Gaspar Orlando Carrillo Arjona
Expediente 1795/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1795/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gaspar Orlando Carrillo Arjona
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: Agréguese el oficio 1564, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca 388/2022, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Gaspar Orlando Carrillo Arjona, contra el auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós; resolución en la que se advierte que la citada Superioridad resolvió: "ÚNICO.- Es INFUNDADO el presente recurso de queja interpuesto por GASPAR ORLANDO CARRILLO ARJONA, en contra del auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, dictado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1795/2022-I." Ahora bien, tal como solicita, acúsese el recibo correspondiente vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán a doce de agosto de dos mil veintidós Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, suscrito por e el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el Estado de Yucatán, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto emitido por este órgano jurisdiccional, en el que se desechó la demanda de amparo; formándose por tal motivo el toca 388/2022. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de veintiséis de julio del año en curso no se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo y se requirió a la autoridad responsable Afore Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, remita un informe detallado en el que se desglose por mes y cantidad lo que se pagó de la pensión a la parte quejosa, respecto de la cantidad de cien mil setecientos treinta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional, así como los pagos de la pensión que corresponden al mes de junio y julio del presente año. En tal virtud, dado que hasta la fecha no se cuenta las constancias que acrediten el referido cumplimiento cabal de la ejecutoria que nos ocupa; con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a Afore Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que en el plazo de tres días, legalmente computado, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, concretamente, remita a este Juzgado las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; esto es, un informe 20/07/23 21:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4c.05 LIBIA BEATRIZ CUA MEJIA detallado en el que se desglose por mes y cantidad lo que se pagó de la pensión a la parte quejosa, respecto de la cantidad de cien mil setecientos treinta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional, así como los pagos de la pensión que corresponden al mes de junio y julio del presente año, apercibida, que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Gaspar Orlando Carrillo Ancona, contra actos que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 1795/2022-I. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo1, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la Ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la Ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del Juicio, ya que a nada jurídicamente practico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaria a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Lo anterior es así, toda vez que del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución del toca penal 30/2022, de once de julio de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, en la que se revocó la audiencia intermedia de quince de marzo dictada en la causa penal 104/2021, del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y se ordenó admitir la prueba documental ofertada por la representación social consistente en el acta de entrevista de la menor agraviada R.V.C.S. de nueve de marzo de dos mil veinte y una pericial a cargo del perito forense de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, la suscrita juzgadora considera que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo (estos últimos interpretados en sentido contrario). Dichos preceptos establecen: De la Constitución. "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:(.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...)." En términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto tiene el carácter de excepcional, debido a que, tratándose de actos dentro de juicio, sólo procede contra aquellos que sean susceptibles de producir una ejecución de imposible reparación; es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos, como lo son la vida, la libertad, la salud, la propiedad, por citar algunos ejemplos. Ahora, en el caso de actos procesales, se considera que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Ahora, dentro de los actos procesales, se encuentran las determinaciones que se relacionan con pruebas ofrecidas por alguna de las partes en un juicio - admisión, exclusión o la forma en que se pretendan recibir o desahogar- y, por regla general, no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto, ya que con esas actuaciones normalmente no se transgreden derechos sustantivos, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión. Dentro de las excepciones a dicha regla general, podemos citar la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación o la pericial en genética; así, las determinaciones que ordenan el desahogo de dichas pruebas, sí pueden ser controvertidas a través del juicio amparo, por el impacto que generan de forma inmediata en la persona, al relacionarse con aspectos de su privacidad y/o intimidad, y que, aún obteniendo sentencia favorable, las cosas no volverían a ser igual (en el caso de los ejemplos citados, la información obtenida a través de la pericial contable o genética ya habría quedado revelada y no habría forma de que ésta recuperara su secrecía). Establecido lo anterior, tenemos que, en el caso concreto, se reclama la resolución dictada en apelación, que en la que se revocó la audiencia intermedia de quince de marzo dictada en la causa penal 104/2021, y se ordenó admitir la prueba documental ofertada por la representación social consistente en el acta de entrevista de la menor agraviada R.V.C.S. de nueve de marzo de dos mil veinte y una pericial a cargo del perito forense de la Fiscalía General del Estado (pruebas que previamente se habían excluido). Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable consideró que se deben de exceptuar de la regla general establecida en el numeral 385 del Código Nacional de Procedimientos Penales2. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado sólo trae como consecuencia la admisión de los medios de prueba en comento ofrecidas por la representación social en la audiencia intermedia y, por tanto, que éstos serán desahogados en juicio oral. En tales condiciones, se concluye que la resolución combatida no afecta derechos fundamentales de la parte quejosa (vida, libertad, salud, propiedad, etc.), debido a que, los efectos del acto reclamado se circunscriben a admitir dos pruebas ofrecidas por la representación social en la audiencia intermedia y ello podría, incluso, ni siquiera trascender al resultado del fallo. 2 Artículo 385. Prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos No se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate, a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la Policía o el Ministerio Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este Código. No se podrán incorporar como medio de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. JUAN CARLOS MAIZA HAU 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.fc.ab 24/01/23 21:33:38 SECCIÓN AMPARO MESA I EXP. 1795/2022 Además, no debe perderse de vista que, en etapa de juicio oral y según la teoría del caso que pretenda desarrollar la defensa, ésta puede cuestionar el valor que debe otorgarse a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, por citar un ejemplo; de ahí que, se insiste, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no genera una afectación de ejecución irreparable, más allá de lo procesal. Es orientador el criterio aprobado en sesión privada de veinte de octubre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/2021, del tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. JUSTIFICACIÓN: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos." En ese contexto debe ser entendido el acto que admite pruebas es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la admisión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente; sin embargo, el criterio de mérito, alude a que, cuando la exclusión de medios de prueba, implique una carga injustificada al imputado, de ejecución inmediata, que trastoque derechos fundamentales, el juicio de amparo indirecto sí será procedente. Sin embargo, en el caso concreto, no se actualiza la excepción de mérito, en virtud de que: I. Los presupuestos procesales otorgan seguridad jurídica a las partes y, por tanto, no constituyen una carga injustificada. Por tanto, el hecho de que haya revocado la audiencia intermedia de quince de marzo pasado y se ordenara la admisión de los medios probatorios ofrecidos por considerar que éstos deben exceptuarse de la regla general prevista en el numeral 385 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no causa un perjuicio de imposible reparación al quejoso. II. Los requisitos procesales para el ofrecimiento de medios de prueba en la audiencia intermedia, no son materia de análisis en el presente juicio.Ahora, para estar en condiciones de analizar si los requisitos para el ofrecimiento de pruebas en la etapa intermedia, podrían constituir una carga injustificada para el imputado, era necesario que el quejoso impugnara la constitucionalidad del numeral que prevé aquéllos, a saber, el artículo 385 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que en el caso no aconteció. De ahí que, al no formar parte de la litis constitucional, esta juzgadora no puede emprender un análisis oficioso de constitucionalidad de la norma en cita. III. No existe contradicción entre los hechos y el derecho. Es decir, su reclamo no descansa en que intentó presentar el escrito donde ofrecía sus medios de prueba - dentro del tiempo señalado por la ley- y la autoridad responsable se negó a recibirlo o a darle el trámite correspondiente; tampoco refiere que no se le notificó cuándo inició el plazo para su ofrecimiento, por citar algunos ejemplos; y, así, en su caso, poder estar en posibilidad de analizar si la actuación de la autoridad, constituyó o no una carga injustificada para el imputado. De ahí que, se insiste, en el caso concreto, se concluye que la resolución reclamada no impone una carga injustificada al imputado en el proceso penal, de ejecución inmediata, que trastoque derechos sustantivos y, por tanto, que el juicio de amparo resulte procedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que estatuye lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES 3 con registro digital 2023589. IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso.En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otro lado, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda; y como sus autorizados, a las personas señaladas con las facultades conferidas para tal efecto; asimismo, ténganse como medios alternativos de comunicación, el número telefónico y dirección de correo electrónico que proporcionan en la boleta adjunta a sudemanda de mérito. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente y sus autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. De igual forma, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, proporcionando para ello el nombre de usuario "LIC.ZapataArceo85", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con su nombre de usuario "LIC.ZapataArceo85",, o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del referido usuario en el presente juicio de amparo. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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