Gasolinería el Mahoma S.A. C.V. y Otros.

Expediente 485/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
485/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Gasolinería el Mahoma S.A. C.V.
  • Ayuntamiento Municipal Constitucional De Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas, Por Conducto Del Sindico Municipal
  • Gasolinería el Mahoma S.A. C.V. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, presentado por la persona moral denominada "Gasolinera El Mahoma, Sociedad Anónima de Capital Variable" por conducto de su autorizado en términos amplios Juan Eduardo Martínez Figueroa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de tres de mayo del año en curso y realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia de amparo. Acuerdo. Atento a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al dictar la resolución que en derecho corresponda.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de abril de dos mil veintidós. Promoción. Agréguese a los autos los oficios de cuenta, signado por el Síndico Municipal, Secretario Municipal y Responsable de la Ventanilla Única y Regularización de la Tenencia de la Tierra; Director de Obras Públicas, todos pertenecientes al Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, con sede en esa localidad mediante el cual, en atención al requerimiento de seis de abril del año en curso, y a la sentencia constitucional emitida en este juicio, informa el cumplimiento dado a esta última; y anexa las constancias con las cuales acredita lo anterior. Vista de cumplimiento. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, y córrase traslado con copia simple de las constancias que anexan las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional. Instrucción. Con la indicación para el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, que al momento de realizar la diligencia de notificación respectiva, deberá de hacer constar la entrega de las documentales referidas en el párrafo que antecede. Apercibimiento. Por otra parte, se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la vista otorgada en el plazo concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades responsables. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el Presidente Municipal Del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, con residencia en esa localidad, no ha informado lo solicitado mediante oficio 662-BR, sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, a pesar de estar debidamente notificado de dicho requerimiento, según acuse de recibo que obra en autos del oficio antes mencionado. En consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de seis de abril del año en curso, y se le impone a la citada autoridad, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional). Obligación de proporcionar datos personales. Atento a lo anterior, requiérase al Ayuntamiento Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, con residencia en esa localidad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, proporcione, los siguientes datos: Nombre completo, clave en el Registro Federal de Contribuyentes con homoclaves, fecha de nacimiento y domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o delegación política, según se trate), del Presidente Municipal del Ayuntamiento Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no proporcionar la información solicitada dentro del plazo fijado, se hará acreedora a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Reserva. Resérvese de girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Chiapas "1" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en esta ciudad, hasta en tanto la autoridad señalada en líneas precedentes dé cumplimiento al requerimiento solicitado. Requerimiento. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, con residencia en esa localidad, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, cumplan con el fallo concesorio. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $ 9,622.00 (nueve mil seis cientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Requerimiento superior jerárquico. Por otra parte, con apoyo en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, gírese oficio al Ayuntamiento Municipal en Pleno de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, con residencia en esa localidad, como superior jerárquico de la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguiente a que surta efectos la notificación del presente proveído, ordene a su inferior cumplir con la cumpla con el fallo concesorio cuyos puntos son los siguiente "(.) a) Dejar sin efecto el contenido del oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, con el que se dio respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido el veintisiete siguiente; y, b) Acto seguido, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, con libertad de jurisdicción, de forma fundada y motiva, proceda nuevamente a dar respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido el veintisiete siguiente suscrito por la parte quejosa, en la que, se precise de forma detallada los artículos legales y consideraciones pertinentes, sobre la procedencia o no de la pretensión de la impetrante del amparo, la cual también deberá notificarla de forma personal. (.)". Además, deberá de tomar en cuenta lo decretado en autos de veinticuatro de marzo del año en cita, por el que se tuvo por no cumplida la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno; cuya parte considerativa es la siguiente: "(..) En ese orden ideas, toda vez que no quedó acreditada la competencia del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se le ordena dejar insubsistente el 1. acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós; 2. oficio número DOPM/007/2022, de siete de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se da contestación al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte; 3. constancia de notificación del DOPM/007/2022, de siete de enero de dos mil veintidós; 4. cédula de notificación de dieciocho de enero de dos mil veintidós, signado por el Inspector Verificador adscrito a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; y, 5. copias fotostáticas certificadas de diversas fotografías relacionadas con la notificación personal del oficio número DOPM/007/2022, antes citado; toda vez que no pueden coexistir con el cumplimiento del fallo concesorio. (.)". Apercibimiento. Para lo cual deberá remitir las constancias con las que acredite el cumplimiento de lo anterior, apercibida que de ser omisa, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo se impondrá a cada uno de los integrantes de dicho ayuntamiento una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientas ochenta y un pesos moneda nacional). Es aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2a./J. 3/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél.(Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998, página 160 con Registro digital: 196904). Incidente de inejecución. Sin que haya lugar a dar tramite al incidente de inejecución de sentencia, en virtud de que en párrafos que anteceden se advierte que las autoridades responsables se encuentran realizando las gestiones necesarias con el fin de dar cumplimiento al fallo constitucional emitido en el presente juicio. Notifíquese personalmente. ------------------------------------------- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 485/2020, POR ASÍ HABERLO SOLICITADO Y ASÍ HABERSE ACORDADO; EN CONSECUENCIA SE NOTIFICA EL PRESENTE AUTO QUE ANTECEDE, HACIÉNDOSELE DE SU CONOCIMIENTO QUE MEDIANTE SU USUARIO AUTORIZADO EN EL SISTEMA IMPLEMENTADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PODRÁ DESCARGAR DIRECTAMENTE DESDE EL PORTAL RESPECTIVO LAS REFERIDAS CONSTANCIAS, LAS CUALES TIENEN VALIDEZ OFICIAL, PUES CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CORRESPONDIENTES, COMO LO ESTABLECE EL ACUERDO 12/2020, EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN SU ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VII.