Gaspar Raúl Gómez Alamilla y Otros.
Expediente 1335/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gaspar Raúl Gómez Alamilla
- Gaspar Raúl Gómez Alamilla y Otros.
- Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el informe justificado de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad responsable, por el cual adjunta diversas constancias relacionadas con el acto reclamado deducido del expediente 13/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la abstención de dictar resolución a la solicitud del cambio de depositario de un vehículo embargado en autos del juicio ejecutivo mercantil 13/2019, mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las copias certificadas que la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, adjuntó a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó el auto respecto al cambio de depositario del vehículo embargado en autos del juicio ejecutivo mercantil número 13/2019, atento a lo solicitado por la parte quejosa, el cual fue notificado a las partes, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Esto último, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. De igual forma, sin que sea el obstáculo a lo anterior, el hecho de que no hubiese sido emplazada a juicio a la parte tercero interesada Carmen Guadalupe Puc Noh, en términos de la razón actuarial que obra agregadas en autos, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno, aunado de que en la especie se actualizó de una manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO-VI.. Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el informe justificado de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad responsable, por el cual adjunta diversas constancias relacionadas con el acto reclamado deducido del expediente 13/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la abstención de dictar resolución a la solicitud del cambio de depositario de un vehículo embargado en autos del juicio ejecutivo mercantil 13/2019, mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las copias certificadas que la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, adjuntó a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó el auto respecto al cambio de depositario del vehículo embargado en autos del juicio ejecutivo mercantil número 13/2019, atento a lo solicitado por la parte quejosa, el cual fue notificado a las partes, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Esto último, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. De igual forma, sin que sea el obstáculo a lo anterior, el hecho de que no hubiese sido emplazada a juicio a la parte tercero interesada Carmen Guadalupe Puc Noh, en términos de la razón actuarial que obra agregadas en autos, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno, aunado de que en la especie se actualizó de una manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
VIII. ART. 27 FRACC. C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que aún no se ha emplazado a la tercero interesada Macuilli Calpulli Resolución de Cartera S de R.L de C.V; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con diez minutos del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Ahora bien, toda vez que a pesar de la investigación ordenada en auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve se desconoce el domicilio de la nombrada tercera interesada Macuilli Calpulli Resolución de Cartera S de R.L de C.V se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe si ya tiene conocimiento de un diverso domicilio de la nombrada tercera interesada, a fin de poder notificarle y emplazarla a juicio; apercibida que de no hacer manifestación alguna, se ordenará el emplazamiento de la mencionada tercero interesada por medio de edictos, en principio, a costa de la parte quejosa, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, como se ordenó en auto de veinticinco de junio del año en curso. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Presidenta de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se advierte que mediante escrito que se presentó en el juicio de origen el veintiséis de junio de dos mil dieciséis, "Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderado legal, manifestó que el crédito hipotecario que reportaba el predio embargado en autos del juicio ejecutivo mercantil 599/2017, fue cedido a Macuilli Calpulli Resolución de Cartera S de R.L de C.V. por lo que no era el acreedor de los derechos hipotecarios correspondientes al predio de mérito, ( foja 117 del cuaderno auxiliar). En tal virtud, requiérase a la "Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe si tiene conocimiento del domicilio del nombrado tercero interesado Macuilli Calpulli Resolución de Cartera S de R.L de C.V. , a fin de poder notificarle y emplazarlo a juicio; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior y de no hacer manifestación alguna,, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sin que la presente acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese y personalmente al quejoso y al "Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderado legal. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
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