Gastón Israel Gámez Navarro
Expediente 1005/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Gastón Israel Gámez Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de dos de agosto de dos mil diecisiete, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para las partes del siete al dieciocho de agosto del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el dos de agosto de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, párrafo segundo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal ni en el incidente de suspensión; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica(V)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa el acuerdo de dos de agosto de dos mil diecisiete: Visto el oficio que remite la autoridad responsable la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, en apoyo a la Agencia Cuarta de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Aguascalientes y los anexos que acompaña, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y téngase a dicha autoridad informando, en relación al proveído dictado por este Juzgado el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, que en fecha veintisiete del mismo mes y año, llevó a cabo la notificación a la parte quejosa del acuerdo de doce de julio de esta anualidad, mediante el cual dejó sin efectos el citatorio y los requerimientos contenidos en el oficio número...; realizando dicha notificación mediante comunicación... de veinticinco de julio del mismo año, a través de correo electrónico proporcionado por el quejoso Gastón Israel Gámez Navarro y sus abogados defensores como el medio para oír y recibir toda clase de notificaciones, dentro de la carpeta de investigación... De igual manera, se le tiene remitiendo copia simple del acuerdo y oficio correspondientes, toda vez que con el nuevo sistema de justicia penal, dicha autoridad ya no cuenta con fe pública para certificar documentos; por lo que, ténganse por ofrecidas dichas constancias en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El diez de julio del año en curso, Gastón Israel Gámez Navarro, presentó demanda de amparo en contra del Agente del Ministerio Público de la Federación, en apoyo a la Agencia Cuarta de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Aguascalientes, en la que reclamó el citatorio y requerimiento de fecha seis de julio del año en curso, con el apercibimiento de multa para que compareciera ante dicha autoridad responsable; y, para que proporcionara diversos datos de prueba de carácter personal, fiscal y contable de su persona y de la persona moral denominada Aceros y Maquilas Gámez sociedad anónima de capital variable, a fin de allegarlas a la carpeta de investigación... b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1005/2017-V, se admitió en auto de once de julio del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El veinticuatro de julio del año en curso, se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el oficio de la autoridad responsable, en el que señaló que dejó sin efectos el citatorio y los requerimientos contenidos en el oficio número..., remitiendo copia simple del auto de doce de julio del presente año (ya que con el nuevo sistema de justicia penal, dicha autoridad ya no cuenta con fe pública para certificar documentos), del que se desprende lo anterior; además, anexó a su diversa comunicación con la que se dio cuenta, copia simple de la notificación correspondiente, hecha mediante oficio...7 de veinticinco de julio del mismo año a través de correo electrónico proporcionado por el quejoso Gastón Israel Gámez Navarro y sus abogados defensores como el medio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro de la carpeta de investigación de referencia. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Actuaciones de las cuales, se desprende que cesaron los efectos de los actos reclamados, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ". En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de: a) El citatorio y requerimiento de fecha seis de julio del año en curso, en el que se le cita con el apercibimiento de multa; para que comparezca ante la autoridad responsable; y b) Que proporcione diversos datos de prueba de carácter personal, fiscal y contable de su persona y de la persona moral denominada Aceros y Maquilas Gámez sociedad anónima de capital variable, a fin de allegarlas a la carpeta de investigación... Luego, del análisis de las constancias que la responsable remitió a sus oficios recibidos en este Juzgado el veinticuatro de julio del año en curso y uno de los corrientes (fojas 25 a 28 y 38 a 42), se advierte que el doce de julio del mismo año, dejó sin efectos el citatorio y los requerimientos contenidos en el oficio número.....; lo que hizo del conocimiento de la parte quejosa mediante comunicación...de veinticinco de julio del mismo año, a través de correo electrónico. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que la autoridad responsable esté en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con nueve minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete.(V)
- Principal
Agréguese a los autos el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual formula alegatos, los que deberán relacionarse en la celebración de la audiencia constitucional en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele copia de la resolución que se dicte en el presente juicio de amparo, previa razón que de su recibo se asiente en autos.(V)
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo de la Agencia Cuarta de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Aguascalientes, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. -Informa sobre causal de sobreseimiento- De igual manera, se tiene a la aludida autoridad manifestando, en relación al proveído dictado por este Juzgado el once de julio del año en curso y en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, sobre la existencia de una causal de sobreseimiento, remitiendo para tal efecto copia simple del acuerdo de doce del mencionado mes y año, por el que dejó sin efectos el citatorio y los requerimientos contenidos en oficio... seis de julio de ese año; por lo que, a efecto de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de aquél en que se le notifique el presente acuerdo, remita a este Juzgado dicha constancia en copia debidamente autorizada así como de la constancia de notificación al quejoso, respecto de dicho acuerdo. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa a lo anterior, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 236, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que de conformidad con el articulo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es(V)
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