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Juan Eduardo Martínez Figueroa, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita que las notificaciones del acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, se realicen a las autoridades responsables dentro del término establecido por la ley de amparo. Acuerdo. Ahora bien, dígasele al promovente que los oficios ya fueron entregados a las autoridades responsables, lo cual podrá constatar tomando en consideración que la persona moral quejosa solicitó la consulta del expediente electrónico y proporcionó su usuario, por lo que dichas actuaciones judiciales se encuentran disponibles para su visualización, por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Preámbulo. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierten que la parte quejosa ha desahogado la vista que se le dio con relación al cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de dicho cumplimiento, con base a las actuaciones que constan en el juicio. Marco procesal. Los actos reclamados en esta instancia constitucional consistieron en: "Demanda inicial: Del 1) Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa y 2) Encargado de la Ventanilla Única y Regularización de la Tenencia de la Tierra del citado Ayuntamiento: a). - La falta de respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido por la primera autoridad el veintisiete siguiente (foja 8). Primera ampliación de demanda: Del 3) Secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas: b). - El contenido del oficio SMPAL/0763/2020 de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, con el que se da respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido por el Ayuntamiento el veintisiete siguiente (foja 29). Segunda ampliación de demanda: Del 4) Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas: c). - El contenido del oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, con el que se da respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido por el Ayuntamiento el veintisiete siguiente (foja 91). Tercera ampliación de demanda: Del 5) Cabildo Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas: d). El acta de cabildo de la sesión extraordinaria número 0005 celebrada el veinticinco de junio de dos mil veinte, específicamente, la aprobación del punto V del orden día, que autoriza al Presidente Municipal la representación legal del Ayuntamiento. Del 6) Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas: e). La complementación de motivación al oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, hecho en su informe justificado recibido el veinte de noviembre de dos mil veinte (foja 113)." Los efectos de la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 349 a 355) dictada en el presente juicio, consistieron en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Es para el Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas, a través de su Presidente o quien cuenta legal representación, proceda a realizar lo siguiente: a).- Dejar sin efecto el contenido del oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, con el que se dio respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido el veintisiete siguiente (foja 91). b).- Acto seguido, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, con libertad de jurisdicción, de forma fundada y motiva, proceda nuevamente a dar respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido el veintisiete siguiente suscrito por la parte quejosa, en la que, se precise de forma detallada los artículos legales y consideraciones pertinentes, sobre la procedencia o no de la pretensión de la impetrante del amparo, la cual también deberá notificarla de forma personal." Informes de cumplimiento. Las autoridades responsables 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas (fojas 411 a 432); 2. Encargado del Área de Ventanilla única y Regularización de la Tenencia de la Tierra de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas (fojas 433 a 464); 3. Síndico Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas (fojas 485 a 491); y, 4. Secretario Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas (fojas 492 a 518), mediante oficios H.A.M/D.P.M./0024/2022; DOP/VU/004/2022; H.A.M./SM/014/2022; H.A.M/SM/0025/2022, respectivamente, informaron el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, anexando para ello, las actuaciones consistentes en el acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, signado por el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; constancia de notificación del oficio número DOPM/007/2022, de siete de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se da contestación al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte; cédula de notificación de dieciocho de enero de dos mil veintidós, signado por el Inspector Verificador adscrito a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; copias fotostáticas certificadas de diversas fotografías relacionadas con la notificación personal del oficio número DOPM/007/2022, antes citado (415 a 437; 440 a 464; 467 a 491; y, 494 a 518); documentales que, por tener la naturaleza de público, se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, párrafo segundo. Asimismo, la diversa autoridad Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas (fojas 371 a 399), mediante oficio número DPOM/013/2022, de diecinueve de enero de dos mil veintidós, manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio y para tal efecto remitió las documentales públicas que precisadas quedaron en el párrafo anterior, las cuales no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, mismas que por ser documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, párrafo segundo. Disensos contra el cumplimiento. La parte quejosa, mediante escrito recibido el ocho de febrero de dos mil veintidós a través del buzón judicial del Poder Judicial de la Federación (fojas 523 a 587), afirmó que la sentencia dictada en el presente juicio no se encuentra cumplida; debido a que hay exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que el Director de Obras Públicas fue más allá de sus atribuciones, al dejar sin efectos un acto emitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento responsable, toda vez el artículo 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, establece que el único que puede decretar la nulidad o dejar sin efecto el acto administrativo es el superior jerárquico de la autoridad responsable que lo haya emitido; por lo que, el diverso acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, emitido por el Director de Obras Municipales, es nulo, en sí mismo y en sus frutos, citando para tal efecto la tesis de rubro "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.". Dicho motivo de disenso es fundado, como enseguida se explicará. Consideraciones previas. Antes conviene precisar que para evaluar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo debe atenderse no sólo a los efectos expresamente destacados en la sentencia de amparo, sino también a las consideraciones y lineamientos definidos en el propio fallo, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción. Luego, atento a lo dispuesto por los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, los cuales imponen la obligación de cumplir puntualmente las ejecutorias de amparo; el órgano judicial de amparo, mediante resolución fundada y motivada, deberá declarar si dicho fallo está cumplido o no, si la autoridad obligada a ello incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En el entendido que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional