Gaspar Martin Zavaleta Paz

Expediente 2406/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2406/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Gaspar Martin Zavaleta Paz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio ********************signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el personal de esas oficinas disfrutará de su segundo periodo vacacional, correspondiente al año en curso, del veinte de diciembre de la presente anualidad, al dos de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el día diecinueve de diciembre del año en curso, se encuentra establecido como día inhábil, por lo que durante ese período dicho Tribunal permanecerá cerrado, y en consecuencia, no habrán actuaciones ni correrán términos de ley. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 2406/2022-VI-A promovido por en contra del acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán con sede en Mérida y turnado el siete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito compareció el referido quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de diez de octubre de dos mil veintidós se registró la demanda de que se trata con el número 2406/2022-VI-A y por los motivos ahí expuestos se desechó la misma por lo que hace al acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad consistente en la omisión de notificar a las partes la sentencia definitiva que se dicte en el juicio contencioso administrativo . Por otro lado se admitió a trámite la demanda respecto al restante acto reclamado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y finalmente se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en la ciudad de Mérida es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y37 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo por técnica jurídica se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio lo cual encuentra fundamento además en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Tomo XI abril de 2000 página 32 cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo." En el mismo tenor cobra aplicación al respecto la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Tomo XIX abril de 2004 página 255 que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo en algunos casos ello resulta insuficiente por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar además los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas de la lectura de la demanda de amparo como de las constancias que obran en autos se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo . TERCERA. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado con sede en esta ciudad pues no obstante que lo negó al rendir su informe justificado realizó diversas manifestaciones que evidencian su existencia lo que se corrobora de igual manera con las copias certificadas que acompañó al mismo. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito consultable en la página 391 tomo XIV correspondiente a julio de 1994 Octava Época del Semanario Judicial de la Federación registro 211 004 cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye ya sea de manera lisa y llana o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa empero no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y además expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen pues en ese caso lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis se debe verificar la procedencia del juicio constitucional cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco Tomo VI Materia Común visible a página 543 cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente" En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63 fracción V del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de los efectos del acto que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo es decir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir por su parte lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata total e incondicional de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso la jurisprudencia 103 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página ochenta y uno del tomo VI materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 con registro 917637 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73 fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera la diversa jurisprudencia J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página doscientos diez del tomo VII febrero de 1998 Materia Común Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro 196820 cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas de tal suerte que restablezcan de modo total la situación anterior a la promoción del juicio produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En efecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el diez de febrero de dos mil veinte dictó la correspondiente resolución en autos del expediente . Lo anterior evidencia indudablemente que cesaron los efectos del acto reclamado pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que la autoridad responsable dictara la resolución de que se trata el diez de febrero de dos mil veinte esto es con antelación a la presentación del escrito de demanda (seis de octubre del presente año) toda vez que fue hasta el veinte de octubre de dos mil veintidós cuando se le notificó al inconforme dicha determinación; es decir con posterioridad a la presentación del líbelo de amparo; por lo que es evidente que la parte quejosa tuvo conocimiento de la resolución en cita hasta esa fecha y al ser así es claro que ahora se actualiza la causal de improcedencia de mérito. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P.CL/97 consultable en la página 71 del Tomo VI Noviembre de 1997 Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro 197367 en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia al haberse concretado la causal de improcedencia respecto a dicho acto lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional con apoyo en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio como acontece impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible a página 49 del Semanario Judicial de la Federación Tercera Parte materia común que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º fracción II de la Constitución Federal el Estado a través de las dependencias entidades y organismos que lo integran se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto sus datos personales no se harán públicos y por tanto deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales Título Cuarto "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)" Capítulo Cuarto "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 74 75 76 77 y 217 de la Ley de Amparo es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por en contra del acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe previo que corresponde al Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México (25424). Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia incidental relativa. Asimismo, téngase como domicilio y delegados los que señala en su informe de cuenta. De igual forma, glósense a este expediente los diversos oficios de cuenta con registros de promoción 25383 y 25381; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que ya se tuvo por rendido el informe que relacionan. Notifíquese y cúmplase.

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