Gaston Flores Flores
Expediente 996/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/11/2021
Partes del expediente
- Gaston Flores Flores
- Raúl Flores Flores
- Alfredo Juan Sánchez Sáenz
- GASTON FLORES FLORES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria General "B" de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual acusa recibo del expediente laboral D-4/481/2011, de lo que este juzgador toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes
- Principal
agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria General "B" de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, visto su contenido, se advierte que mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ****, en atención al recurso de queja 123/2021 resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, y en consecuencia, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido. Ahora bien, como lo solicita la autoridad oficiante y tomando en consideración el estado que guardan los presentes autos, remítase el expediente D-4/481/2011 a su lugar de origen.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio 645/2021 signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la queja 123/2021, interpuesta en el juicio de amparo 996/2021, acúsese de recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes que el medio de impugnación de referencia fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja a que este toca se refiere.". Asimismo, es importante destacar que la superioridad determinó en la ejecutoria de mérito, lo que a continuación se transcribe: "De tal manera que, al no existir razón alguna que logre la excepción a favor de la parte quejosa de agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja a efecto de que el juez de Distrito proceda a desechar la demanda de garantías de que se trata.". Al respecto, las consideraciones que adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, a fin de llegar a la conclusión de que es improcedente la demanda de amparo, son las siguientes: "Ahora, teniendo en cuenta que el acto reclamado en el juicio de amparo es la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintiuno, por la cual la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla declaró fundado el incidente de prescripción de la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral D-4/481/2011, a efecto de dilucidar si se actualiza o no la causa de improcedencia invocada por la parte recurrente, en el caso resulta necesario dilucidar la siguiente cuestión: ¿Se requiere una interpretación adicional del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo o lo establecido en el mismo es insuficiente a efecto de determinar la procedencia del recurso de revisión contra resolución reclamada? Para dar respuesta a la anterior cuestión, es necesario transcribir los artículos pertinentes de la Ley Federal del Trabajo, que regulan quién debe llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo". "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo". De los preceptos reproducidos, se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde a los Presidentes de las mismas. Bajo el contexto, también resulta necesario remitirse al contenido literal de los artículos 848, 849 y 850 del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 848. Las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones.Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de la Junta". "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria". El análisis sistemático de los últimos dos dispositivos legales trascritos, revela sin género de duda que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los Presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares; y que del citado medio de impugnación conocerá la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los Presidentes de esas Juntas. Por su parte, el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las resoluciones emitidas por las Juntas no admiten ningún recurso, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 609 del mismo ordenamiento legal, estas se integrarán con el Presidente de la Junta, así como con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones. Entonces, resulta evidente que aunque las resoluciones dictadas por las Juntas no son impugnables, las emitidas en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares por el Presidente de la misma, si son recurribles a través de la revisión, de la cual precisamente corresponde conocer y resolver a la junta integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, dado que la resolución mediante la cual se declaró la prescripción de la acción para ejecutar el laudo fue emitida por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, resulta indudable que en su contra procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Máxime que, conforme a lo establecido en el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo, los Presidentes de las Juntas Especiales son quienes tienen la facultad para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje; y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionando en Pleno, la de resolver el recurso de revisión en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos, en términos de la fracción IV del artículo 616 del mismo ordenamiento. De todo lo expuesto, se llega al convencimiento de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, la Presidente de la junta responsable declaró la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los Presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente, cesa la función de la junta de conciliación y arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, corresponde llevarlo a cabo a los presidentes de las juntas, debiendo entenderse que la determinación de declarar prescrita la acción para ejecutar el laudo, se hace precisamente en esta etapa. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra de las resoluciones que la presidente de las junta dictó en la etapa de ejecución del laudo, ya sea declarando o no la prescripción de la acción para ejecutarlo, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta respectiva. Esa conclusión se robustece si se toma en cuenta la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, respecto de la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del presidente de una junta, emitidos en el período de ejecución de los laudos, que en lo que interesa, dice: "...Nuestro sistema jurídico garantiza, mediante la intervención de los tribunales federales, la posibilidad de enmendar, en su caso, cualquier error de procedimiento o de fondo en que hubieren incurrido las Juntas al aplicarse e interpretarse las disposiciones legales correspondientes; es por eso que en el capítulo XIV da a las partes el derecho de solicitar la revisión de los actos que realicen los presidentes, actuarios o funcionarios habilitados, en ejecución de los laudos...". De donde se desprende que el valor que el legislador quiso salvaguardar con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las juntas en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo, de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el Presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. Bajo este criterio, la determinación de la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de decretar la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, es una resolución que aun cuando no persigue en forma directa e inmediata el cumplimiento de éste, sin embargo, se emitió en el período de ejecución. Una vez precisado que sin necesidad de hacer una interpretación adicional, procede el recurso de revisión con fundamento en el artículo 849 de la Ley en comento, en contra de la resolución que dicten los Presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, es de concluirse que, al no agotarse ese medio ordinario de defensa existente, hace improcedente el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Debido a que si bien, el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa y que el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, deben entenderse referidos sólo a aquellos claramente procedentes en la Ley respectiva.Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 95/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por la recurrente, registro 186133, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 374, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Al respecto, se destaca que si bien la jurisprudencia se integró conforme a la interpretación de disposiciones de la Ley de Amparo abrogada, continúa en vigor en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el cual se publicó la Ley de Amparo vigente, dado que el contenido de los preceptos ahí interpretados son de similar contenido al primer párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo vigente. De tal manera que, al no existir razón alguna que amerite la excepción a favor del recurrente de agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, lo procedente es desechar su demanda conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo.". Como se observa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, consideró que el juicio de amparo es improcedente en razón de que previo a su promoción la quejosa debió interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que al no agotarse ese medio ordinario de defensa existente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo (principio de definitividad). Ahora, al no advertirse que en la aludida resolución se haya dictado el proveído correspondiente por la superioridad, en acatamiento al artículo 103 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas sus consideraciones relativas a la notoria y manifiesta improcedencia de la demanda, por lo que al actualizarse la causal prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Por lo anterior, realícense las anotaciones del caso en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues se desechó la demanda de amparo; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio 645/2021 signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la queja 123/2021, interpuesta en el juicio de amparo 996/2021, acúsese de recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes que el medio de impugnación de referencia fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja a que este toca se refiere.". Asimismo, es importante destacar que la superioridad determinó en la ejecutoria de mérito, lo que a continuación se transcribe: "De tal manera que, al no existir razón alguna que logre la excepción a favor de la parte quejosa de agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja a efecto de que el juez de Distrito proceda a desechar la demanda de garantías de que se trata.". Al respecto, las consideraciones que adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, a fin de llegar a la conclusión de que es improcedente la demanda de amparo, son las siguientes: "Ahora, teniendo en cuenta que el acto reclamado en el juicio de amparo es la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintiuno, por la cual la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla declaró fundado el incidente de prescripción de la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral D-4/481/2011, a efecto de dilucidar si se actualiza o no la causa de improcedencia invocada por la parte recurrente, en el caso resulta necesario dilucidar la siguiente cuestión: ¿Se requiere una interpretación adicional del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo o lo establecido en el mismo es insuficiente a efecto de determinar la procedencia del recurso de revisión contra resolución reclamada? Para dar respuesta a la anterior cuestión, es necesario transcribir los artículos pertinentes de la Ley Federal del Trabajo, que regulan quién debe llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo". "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo". De los preceptos reproducidos, se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde a los Presidentes de las mismas. Bajo el contexto, también resulta necesario remitirse al contenido literal de los artículos 848, 849 y 850 del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 848. Las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones.Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de la Junta". "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria". El análisis sistemático de los últimos dos dispositivos legales trascritos, revela sin género de duda que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los Presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares; y que del citado medio de impugnación conocerá la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los Presidentes de esas Juntas. Por su parte, el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las resoluciones emitidas por las Juntas no admiten ningún recurso, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 609 del mismo ordenamiento legal, estas se integrarán con el Presidente de la Junta, así como con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones. Entonces, resulta evidente que aunque las resoluciones dictadas por las Juntas no son impugnables, las emitidas en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares por el Presidente de la misma, si son recurribles a través de la revisión, de la cual precisamente corresponde conocer y resolver a la junta integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, dado que la resolución mediante la cual se declaró la prescripción de la acción para ejecutar el laudo fue emitida por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, resulta indudable que en su contra procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Máxime que, conforme a lo establecido en el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo, los Presidentes de las Juntas Especiales son quienes tienen la facultad para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje; y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionando en Pleno, la de resolver el recurso de revisión en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos, en términos de la fracción IV del artículo 616 del mismo ordenamiento. De todo lo expuesto, se llega al convencimiento de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, la Presidente de la junta responsable declaró la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los Presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente, cesa la función de la junta de conciliación y arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, corresponde llevarlo a cabo a los presidentes de las juntas, debiendo entenderse que la determinación de declarar prescrita la acción para ejecutar el laudo, se hace precisamente en esta etapa. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra de las resoluciones que la presidente de las junta dictó en la etapa de ejecución del laudo, ya sea declarando o no la prescripción de la acción para ejecutarlo, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta respectiva. Esa conclusión se robustece si se toma en cuenta la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, respecto de la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del presidente de una junta, emitidos en el período de ejecución de los laudos, que en lo que interesa, dice: "...Nuestro sistema jurídico garantiza, mediante la intervención de los tribunales federales, la posibilidad de enmendar, en su caso, cualquier error de procedimiento o de fondo en que hubieren incurrido las Juntas al aplicarse e interpretarse las disposiciones legales correspondientes; es por eso que en el capítulo XIV da a las partes el derecho de solicitar la revisión de los actos que realicen los presidentes, actuarios o funcionarios habilitados, en ejecución de los laudos...". De donde se desprende que el valor que el legislador quiso salvaguardar con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las juntas en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo, de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el Presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. Bajo este criterio, la determinación de la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de decretar la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, es una resolución que aun cuando no persigue en forma directa e inmediata el cumplimiento de éste, sin embargo, se emitió en el período de ejecución. Una vez precisado que sin necesidad de hacer una interpretación adicional, procede el recurso de revisión con fundamento en el artículo 849 de la Ley en comento, en contra de la resolución que dicten los Presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, es de concluirse que, al no agotarse ese medio ordinario de defensa existente, hace improcedente el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Debido a que si bien, el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa y que el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, deben entenderse referidos sólo a aquellos claramente procedentes en la Ley respectiva.Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 95/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por la recurrente, registro 186133, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 374, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Al respecto, se destaca que si bien la jurisprudencia se integró conforme a la interpretación de disposiciones de la Ley de Amparo abrogada, continúa en vigor en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el cual se publicó la Ley de Amparo vigente, dado que el contenido de los preceptos ahí interpretados son de similar contenido al primer párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo vigente. De tal manera que, al no existir razón alguna que amerite la excepción a favor del recurrente de agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, lo procedente es desechar su demanda conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo.". Como se observa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, consideró que el juicio de amparo es improcedente en razón de que previo a su promoción la quejosa debió interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que al no agotarse ese medio ordinario de defensa existente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo (principio de definitividad). Ahora, al no advertirse que en la aludida resolución se haya dictado el proveído correspondiente por la superioridad, en acatamiento al artículo 103 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas sus consideraciones relativas a la notoria y manifiesta improcedencia de la demanda, por lo que al actualizarse la causal prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Por lo anterior, realícense las anotaciones del caso en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues se desechó la demanda de amparo; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese personalmente.
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