de primera instancia, de oficio, se encuentra constreñido a realizar un análisis del cumplimiento informado por las autoridades responsables, a fin de constatar si éstas acataron todos los aspectos definidos como violatorios de derechos fundamentales en su nuevo acto; para lo cual, de acuerdo a lo previsto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará, incluso, si las responsables incurrieron en exceso o defecto en la emisión de la resolución, o en su caso, hubiera imposibilidad de darle cumplimiento. Lo anterior, debido a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público en cuya observancia está interesada la sociedad; máxime que, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ningún expediente puede archivarse, sino hasta que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido la protección constitucional. Análisis del cumplimiento. Como se dijo con anterioridad, los efectos del fallo protector fueron los siguientes: a) Dejar sin efecto el contenido del oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, con el que se dio respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido el veintisiete siguiente b) Acto seguido, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, con libertad de jurisdicción, de forma fundada y motiva, proceda nuevamente a dar respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido el veintisiete siguiente suscrito por la parte quejosa, en la que, se precise de forma detallada los artículos legales y consideraciones pertinentes, sobre la procedencia o no de la pretensión de la impetrante del amparo, la cual también deberá notificarla de forma personal. Ahora, en acatamiento a los citados efectos, derivados de los transcritos lineamientos, las autoridades responsables 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas (fojas 411 a 432); 2. Encargado del Área de Ventanilla única y Regularización de la Tenencia de la Tierra de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas (fojas 433 a 464); 3. Síndico Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas (fojas 485 a 491); y, 4. Secretario Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas (fojas 492 a 518), mediante oficios DPOM/013/2022; H.A.M/D.P.M./0024/2022; DOP/VU/004/2022; H.A.M./SM/014/2022; H.A.M/SM/0025/2022, respectivamente, informaron que la diversa autoridad Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas, mediante auto de seis de enero de dos mil veintidós, dejó sin efectos el contenido del oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte (foja 411); asimismo, que mediante oficio número DOPM/007/2022, de siete de enero de dos mil veintidós, dio contestación al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el cual notificó a la parte quejosa, a través de cédula de notificación por conducto de Sergio Amador Zamora, quien se identificó con credencial para votar con fotografía clave de elector AMZMSR72062721H900, como se advierte a fojas 415 a 437 del juicio de amparo. De la confrontación de los efectos de la sentencia de amparo, con el cumplimiento a dicha resolución por las responsables y las manifestaciones de la parte quejosa en contra de dicho cumplimiento, es incuestionable, como se adelantó, que le asiste razón al impetrante de amparo, cuando refiere que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que el oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, con el que se dio respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, no fue dejado sin efectos por la autoridad que lo emitió, en el caso el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; si no por una diversa que carece de competencia para emitirlo. Lo anterior es así, pues del análisis de los informes de cumplimiento se advierte que la diversa autoridad Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, pretendió dar cumplimiento al efecto concesorio precisado en el inciso a), pues mediante oficio DOPM/013/2022, de diecinueve de enero de dos mil veintidós, informó que dejó sin efecto el oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, con el que se dio respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, signado por la parte quejosa. Sin embargo, no lo hizo en realidad, toda vez que si bien fundó y motivó su determinación en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, fracciones XVII y demás relativos de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; 1,2,3,12 al 21, 45 al 59, 65 al 72, 86 y demás relativos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas; 1,2,3, 44, fracciones XXVII, XXIX, XXXV y XXXVIII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; 1, 2, 3, 4, 5, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 131, del 139 al 160 y demás relativos del Reglamento de Construcción e Imagen Urbana del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, lo cierto es que, del análisis de cada uno de ellos, ninguno le otorga competencia para dejar insubsistente las determinaciones del Presidente Municipal Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Para sostener lo anterior, se transcriben los artículos citados con anterioridad, que son los siguientes: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público. c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto. e) Panteones. f) Rastro. g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción; VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia. VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente; VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. IX. Derogada. X. Derogada. Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; Artículo 45. Son atribuciones de los Ayuntamientos: (.) XVII.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y sistemas ecológicos, así como controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones, en los términos de las Leyes federales y estatales respectivas; (.) Ley de procedimientos administrativos para el Estado de Chiapas. ARTÍCULO 1.- las disposiciones del Libro Primero de esta Ley son de orden e interés Públicos, y se aplicaran a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal, a los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado o los Municipios presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el Estado o los municipios. El procedimiento administrativo previsto en el Libro Primero de esta Ley no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, de afectación de bienes o derechos por causa de utilidad pública; ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, los que se regirán por sus leyes respectivas. Para los efectos del Libro Primero de esta Ley, sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas, las que podrán ser recurridas en términos del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. ARTÍCULO 2.- Esta Ley, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente. ARTÍCULO 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo; II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; V. Estar fundado y motivado; VI. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley; VII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; VIII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; IX. Mencionar el órgano del cual emana; X. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas; XI. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; XII. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo; XIII. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan; y XIV. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley. ARTÍCULO 12.- Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación de los particulares ante la Administración Pública Estatal, de la Administración Pública Municipal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa. ARTÍCULO 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. ARTÍCULO 14.