencia, de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a las aludidas autoridades responsables. Por su parte, al rendir su informe justificado la Directora General Jurídica de la Oficina del Secretario de Economía y Trabajo, en representación del Encargado de la Unidad Regional del Servicio Nacional de Empleo en Escobedo, Nuevo León; y la Directora de Defensa Legal Norte, adscrita a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Titular de la Dirección General de Atención Ciudadana, negaron el acto de ejecución que se les atribuye; sin embargo, dado su carácter de autoridades responsables ejecutoras, es inminente que en cualquier momento pueden recibir dicha orden para su cumplimiento o ejecución, por lo que se tiene por cierto el acto que se les reclama. Asimismo, la autoridad responsable Director del Servicio Nacional de Empleo en Nuevo, León, fue omisa en rendir informe justificado, en consecuencia, de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital 227890, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". QUINTO. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes. Al efecto, el Encargado de la Unidad Regional del Servicio Nacional de Empleo en Escobedo, Nuevo León, en su informe justificado refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al proceder el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contra el oficio 310.1./4141/19 del ocho de julio de dos mil diecinueve; sin embargo, no especifica de manera puntual las razones por las que lo considera así, al sólo describir la causa de improcedencia y llevar a cabo afirmaciones genéricas. Esto es, dicha autoridad responsable no expone de manera clara los motivos que actualizan la causa que invoca, por lo que este órgano de control se encuentra impedido para proceder a su estudio, al no ser de obvia y objetiva constatación. Apoya lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365, Tomo XXIV, octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 174086, de título y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Por otra parte, la diversa autoridad responsable Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal manifiesta que en este juicio se actualiza la diversa causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, ya que la petición dirigida al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, fue contestada mediante oficio 3.0080/2020, del veintitrés de enero de dos mil veinte. Causa de improcedencia que es infundada, respecto a dicho acto reclamado, toda vez que como se analizará más adelante, no obstante que en las constancias remitidas de manera electrónica por el juzgado auxiliado obra el oficio 3.0080/2020, no se advierte que éste haya sido notificado en el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la quejosa en su escrito de petición. Así, al no existir diversa causa de improcedencia formulada por las autoridades responsables, y tampoco alguna que este juzgador de oficio advierta, se procede al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación formulados por la impetrante en su demanda de amparo. SEXTO. Ahora, por método y para hacer más comprensible esta sentencia, en este apartado se estudiarán los conceptos de violación respecto del acto reclamado consistente en la omisión de las responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación y Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, de dar contestación a la petición registrada con los folios 20190109T8FS11 y 20190524SAFS8Q, y remitida en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficios sin número y SELAP/UEL/311/154/19 a la Secretaría de Gobernación, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para su atención, respectivamente, y en el siguiente apartado se analizarán los diversos referentes al acto reclamado consistente en la contestación realizada por el Subcoordinador General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante oficio 310.1./4141/19 del ocho de julio de dos mil diecinueve. Análisis de los conceptos de violación relativos a la omisión de las responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación y Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, de dar contestación a la petición de la quejosa Como se verá en este apartado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II, y 76 de la Ley de Amparo, el análisis sistemático y conjunto de los conceptos de violación expresados por la quejosa permite arribar a la conclusión de que son fundados, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Ahora, no se transcriben los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer, sin que por ello deba considerarse incongruente o incompleta esta sentencia, o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 164618, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Sentado lo anterior, se inicia propiamente el estudio de los conceptos de violación relativos, precisando que la quejosa aduce que su petición registrada con los folios 20190109T8FS11 y 20190524SAFS8Q, hasta el momento en que promovió el juicio de amparo, no había sido contestada por las autoridades responsables citadas. En tales circunstancias, es necesario citar el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrá hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo que se obtiene que el derecho de petición se traduce en la prerrogativa del gobernado de presentar una solicitud ante una autoridad, la cual está obligada a dar respuesta en breve término; de tal suerte que su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: a) La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. b) La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste como aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Además, la respuesta debe ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a dicha solicitud en forma personal al gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 931, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 160206, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. Ahora de las constancias de autos se advierte que las responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretaria de Gobernación recibieron la petición de la quejosa sin que hasta el momento le hayan dado contestación alguna, en relación con lo peticionado. En efecto, no obstante que de las constancias allegadas con sus informes justificados, se advierte que las autoridades informaron las gestiones realizadas para dar contestación a la petición de la quejosa, ello no implica una contestación a lo solicitado por la impetrante, sino sólo el trámite que se le dio a la misma. En ese contexto, se estima que dichas autoridades infringieron lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que