Gaston Agapito Reyes

Expediente 140/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
140/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2017

Partes del expediente

  • Gaston Agapito Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    VIII. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora en Regulación, en representación de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (fojas 339 a 340), comunica que en su base de datos encontró domicilio del tercero interesado Eduardo Ángel López Díaz. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento formulado a la oficiante, déjese insubsistente el apercibimiento decretado en el auto de mérito y como lo establece el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado para que emplace al tercero interesado Eduardo Ángel López Díaz, con copia simple de la demanda, auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis y del presente proveído, en el domicilio proporcionado cito en Unidad Privativa 5, del conjunto Urbano de tipo Mixto Habitacional Medio Residencial, Comercial y de Servicio denominado Foresta, Manzana 16, Lote 2, Vivienda 5, colonia Rancho San Antonio, Municipio de Metepec, Estado de México, y le haga saber la instauración del presente juicio de amparo, el derecho para apersonarse y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con quince minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete). Asimismo, agréguese a los autos la razón de cuenta, a través de la cual el actuario judicial adscrito manifiesta la imposibilidad de emplazar notificar al tercero interesado Eduardo Ángel López Díaz, por los motivos expresados en la constancia de referencia. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, como se ordenó en proveído de diez de enero de dos mil diecisiete (foja 320); sin embargo, en autos no existe constancia con la cual se acredite el emplazamiento del tercero interesado Eduardo Ángel López Díaz, pues en auto de treinta y uno de enero anterior (foja 320) se requirió a las autoridades siguientes: 1. Delegación Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. Delegado en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. Delegado en el Estado de México del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 4. Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 5. Director General del Instituto de la Función Registral del Gobierno del Estado de México. 6. Instituto Nacional Electoral Delegación Estado de México. Para que en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, investigaran y verificaran en sus registros el domicilio del citado tercero interesado Eduardo Ángel López Díaz, y dentro del plazo de tres días comunicaran el resultado de dicha investigación, sin que a la fecha hayan proporcionado la información solicita. En tales condiciones, a fin de integrar debidamente el sumario constitucional en que se actúa y no violar las reglas rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con quince minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, téngase por recibida la pieza postal signada por la Administradora de Correos del Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal en Toluca, Estado de México, por medio de la cual devuelve el oficio 881, dirigido a la autoridad: "Coordinador Regional de la Policía Ministerial en Atlacomulco, Estado de México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México", de la cual se desprende la leyenda "Rehusado, autoridad desconocida" (sic). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano federal a efecto de reenviar el oficio referido en el párrafo que antecede a la autoridad mencionada en su domicilio actual y correcto, el cual deberá investigar a fin de que no sea devuelta por segunda ocasión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    V. (AVISO QUEJOSO) Se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el cual es del tenor siguiente: "Vista la demanda de amparo promovida por Ana Cristina Bueno Castillo en favor de Gastón Agapito Reyes, contra actos del Fiscal general o Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno con el número 140/2017-V. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En la especie, Ana Cristina Bueno Castillo promueve la demanda de garantías en representación de Gastón Agapito Reyes, reclamando la orden de presentación, comparecencia, arresto o aprehensión girada en contra del quejoso, argumentando ". ello en razón de que se han presentado a su domicilio personas que han dicho que son agentes de la policía y que traen una orden en contra de la citada persona, sin que al respecto dejen mayores datos con relación a esa búsqueda que hacen del mismo.". Ahora bien, los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral7 a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley.8 El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,10 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de garantías, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el que establece una regla general a seguir para la procedencia del sumario constitucional, consistente en que éste únicamente puede promoverse por aquella persona a que perjudique la ley, tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto de autoridad, o en caso excepcional, este principio puede cumplirse a través del representante del agraviado, su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, cuando se reúnan los siguientes supuestos de procedibilidad: 1.- Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la multa excesiva, la confiscación de bienes, y cualquier otra pena inusitada y trascendental); 2.- Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo; Ahora bien, en el presente caso la promovente Ana Cristina Bueno Castillo, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 4 y 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado en la demanda de garantías, no se ubica en los casos que expresamente contempla el segundo de los preceptos legales mencionados, toda vez que lo que viene combatiendo en esta instancia constitucional, es una orden de presentación, comparecencia, arresto o aprehensión; la cual, si bien es cierto, tiene por objeto restringir la libertad personal del indiciado para hacerlo comparecer ante el Juez de la causa, también lo es, que no se trata de alguna pena o acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, ni alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro. A mayor abundamiento, de la lectura integral de la demanda de garantías, no se aprecia que el quejoso Gastón Agapito Reyes, se encuentre imposibilitado de promover la demanda de manera directa, pues no se encuentra detenido o sujeto a incomunicación alguna. Por tal razón, estaba en aptitud de promover el juicio de garantías, por su propio derecho. Luego, si en el presente caso, el acto reclamado no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni se advierte que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover la demanda de garantías, entonces, no se cumple con el principio de parte agraviada que rige el juicio de amparo, ya que no se está en el supuesto de excepción para que la promovente Ana Cristina Bueno Castillo, interpusiera la demanda en representación de Gastón Agapito Reyes. En las asentadas condiciones, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 15 interpretados a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de garantías promovida por Ana Cristina Bueno Castillo en favor de Gastón Agapito Reyes. Señalamiento de domicilio. Con fundamento en el artículo 27 fracción I de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala, facultando al funcionario judicial para que en caso de ser necesario, realice las diligencias que se deriven del presente asunto en los términos establecidos en artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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