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada. ARTÍCULO 15.- La Administración Pública Estatal y Municipal no podrán exigir más formalidades que las expresamente previstas en la Ley. Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos. ARTÍCULO 16.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se disponga otra cosa respecto de algún trámite: I. Los trámites deberán presentarse solamente en original, y sus anexos, en copia simple, en un tanto. Si el interesado requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una copia para ese efecto; II. Todo documento original puede presentarse en copia certificada y éstos podrán acompañarse de copia simple, para cotejo, caso en el que se regresará al interesado el documento cotejado; (reformado p.o. num. 095-2da.sección de fecha 28 de Mayo) III. Tratándose de los permisos, registros, licencias y, en general, de cualquier documento expedido por la dependencia u organismo descentralizado de la administración pública estatal o municipal ante la que realicen el trámite, no será necesaria la presentación de copias, bastará con que los interesados señalen los datos de identificación de dichos documentos; y, IV. Excepto cuando un procedimiento se tenga que dar vista a terceros, los interesados no estarán obligados a proporcionar datos o entregar juegos adicionales de documentos entregados previamente a la dependencia u organismo descentralizado de la administración pública estatal o municipal ante la que realicen el trámite correspondiente, siempre y cuando señalen los datos de identificación del escrito en el que se citaron o con el que se acompañaron y el nuevo trámite lo realicen ante la propia dependencia u organismo descentralizado, aun y cuando lo hagan ante una unidad administrativa diversa, incluso si se trata de un órgano administrativo desconcentrado. ARTÍCULO 17.- La Administración Pública Estatal y Municipal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la Ley, previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla; II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, sólo en aquellos casos previstos en ésta u otras leyes; III. Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos; IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la presentación de los mismos; V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución; VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando; VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras leyes; IX. Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley. ARTÍCULO 18.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, organismo descentralizado o paraestatal resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. ARTÍCULO 19.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo. De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste. ARTÍCULO 20.- Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad conteste empezará a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente. ARTÍCULO 21.- El procedimiento administrativo continuará de oficio, sin perjuicio del impulso que puedan darle los interesados. En caso de corresponderles a estos últimos y no lo hicieren, operará la caducidad en los términos previstos en esta Ley. ARTÍCULO 45.- Los escritos dirigidos a la Administración Pública Estatal o Municipal en su caso, deberán presentarse directamente en sus oficinas autorizadas para tales efectos, en las oficinas de correos, mediante mensajería o telefax, salvo el caso del escrito inicial de impugnación, el cual deberá presentarse precisamente en las oficinas administrativas correspondientes. Cuando un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho órgano remitirá la promoción al que sea competente en el plazo de cinco días. En tal caso, se tendrá como fecha de presentación la del acuse de recibo del órgano incompetente, salvo que éste aperciba al particular en el sentido de que su ocurso se recibe sólo para el efecto de ser turnado a la autoridad competente; de esta circunstancia deberá dejarse constancia por escrito en el propio documento y en la copia sellada que al efecto se exhiba. Los escritos recibidos por correo certificado con acuse de recibo se considerarán presentados en las fechas que indique el sello fechador de la oficina de correos, excepto en los casos en que hubieren sido dirigidos a una autoridad que resulte incompetente. Para tal efecto, se agregará al expediente el sobre sin destruir en donde aparezca el sello fechador, y cuando así proceda se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior. ARTÍCULO 46.- En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las unidades de recepción de documentos. Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no reúne los requisitos necesarios, el órgano administrativo lo pondrá en conocimiento de la parte interesada, concediéndole un plazo de cinco días para su cumplimiento. Los interesados que no cumplan con lo dispuesto en este artículo, se les podrá declarar la caducidad del ejercicio de su derecho, en los términos previstos en la presente Ley. ARTÍCULO 47.- Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar las medidas provisionales establecidas en las leyes administrativas de la materia, y en su caso, en la presente ley para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieren suficientes elementos de juicio para ello. ARTÍCULO 48.- Los titulares de los órganos administrativos ante quienes se inicie o se tramite cualquier procedimiento administrativo, de oficio o a petición de parte interesada, podrán disponer su acumulación. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. ARTÍCULO 49.- En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden riguroso de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza; la alteración del orden sólo podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada de la que quede constancia. El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa de responsabilidad del servidor público infractor. ARTÍCULO 50.- Las cuestiones incidentales que se susciten durante el procedimiento no suspenderán la tramitación del mismo, incluyendo la recusación, en la inteligencia que de existir un procedimiento incidental de recusación, éste deberá resolverse antes de dictarse resolución definitiva o en la misma resolución. ARTÍCULO 51.- Los incidentes se tramitarán por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto que lo motive, en el que expresará lo que a su derecho conviniere, así como las pruebas que estime pertinentes fijando los puntos sobre los que versen; una vez desahogadas, en su caso, las pruebas que hubiere ofrecido, en el término que se fije y que no excederá de diez días, el órgano administrativo resolverá el incidente planteado. ARTÍCULO 52.- Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse resolución, se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento. ARTÍCULO 53.- En los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. La autoridad podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley. El órgano o autoridad de la Administración Pública Estatal o Municipal ante quien se tramite un procedimiento administrativo, acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente fundada y motivada. ARTÍCULO 54.- El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a tres ni mayor de quince días, contado a partir de su admisión. Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días para tal efecto. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva. ARTÍCULO 55.- El órgano administrativo notificará a los interesados, con una anticipación de tres días, el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas. ARTÍCULO 56.- Cuando las disposiciones legales así lo establezcan o se juzgue necesario, se solicitarán los informes u opiniones necesarios para resolver el asunto, citándose el precepto que lo exija o motivando, en su caso, la conveniencia de solicitarlos. ARTÍCULO 57.