Gaspar Vargas Díaz
Expediente 850/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gaspar Vargas Díaz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil veintitrés.********************Informa********************Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dicho Tribunal de Alzada, tuvo por recibido el diverso oficio con el que le fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo ********************/2023, así como el escrito de expresión de agravios del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa.********************Asimismo, comunica que se admitió a trámite el referido medio de impugnación, habiéndose registrado bajo el consecutivo ********************/2023.********************Lo anterior, se asienta en términos del artículo 219, del Código federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. ********************Notifíquese por lista electrónica.********************Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Interpone recurso de queja Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta, mediante el cual ********************, interpone recurso de queja contra el auto seis de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio de amparo ********************/2023. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se ordena la integración del recurso de queja que se hace valer. Ahora, se estima innecesaria la vista a las partes a que alude el numeral 101 de la legislación de la materia, dado que, el recurso de queja se interpone contra el auto por el que se desechó la demanda, lo que implica que, al no admitirse, la parte quejosa es la única parte en el juicio. En consecuencia, para la substanciación y resolución del recurso de queja, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el juicio de amparo en que se actúa, el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente y el informe sobre la materia de la queja. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 850/2023-II. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. Así es, el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, establece: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En el caso, se desprende del escrito de demanda que la parte quejosa reclama lo siguiente: La retención del ******* marca *******, placas *******, número de serie *******, año *******, así como de la caja cerrada que remolca, con tarjeta de circulación para el servicio de autotransporte federal número *******, con registro federal *******, modelo *******, marca *******, con placas *******, respecto de los cuales se ostenta propietario; lo que aduce, ocurrió el catorce de agosto del año en curso, con oficio emitido desde el uno de agosto del año en curso. La negativa de dar respuesta a su solicitud de liberación del vehículo y caja descritos, recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de la Aduana de Ciudad Juárez y registrado con bajo el consecutivo *******; y el diverso escrito de petición que aduce, le recibieron el uno de septiembre de dos mil veintitrés, con folio *******. I. Pues bien, respecto del primer acto, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Artículo 17. el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Al respecto, el referido plazo empezara a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas, en cuyo caso, se empezará a computar a partir del día de su entrada en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998, página 461, Novena Época, materias Común y Constitucional, con registro digital 196391, cuyo rubro y texto son los siguientes: LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, como ya se indicó, la parte quejosa reclama la retención del ******* marca *******, placas *******, número de serie *******, año *******, así como de la ******* que remolca, con tarjeta de circulación para el servicio de autotransporte federal número *******, con registro federal *******, modelo *******, marca *******, con placas *******, respecto de los cuales se ostenta propietario, y de lo cual, según manifestó el propio promovente, tuvo conocimiento desde el catorce de agosto de dos mil veintitrés, pues en esa fecha, fue que le retuvieron los bienes muebles en comento al cruzar la franja fronteriza. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues el término de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto inició el quince de agosto de dos mil veintitrés y concluyó el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, así como dos y tres de septiembre, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley en cita. En ese sentido, como ya se indicó, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se recibió en el Buzón de la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, el cinco de septiembre del año en curso, fecha en que había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubica dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En virtud de lo antes expuesto, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. II Ahora, respecto del segundo acto reclamado, quien resuelve estima actualizada, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Sobre el tema que se analiza, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, respecto del segundo acto reclamado, es importante destacar los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y constituye una confesión de su parte, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los que en esencia, manifiesta que reclama de las responsables la falta de respuesta a su solicitud de liberación del vehículo y caja descritos, recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de la Aduana de Ciudad Juárez y registrado con bajo el consecutivo ******* y el diverso que aduce, le recibieron el uno de septiembre de dos mil veintitrés, con folio *******. En criterio de quien resuelve, el presente juicio de amparo deviene notoriamente improcedente, toda vez que, por las particularidades del caso, no existe una afectación material a derechos sustantivos. En efecto, de lo manifestado por la parte quejosa no se advierte que exista una lesión a su derecho de petición previsto en el numeral 8 Constitucional, en virtud de que como lo señala al haber presentado los escritos donde formuló las peticiones que indica, ante la autoridad responsable relativa, el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés y el uno de los actuales, si bien es cierto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cinco de septiembre de dos mil veintitrés) han transcurrido once días hábiles respecto del primero y apenas uno por lo que hace al segundo, también lo es, que el cuarto párrafo del numeral 78-B de la Ley Aduanera, prevé que las autoridades aduaneras tienen un plazo de cuatro meses para dar contestación a las peticiones de los importadores, relacionadas con sus mercancías. Por tanto, el plazo de cuatro meses aludido, al día de hoy, no ha fenecido, sino que, únicamente han transcurrido once días hábiles, desde que presentó su primer escrito petitorio y un día hábil, respecto del segundo. Sentado lo anterior, se demuestra que la autoridad responsable no ha incurrido en una omisión que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo, pues a la fecha de la presentación de la demanda, no se advierte que haya concluido el plazo que tiene para emitir su respuesta. Por lo expuesto, es inconcuso que el segundo acto reclamado no produce una afectación de imposible reparación. En las relacionadas condiciones, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario. III. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la diversa jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la Actuaria Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. De conformidad con el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en amplios términos a ******* toda vez que se encontró inscrito en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el indicado. Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial A adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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