tenían la obligación de dar respuesta en breve término a la petición formulada por la quejosa, de manera congruente con lo solicitado, así como notificar tal respuesta en el domicilio señalado en el escrito de petición de la quejosa. Esto es, se afirma lo anterior, dado que el lapso transcurrido entre la presentación de dicha petición, esto es, desde el mes de enero de dos mil diecinueve, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (catorce de agosto de dos mil diecinueve), es lo suficientemente razonable para dar respuesta a lo solicitado, sin que ello hubiere ocurrido. Efectivamente, se dice que dicho plazo fue suficiente, en virtud de que si bien el artículo 8° constitucional establece que las autoridades están obligadas a dar respuesta a toda solicitud en "breve término", éste debe entenderse como aquél en el que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, por lo que es evidente que en el caso que nos ocupa tal lapso fue vasto al haber sido de más de seis meses. Por otro lado, tomando en consideración lo anterior, si bien de las constancias que obran en autos, se advierte que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, mediante oficio número 3.0080/2020, del veintitrés de enero de dos mil veinte (esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -catorce de agosto de dos mil diecinueve-), dio contestación a la solicitud de la parte quejosa, no existe constancia alguna de la que se desprenda que se la hubiere notificado (esto no obstante que la quejosa en su escrito de petición señaló domicilio para oír y recibir notificaciones), por lo que no se tiene certeza de que la quejosa hubiera tenido conocimiento de ella, lo que trae como consecuencia que se considere que dicha responsable no ha actuado en los términos a que le obliga el artículo 8 Constitucional, pues a ella incumbe la carga probatoria de demostrar que así lo hizo. Robustece lo argumentado el hecho de que la necesidad de notificar un acuerdo o resolución es, además de obligatoria por disposición constitucional, por razones de orden lógico, ya que si no se le entera, el gobernado desconoce el trato dado a su petición y tal incertidumbre no desaparece con el solo hecho de que la autoridad a quien se dirigió la conteste por medio de un acuerdo o resolución, sino que es necesario que se la haga saber, de ahí que es válido sostener que la falta de notificación de una respuesta es exactamente igual que la falta de la respuesta misma. Apoya lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 175, Tomo I, abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 205357, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. DEBE EXISTIR CONSTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL INTERESADO PARA QUE SE ESTIME AGOTADA LA GARANTÍA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCION. La garantía tutelada por el artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el imperativo contenido en el precepto en cita, pues no se agota con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el primero de ellos, sino que es necesario, además, que la autoridad comunique al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los supuestos nombrados; de ahí que si la responsable estima haber cumplido con la observancia al derecho de petición sólo con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual asegura que el interesado se hizo sabedor, es indudable que la violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a conocer al peticionario la determinación obsequiada de manera formal con base en los preceptos aplicables del ordenamiento legal que regula al acto que se reclama, de manera que el parcial proceder de la autoridad responsable conculca las garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del amparo para el efecto de que se cumpla con el segundo de los requisitos mencionados". Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el oficio 3.0080/2020, del veintitrés de enero de dos mil veinte, que contiene la respuesta dada a la petición de la quejosa fuera anexado como complemento al informe justificado, con lo que se le dio vista a aquélla, ya que tal circunstancia no viene a sustituir la notificación que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni releva a la autoridad responsable de dicha obligación, considerar lo contrario implicaría, como lo han sostenido los más altos tribunales del país, dejar al promovente en estado de indefensión respecto del contenido de dicho oficio, ya que en el juicio de amparo se resolvería la duda sobre la violación de sus derechos fundamentales o sobre la cesación de efectos de la omisión reclamada, al dictarse la sentencia, y después se le daría por notificado con anterioridad a dicha contestación, privándolo tal vez de los medios de defensa ordinarios que pudiera tener contra el contenido del citado oficio y de sus consecuencias legales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 70, Volumen 60, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 255694, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. CASO EN QUE NO PUEDE SATISFACERSE DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. Para que se satisfaga el derecho de petición, en términos del artículo 8o. constitucional, es obvio que no basta que recaiga una contestación a la petición del que la formula, sino que es menester que le sea notificada, pues la contestación que las autoridades den sin comunicarse, no puede satisfacer la garantía constitucional. Luego, no basta que la autoridad responsable dicte el oficio relativo con posterioridad a la demanda, sino que debe notificarse al interesado. Ahora bien, el que de dicho oficio se exhiba copia en el juicio de amparo, no sustituye la notificación que del mismo debió hacerse, entregando el original al quejoso. Pues si se formula con posterioridad a la promoción del juicio de amparo, la copia así exhibida deja en duda la cuestión relativa a si ha habido o no violación de garantías, y esta duda se disipa hasta que se dicta la sentencia. Y si entonces, o ahora, se dijera que la exhibición de la copia en el juicio de amparo, para acreditar que no se habían violado garantías del quejoso, hacía el efecto de notificación del oficio de que se trata, se dejaría al quejoso en situación de indefensión respecto de la resolución contenida en dicho oficio, porque se habría resuelto la duda sobre la violación de sus garantías, o sobre la cesación de efectos de la omisión recomendada, al dictarse la sentencia, y después se le daría por notificado con anterioridad a dicha sentencia, privándolo tal vez de los juicios o medios de defensa que pudiera tener contra la resolución contenida en el tantas veces citado oficio". En las narradas