- Los informes u opiniones solicitados a otros órganos administrativos podrán ser obligatorios o facultativos, vinculantes o no. Salvo disposición legal en contrario, los informes y opiniones serán facultativos y no vinculantes al órgano que los solicitó y deberán incorporarse al expediente. ARTÍCULO 58.- A quien se le solicite un informe u opinión, deberá emitirlo dentro del plazo de quince días, salvo disposición que establezca otro plazo. Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se recibiese el informe u opinión, cuando se trate de informes u opiniones obligatorios o vinculantes, se entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado. ARTÍCULO 59.- Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y antes de dictar resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, para que en su caso, formulen alegatos, los que serán tomados en cuenta por el órgano competente al dictar la resolución. Los interesados en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez podrán presentar por escrito sus alegatos. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaran su decisión de no presentar alegatos, se tendrá por concluido el trámite. ARTÍCULO 65.- Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo. ARTÍCULO 66.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. ARTÍCULO 67.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor. ARTÍCULO 68.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 66 de la presente Ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. ARTÍCULO 69.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta. ARTÍCULO 70.- En las actas se hará constar: I. Nombre, denominación o razón social del visitado; II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; VII. Datos relativos a la actuación; VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. ARTÍCULO 71.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado. ARTÍCULO 72.- Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para las visitas de verificación. ARTÍCULO 86.- Las autoridades administrativas con base en los resultados de la visita de verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas. Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento, son de orden e interés público y de observancia obligatoria para los servidores públicos adscritos a la administración municipal, las cuales tienen por objeto regular las bases para la organización, funcionamiento, administración y competencia de los órganos administrativos que la integran. Artículo 2.- La administración municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, tiene a su cargo la responsabilidad de los asuntos que le confiere la Ley de Desarrollo Constitucional en material de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. Artículo 3.- La administración municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, tiene como objeto principal, contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, a través de un gobierno municipal participativo que cumpla con las funciones constitucionales de otorgar servicios públicos mediante una administración transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos. Artículo 44.- La Dirección de Obras Públicas tendrá a su cargo la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, supervisión, control puesta en marcha y comprobación, de las obras públicas y servicios relacionados con la obra pública a cargo de la administración municipal, así como regular el ordenamiento del crecimiento urbano y protección ambiental, contando con las siguientes atribuciones: XVII. Ser el responsable de la ejecución administrativa y entrega de la obra pública ante la comunidad y las instancias municipales, estatales y federales según corresponda. XXIX. Autorizar licencias de construcción a particulares, vigilando que las obras se realicen de acuerdo a las especificaciones estipuladas en las licencias respectivas. XXXV. Recibir la solicitud, tramitar y autorizar el otorgamiento de los permisos de construcción y demolición de edificaciones, fraccionamientos y condominios, así como los dictámenes de impacto ambiental de acuerdo al reglamento y ley de la materia. XXXVIII. Las demás que le encomienden el ayuntamiento, el Presidente Municipal, este reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. Reglamento de Construcción e Imagen Urbana del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. ARTICULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social, su cumplimiento y observancia, se aplicara al municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, y tiene por objeto regular el desarrollo urbano, la imagen urbana, proteger el patrimonio cultural y vigilar la seguridad, estabilidad e higiene de las construcciones; así como las limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos o edificaciones de propiedad pública o privada. Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así como el uso de las construcciones y los usos, destinos y reservas de los predios en el municipio, se sujetaran a las disposiciones de la ley de desarrollo urbano del estado, ley de fraccionamientos y conjuntos habitacionales para el estado y los municipios, ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado, al programa de desarrollo urbano (2009-2030) del centro de población de Ocozocoautla de Espinosa, y a los planes parciales que se deriven de este; así como a las disposiciones señaladas en este reglamento y en otros ordenamientos aplicables. Corresponde al ayuntamiento expedir y modificar las normas técnicas complementarias y los requisitos técnicos; los acuerdos instructivos, circulares y demás disposiciones administrativas que procedan para el cumplimiento de este reglamento. Todas estas disposiciones son aplicables a obras o predios de propiedad particular, municipal, estatal o federal. ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: I. H. Ayuntamiento: cuerpo colegiado, integrado por el Presidente, Regidores y Síndico. II. Ley: a la ley estatal de desarrollo urbano del Estado. III. Ley de fraccionamientos: a la ley de fraccionamientos del Estado. IV. Ley de equilibrio Ecológico: a la Ley de equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado V. Ley Orgánica Municipal: A la Ley Orgánica Municipal del Estado VI. El programa: al programa de Desarrollo Urbano (2009-2030) del Centro de Población de Ocozocoautla de Espinosa VII. Reglamento: al reglamento de construcción e imagen urbana para el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas VIII. Ley Federal: A la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas IX. Ley General: A la Ley General de Asentamientos Humanos. X. Lote: al terreno producto de una división o fraccionamiento sin construcción. XI. Inmueble: Al Terreno y Construcción que en él se encuentren. XII. Propietario: Al Titular o Titulares de los Derechos de una Propiedad que se tengan sobre un determinado Inmueble. XIII. Verificador: Es la persona a quien el Municipio designa la labor de llevar a cabo la inspección y monitoreo de la ciudad para constatar el cumplimiento del presente reglamento en las construcciones, demoliciones y demás labores que regula ésta disposición, el verificador deberá contar con un amplio conocimiento en la materia. ARTÍCULO 3.- La aplicación del presente Reglamento corresponde al Presidente Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por conducto de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Urbano Municipales, quienes tendrán las Siguientes facultades: I. Previo los requisitos recabados; otorgar o negar licencias y permisos para la ejecución de las obras a que se refiere el artículo 1 de este reglamento. II. Llevar un registro clasificado de los directores responsables y corresponsables de obra. III. Realizar inspecciones a las obras en proceso de Ejecución. IV. Practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio, estructura, instalaciones, edificaciones o construcciones, se ajusten a las disposiciones establecidas; así mismo, notificar a las autoridades correspondientes la violación a las leyes de la materia. V. Acordar las medidas de seguridad que fuesen procedentes en relación con los edificios peligrosos, malsanos o que causen molestias.VI. Autorizar o negar de acuerdo con este reglamento la ocupación o el uso de una estructura, instalación, edificio o construcción. VII. Realizar, a través del plan, los estudios para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas de construcción, tierras, agua, bosques y determinar las densidades de población permisibles. VIII. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación en los casos previstos en este reglamento y otras disposiciones aplicables. IX. Ordenar y/o ejecutar demoliciones de construcciones en los casos previstos en este reglamento. X. Dictar disposiciones especiales para reglamentar la arquitectura de determinadas zonas, a fin de conservar su estilo tradicional, ambiente e imagen urbana. XI. Aplicar las cuotas por derechos de licencias y servicios e imponer las sanciones correspondientes por las infracciones a este reglamento, en términos de la ley de ingresos municipal en el ejercicio fiscal vigente. XII. Solicitar la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus terminaciones. XIII. Las demás que le confieren este reglamento y normas jurídicas aplicables. ARTICULO 4.- El ayuntamiento tendrá la facultad de fijar las distintas zonas en las que por razones de planificación urbana se divida la ciudad y se determinara el uso al que podrán destinarse los predios con base al programa de desarrollo urbano y carta urbana vigentes o en su defecto previa autorización del h. cabildo, así mismo determinará el tipo, clase, altura e intensidad de las construcciones o de las instalaciones que puedan levantarse en ellos, sin perjuicio de que se apliquen las demás restricciones establecidas en la ley. ARTÍCULO 5.- El ayuntamiento aplicara de acuerdo a lo establecido en el plan, las restricciones en las zonas de riesgo y vulnerabilidad que juzgue necesarias para la construcción o para usos de los bienes inmuebles ya sea en forma general, en fraccionamientos, en lugares o predios específicos y los hará constar en los permisos, licencias o constancias de alineamiento o usos del suelo que expida, quedando obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los inmuebles, tanto públicos como privados. ARTÍCULO 32.- Constancia o factibilidad de uso del suelo, es el documento donde se especifican; usos permitidos, la zona, densidad e intensidad de uso del suelo en razón de su ubicación y a los planes parciales. ARTÍCULO 33.- El ayuntamiento expedirá un documento que consigne, a solicitud del propietario o poseedor, constancias sobre uso del suelo y alineamiento; dicho documento tendrá una vigencia de un año contando a partir de la fecha de su expedición. Si entre la expedición de las constancias vigentes y la presentación de la solicitud de licencia de construcción se hubiere modificado el alineamiento en los términos del artículo 31 de este capítulo, el proyecto de construcción deberá de ajustarse a los nuevos requerimientos. Cuando por causa de un proyecto de planificación legalmente aprobado, quede una construcción fuera del alineamiento oficial, no se permitirá hacer obras que modifiquen la parte de dicha construcción que sobresalga del alineamiento, salvo aquellas que a juicio de las autoridades competentes sean necesarias para conservar la referida construcción en las debidas condiciones de seguridad. En el expediente de cada predio, se conservara copia de la constancia del alineamiento y uso respectivo; se enviara copia a la dirección general de catastro y a la dirección del registro público de la propiedad, para realizar los registros de afectación correspondiente por remetimientos resultantes del alineamiento oficial. ARTÍCULO 36.- Previa a la solicitud del propietario para la expedición de la licencia de construcción, a que se refiere el artículo 37 de este reglamento aquel deberá obtener del ayuntamiento, constancia de factibilidad de uso del suelo, en los siguientes casos: a. Conjunto Habitacional b. Edificaciones Destinadas a Oficinas, Comercio y Servicio. c. Edificaciones Destinadas al Alojamiento y Turismo. d. Edificaciones Comprendidas dentro del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL. e. Edificaciones de Infraestructura. f. Bodegas, Talleres o Industrias. g. Depósitos de Combustibles, Explosivos, Gasolineras y Rastros. h. Edificaciones establecidas en zonas de Patrimonio Cultural, Artístico y Arqueológico o de preservación ecológica o tipología establecida por el plan. i. Edificaciones o instalaciones que por su naturaleza, a juicio del ayuntamiento, sin importar su magnitud, generan intensa concentración de usuarios, de tránsito de vehículos o de estacionamiento; o den orden a problemas especiales de carácter urbano. A este tipo de solicitud deberán acompañarse con los siguientes documentos: a) Copia de documentos que avalen la propiedad (escritura pública y boleta predial). b) Ubicación del predio debidamente referenciado en carta urbana o plano base de la ciudad. c) Pago de derecho de acuerdo a la ley de ingresos vigente. d) Dictamen de protección civil municipal. Esta licencia de factibilidad de uso del suelo es aplicable a los casos de construcción nueva, reconstrucción, adaptación, modificación de edificios o instalaciones y cambio de uso de los mismos. ARTÍCULO 37.- Licencia de construcción es el documento expedido por el ayuntamiento, a través del cual se autoriza a los propietarios para construir, ampliar, modificar, reparar o demoler una edificación o instalación en sus predios. La revisión de los expedientes y planos respectivos, se hará de acuerdo a los instructivos y normatividad establecida, por la dirección de obras y dirección de desarrollo urbano municipales, conforme lo establece el reglamento. A partir de la presentación de la solicitud de la licencia de construcción, el ayuntamiento en un término de 10 días hábiles emitirá su dictamen respectivo. ARTÍCULO 38.- Para ejecutar obras o instalaciones públicas o privadas en la vía pública o en predios de propiedad pública o privada, será necesario obtener licencia del ayuntamiento salvo en los casos a que se refiere el artículo 41 de este reglamento. Solo se concederán licencias de construcción a los propietarios de los inmuebles cuando la solicitud respectiva cumpla con los requisitos señalados en este reglamento. ARTÍCULO 39.- La solicitud de licencia de construcción, deberá ser suscrita por el propietario o poseedor, la que en su caso deberá contener la responsiva del director responsable de obra, ser presentada en las formas que indique el ayuntamiento y acompañada de los siguientes documentos: I. Cuando se trate de obra nueva ampliación o remodelación menor a 40 m2. a. Copia de la constancia de alineamiento y número oficial. b. Presentar croquis de distribución con detalles estructurales, firmado por el constructor responsable. c. En caso de ampliación presentar croquis de distribución del área construida y del área que se pretende construir. d. Pago de derecho de acuerdo a la ley de ingresos vigente. II. Cuando se trate de construcción nueva mayor a 40 m2. a) Copia de alineamiento y número oficial. b) Presentar original de planos ejecutivos y dos juegos de copias (formato 90 x 60 cm) debidamente firmados por perito responsable (ingeniero o arquitecto). c) En caso de ampliación presentar licencia de construcción anterior o comprobante de antigüedad de 5 años de la construcción (recibo de servicios) d) Constancia de factibilidad de uso del suelo en su caso. e) Pago de derechos de acuerdo a la ley de ingresos vigente. III. Cuando se trate de modificaciones de uso del suelo. Se obtiene a través de la constancia de factibilidad de cambio de uso y servicios del suelo, debiendo presentar los requisitos establecidos en el artículo 36 y será solo bajo previo análisis, que el h. cabildo se encargue de autorizar o negar el trámite en comento. IV. Para las edificaciones destinadas a la salud (clínicas, sanatorios, etc.), y edificios que alberguen sustancias toxicas (industrias, laboratorios, etc.), deberán presentar además de los requisitos establecidos, la licencia sanitaria expedida por servicios coordinados de salud pública en el estado. ARTÍCULO 40.