consideraciones, se estima correcta la apreciación de la impetrante, en el sentido de que con tal proceder de las autoridades responsables se vulnera el derecho humano que tutela a su favor el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que sea procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal, para que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaria de Gobernación y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en el plazo de tres días, contado a partir de que cause ejecutoria esta determinación, den respuesta en forma congruente a la petición formulada por la ahora quejosa, así como realizar su correspondiente notificación en el domicilio señalado para tal efecto. SÉPTIMO. Ahora se hace el análisis de los conceptos de violación respecto al acto reclamado consistente en la contestación realizada por el Subcoordinador General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante oficio 310.1./4141/19 del ocho de julio de dos mil diecinueve. No se transcriben los mismos, sin que por ello deba considerarse incongruente o incompleta esta sentencia, o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo por las razones ya vertidas en párrafos anteriores. Para efectos de hacer un estudio integral, se digitaliza e inserta a continuación la imagen correspondiente al escrito presentado por la parte quejosa, constante de dos fojas: De lo que se advierte que en esencia, la parte quejosa señaló como conceptos de violación, que la autoridad responsable omitió dar una respuesta congruente, fundada y motivada a lo que solicitó. Atento a ello, del contenido de los motivos de inconformidad que expresa la quejosa, este juzgador advierte que son infundados. En efecto, para poder analizar los conceptos de violación que nos ocupan en esta sección, es necesario citar y explicar la primera parte del artículo 16 constitucional, que prevé: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)". Numeral que contiene el derecho humano de seguridad jurídica en favor de los gobernados, exigiendo que la emisión de cualquier acto de molestia proveniente de una autoridad cumpla con los requisitos siguientes: 1. Que provenga de autoridad competente; 2. Que se encuentre fundado y motivado, y 3. Que conste por escrito. De tal suerte que el primero de los requisitos en cuestión, indudablemente es la positivización del principio de legalidad que rige dentro de nuestro sistema jurídico, donde las facultades de las autoridades deben reconocerse en la ley, por lo que la conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal. Por su parte, el requisito formal de debida fundamentación y motivación, implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531, Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 175082, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". Por último, la exigencia que la conducta de la autoridad conste por escrito, asegura que quede constancia de ella, siendo así factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar para determinar así su legalidad, y consecuente constitucionalidad. De tal suerte que el presupuesto indispensable para verificar el cumplimiento de cualquiera de las demás exigencias constitucionales que debe observar un acto de autoridad (competencia, fundamentación y motivación), lo constituye que provenga de mandamiento escrito, en virtud que sin éste se tornaría imposible realizar cualquier examen en relación con los demás requisitos; ya que de no existir un documento escrito, el particular queda en absoluto estado de indefensión para impugnar la resolución que constituye la conducta de la autoridad, toda vez que no podría enterarse siquiera de los recursos o medios de defensa que la ley prevé al no disponer de los más mínimos datos para entablar una justa defensa. Ahora, es evidente que la autoridad responsable atendió de manera congruente, fundada y motivada la petición de la parte quejosa, para mayor ilustración se digitaliza la contestación: En efecto, debido a que la materia del oficio reclamado consistió en dar respuesta a la petición que formuló la quejosa, mediante la cual solicitó se le designara para ocupar el cargo de Magistrada en la Sala Superior, Regional o Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y del oficio emitido por la responsable Subcoordinador General del Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se advierte que se dio contestación a lo solicitado, al indicar en esencia que en relación con la solicitud de designación como Magistrada en la Sala Superior, Regional o Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la promovente debía acudir a la oficina más cercana a su domicilio del Servicio Nacional de Empleo, en virtud que de conformidad con el artículo 14, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ésa es la institución facultada para facilitar la vinculación laboral, a que hace referencia. Luego, es evidente que de la lectura integral del oficio 310.1./4141/19 del ocho de julio de dos mil diecinueve, que por esta vía se combate, se advierte que la responsable sí señaló con precisión la normativa aplicable al caso e indicó también en forma precisa las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para realizar dicha contestación, existiendo una vinculación entre los motivos aducidos y la norma legal aplicable, por lo que no existe violación del derecho humano de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la inconforme. En efecto, en virtud que de tal oficio se desprende que la responsable aplicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en su artículo 14, fracción I, al informar a la impetrante que debía acudir a la oficina más cercana a su domicilio del Servicio Nacional de Empleo, al ser ésta la institución facultada para facilitar la vinculación laboral, a que hace referencia; luego, es irrefutable que la responsable dentro del ámbito de sus facultades dio una contestación concreta y congruente a la petición planteada por la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 238212, de título y contenido siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". De ahí que se considere que la autoridad responsable satisfizo el derecho de petición de la parte quejosa, en virtud de que éste se colma cuando se eleva una petición ante una autoridad y ésta le da contestación de manera congruente a lo solicitado, como aconteció en el caso. Lo cual evidentemente no implica que la autoridad a la que se ha formulado la petición, necesariamente tenga que resolver en sentido afirmativo o favorable a los intereses del solicitante, pues el derecho de petición constriñe a las autoridades a dar una respuesta, pero no les impone la carga de responder en determinado sentido. En efecto, se sostiene que esta autoridad sí dio respuesta a la petición de la quejosa, pues tal como lo aduce la propia promovente del amparo, a diferencia de las autoridades citadas en el apartado anterior, las cuales se concretaron a realizar el envío de dicha petición a la autoridad parte del Ejecutivo Federal que consideraron competente, sin darle respuesta alguna, el Subcoordinador General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro del ámbito de sus facultades, sí dio contestación a su petición, orientándola sobre la autoridad competente para presentar la misma, sin que evidentemente se le pueda exigir una respuesta diversa o específica sobre la procedencia de su petición al no contar con la potestad para ello. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 2167, Tomo XXXIII, marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 162603, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa" (lo subrayado es propio). También, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2519, Tomo XXVI, septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 171484, de título y contenido siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario". Asimismo, la tesis aislada emitida por la entonces Tercera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, Tomo IX, abril de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 206849, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten". En tales condiciones, se insiste, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por *****************, en relación con el acto reclamado consistente en la contestación realizada por el Subcoordinador General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, mediante oficio 310.1./4141/19 del ocho de julio de dos mil diecinueve. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****************** contra los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Encargado de la Unidad Regional del Servicio Nacional de Empleo en Escobedo, Nuevo León, Titular de la Dirección General de Atención Ciudadana, Director del Servicio Nacional de Empleo en Nuevo León, consistentes en la falta de contestación a la petición registrada con los folios 20190109T8FS11 y 20190524SAFS8Q, y remitida en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficios sin número y SELAP/UEL/311/154/19 a la Secretaría de Gobernación, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para su atención, respectivamente; y su ejecución, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***************, en contra del acto consistente en la contestación realizada por el Subcoordinador General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante oficio 310.1./4141/19 del ocho de julio de dos mil diecinueve, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese en términos de ley; por conducto del Juzgado auxiliado. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luz María Serrano Alejandro, secretaria quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiuno de enero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del cuatro de los corrientes, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/5354/2021, suscrito electrónicamente por la Secretaria Técnica de dicha comisión, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1/2022-II. El acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral *****. El juicio de amparo es improcedente conforme a los artículos 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo, por los motivos que se pasan a exponer. Al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en torno a la ejecución del laudo conforme a la Ley Federal del Trabajo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo. En razón de ello, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al Tribunal de Trabajo para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades. Lo anterior, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento. De la contradicción de tesis 339/2011 emergieron las jurisprudencias 2a./J. 15/2011 (10a.) y 2a./J. 16/2011 (10a.), publicadas en las páginas 2771 y 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registros 2000011 y 2000025, de rubros: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA"., y "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA". Por ende, al reclamar la omisión genérica de la autoridad responsable de proveer sobre la ejecución del laudo, dicho acto tiene la naturaleza jurídica de inexistente puesto que requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2019185, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 01 de febrero de 2019, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Se tiene como domicilio procesal el que señala en su demanda de amparo y por autorizada a la persona que refiere para los efectos que precisa. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Manuel González Morales, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del cuatro de enero de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Vista la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1/2022-II. El acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral *****. El juicio de amparo es improcedente conforme a los artículos 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo, por los motivos que se pasan a exponer. Al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en torno a la ejecución del laudo conforme a la Ley Federal del Trabajo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo. En razón de ello, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al Tribunal de Trabajo para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades. Lo anterior, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento. De la contradicción de tesis 339/2011 emergieron las jurisprudencias 2a./J. 15/2011 (10a.) y 2a./J. 16/2011 (10a.), publicadas en las páginas 2771 y 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registros 2000011 y 2000025, de rubros: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA"., y "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA". Por ende, al reclamar la omisión genérica de la autoridad responsable de proveer sobre la ejecución del laudo, dicho acto tiene la naturaleza jurídica de inexistente puesto que requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2019185, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 01 de febrero de 2019, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Se tiene como domicilio procesal el que señala en su demanda de amparo y por autorizada a la persona que refiere para los efectos que precisa. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Manuel González Morales, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

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