- La expedición de licencia de construcción únicamente requerirá acreditar la propiedad en los siguientes casos. I. Reparación o cambio de techos de azotea o entrepisos, cuando en la reparación se emplee el mismo tipo de construcción y siempre que el claro no sea mayor de 4 mts. ni se afecte miembros estructurales importantes. II. Construcción de bardas interiores o exteriores con una altura máxima de 2.50 mts. III. Apertura de claros de 1.50 mts. Como máximo, en construcción hasta de dos niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble. IV. Instalación de fosas sépticas o albañales en casa habitación. V. Casos en los que se requiera realizar aperturas en losas, muros, etc. para dar mayor ventilación a la construcción, pero sin que se afecten elementos estructurales. ARTÍCULO 43.- El tiempo de vigencia de las licencias de construcción que expida el ayuntamiento, estará en relación con la magnitud de la obra por ejecutar. El propio ayuntamiento tendrá facultad para fijar el plazo de vigencia de cada licencia de construcción de acuerdo con las siguientes bases: I. Para la construcción de obras con superficie hasta de 300.00 m2. la vigencia máxima será de 12 meses. II. Para la construcción de obras con superficie hasta de 1000.00 m2. de 24 meses, y III. Para la construcción de obras con superficie de más de 1000.00 m2. De 36 meses. Si terminado el plazo autorizado para la construcción de una obra esta no se hubiere concluido, para continuarla, deberá obtenerse prórroga de la licencia y cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra; a la solicitud se acompañara una descripción de los trabajos que se vayan a realizar, croquis o planos y licencias autorizadas con anterioridad. ARTÍCULO 44.- Todas las licencias causaran los derechos que fijen las tarifas señaladas en la ley de ingresos vigente en el municipio. Si en un plazo de 30 días naturales a partir de su aprobación la licencia no se expidiera por falta de pago de los derechos, se podrá cancelar la solicitud correspondiente, mandando a archivar el expediente. ARTICULO 131.- Durante la ejecución de cualquier construcción el director responsable de la obra, o el propietario de la misma si esta no requiere de perito responsable de obra, tomaran las precauciones, adoptaran las medidas técnicas y realizaran los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, por lo cual deberán cumplir con los reglamentos generales de seguridad e higiene en el trabajo y de medidas preventivas de accidentes de trabajo. Todos los procedimientos de construcción deberán sujetarse a lo que establezcan las normas técnicas aplicables. ARTICULO 139.- Las disposiciones de este capítulo se aplicaran en la realización de actos de inspección, determinación de sanciones y recursos y corresponderá al presidente municipal aplicar lo dispuesto en el presente capitulo. ARTICULO 140.- Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las edificaciones y las obras de construcción que se encuentren en proceso o terminadas y el uso autorizado en un predio, cumplan con las disposiciones de la ley, este reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables. ARTICULO 141- El ayuntamiento municipal podrá realizar por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, dicho personal, al realizar tales visitas, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada en la que se precisara ubicación de la edificación, obras o predio por inspeccionar, el objeto de la diligencia y el alcance de esta. ARTÍCULO 142.- El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificara debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá orden respectiva y le entregara copia de la misma, requiriéndole para que en el acto designe dos testigos. En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal de inspección podrá designarlos, hará constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección. ARTÍCULO 143.- En toda visita de inspección se levantara acta, en la que se hará constar en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga, en la relación con los hechos asentados en el acta. A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quienes entregaran copia del acta al interesado. Si la persona con al que se entendió la diligencia o los testigos se negaran a firmar el acta, o bien el interesado a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentaran en ella, sin que esta afecte su validez. ARTÍCULO 144.- Al término de la inspección, los encargados de la misma deberán firmar el libro de la bitácora de las obras en proceso de construcción, anotando la fecha de su visita y sus observaciones. ARTÍCULO 145.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar. ARTICULO 146.- Recibida el acta de inspección por la autoridad, esta requerirá al interesado mediante notificación personal, para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundado y motivando el requerimiento, para que, dentro del término de diez días hábiles a partir de que surta efecto dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en relación con el acta de inspección y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten. El infractor o su representante deberán acreditar al momento de comparecer ante la autoridad correspondiente su personalidad jurídica. ARTICULO 147.- Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofrecieron, o en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo anterior dentro del plazo mencionado, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda dentro de los diez días hábiles siguientes, misma que se notificara al interesado. ARTÍCULO 148.- En la resolución administrativa correspondiente, se señalaran o en su caso adicionaran, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerla y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables. Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, este deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo. Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, el presidente municipal podrá imponer la sanción o sanciones que procedan conforme al artículo 153 de este reglamento. ARTÍCULO 149.- Las violaciones a los preceptos de este reglamento, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por el presidente municipal, con una o más de las siguientes sanciones: I. Multa equivalente de diez hasta cien días de salario mínimo vigente, de acuerdo a la aplicación que señala la ley de ingresos municipales. II. Clausura o suspensión temporal, parcial o total. III. Arresto hasta por 36 horas. IV. Cancelación de la licencia de construcción. La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción. Las sanciones que se impongan serán independientes de las medidas que ordene el ayuntamiento en los casos previstos en este reglamento, y podrán ser impuestas conjunta o separadamente en lo conducente. ARTÍCULO 150.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a este reglamento se tomara en cuenta: I. La gravedad de la infracción. II. Las condiciones económicas del infractor y III. La reincidencia si la hubiere. ARTÍCULO 151.- Cuando proceda como sanción la clausura o suspensión temporal, parcial o total, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos para las inspecciones. ARTÍCULO 152.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con fundamento en este reglamento podrán recurrirlas mediante escrito que presentaran ante el presidente municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. ARTÍCULO 153.- Las resoluciones dictadas por el presidente municipal serán recurribles ante el ayuntamiento en los siguientes casos: I. Falta de competencia para dictar la resolución. II. Incumplimiento de las formalidades que legalmente deba reunir el acto recurrido. III. Inexacta aplicación de la disposición en que se funde la resolución impugnada. ARTICULO 154.- Cuando el recurso no se interponga en nombre propio deberá acreditarse la personalidad de quien lo promueva, no se admite la gestión de negocios. ARTICULO 155.- El escrito en que se interponga el recurso no estará sujeto a forma especial alguna, bastara con que el recurrente precise el acto reclamado, los agravios que a su juicio le cause la resolución impugnada, acredite debidamente su personalidad, suscriba dicho escrito y ofrezca las pruebas correspondientes anexadas al mismo. ARTICULO 156.- En el recurso administrativo podrán ofrecerse, toda clase de pruebas, excepto la confesional. ARTÍCULO 157.- Si se ofrecieron pruebas que ameriten desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de 8 ni mayor de 15 días hábiles para tal efecto. Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y toda clase de pruebas que de no presentarlas dentro del término concedido, no se tendrán en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este capítulo será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el código de procedimientos del estado de Chiapas. ARTÍCULO 158.- La autoridad que conozca del recurso pronunciara su resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de las pruebas, o del desahogo de las mismas. ARTÍCULO 159.- El recurso se tendrá por no interpuesto: I. Cuando se presente fuera del término a que se refiere el artículo 161 de este reglamento. II. Cuando no se acredite debidamente la personalidad de quien lo suscriba. III. Cuando no aparezca suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo, la autoridad que conozca del recurso prevendrá al recurrente para que lo firme. ARTÍCULO 160.- Las resoluciones no impugnadas dentro del término establecido en el artículo 161 serán definitivas. De lo antes transcrito, es evidente que el Director de Obras Públicas del del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, carece de legal competencia para dejar insubsistente el oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, el cual fue emitido por la autoridad responsable 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas, al no quedar evidenciado precepto legal que faculte expresamente para hacerlo. No se desatiende que el 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas, mediante oficio número H.A.M./D.P.M/002/2022, dirigido al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de esa misma localidad, con fundamento en los artículos 1,2,3,4,11,43,44, fracción XXVII, XXIX, XXXV, XXXVIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; 1,2,3,4,5,32,33,36,37,39,40,43,44,131, del 139 al 160 del Reglamento de Construcción e Imagen Urbana del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, ordenó al multicitado Director de Obras Públicas Municipales, que conforme a sus facultades, diera el debido cumplimiento a la sentencia de amparo; sin embargo, del análisis de cada uno de los citados artículos, los cuales no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, no se advierte precepto legal que faculte al Presidente Municipal para delegar al Director de Obras Públicas Municipal, la faculta de dejar insubsistente sus determinaciones. Lo cual era necesario que se precisara exhaustivamente con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorga la atribución ejercida, para delegar las facultades de dejar insubsistente sus determinaciones; para lo cual debió citar, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente y, si el ordenamiento no lo contiene y se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente; dicha exigencia tiene como propósito que el particular afectado tenga el conocimiento y la certeza de que la autoridad que invade su esfera de derechos lo hace con apoyo en una norma jurídica que le faculta para obrar en ese sentido y, a la vez, que puede cuestionar esa atribución o la forma en que se ejerció; lo cual es evidente que no aconteció. En esa línea del pensamiento, es claro que lo actuado por las responsables resultan insuficientes para tener por cumplida a cabalidad la ejecutoria de amparo, dado que no obran las constancias que demuestren que el 1. Presidente Municipal Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, dejó sin efecto el contenido del oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, con el que se dio respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte; como tampoco que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, con libertad de jurisdicción, de forma fundada y motiva, procediera nuevamente a dar respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido el veintisiete siguiente suscrito por la parte quejosa, en la que, se precisara de forma detallada los artículos legales y consideraciones pertinentes, sobre la procedencia o no de la pretensión de la impetrante del amparo, la cual también deberá notificarla de forma personal. Por tanto, del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias analizadas, se concluye que las autoridades responsables en el ámbito de su competencia no han cumplido en su totalidad con la ejecutoria de amparo. Tiene aplicación, en la parte que interesa el siguiente criterio. "RECURSO DE INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE FUNDADO CUANDO SE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA ACATADO LOS LINEAMIENTOS Y LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN EL FALLO PROTECTOR. Conforme a la regulación del recurso de inconformidad en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, si se concede el amparo para determinados efectos, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito deben analizar exhaustiva y oficiosamente la sentencia dictada en cumplimiento a dicho fallo, pues si de los autos se advierte que los tribunales colegiados de circuito o los juzgados de distrito dieron por cumplida una ejecutoria de amparo y la autoridad responsable no la acató en sus términos, resulta evidente que el fallo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad interpuesto debe declararse fundado. Lo anterior es así, aun cuando el tribunal de amparo haya otorgado libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, ya que ésta no debe obviar los lineamientos y las consideraciones señalados en la ejecutoria, en tanto que éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal." Registro digital: 2009651. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 1a./J. 55/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I. página 406. Tipo: Jurisprudencia. En consecuencia, se tiene por no cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En aras de cumplir con la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas; 2. Encargado del Área de Ventanilla única y Regularización de la Tenencia de la Tierra de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas; 3. Síndico Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas; y, 4. Secretario Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas, para que el ámbito de sus competencias, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, cumplan con el fallo concesorio, en el que el aludido Presidente Municipal, deberá: a) Dejar sin efecto el contenido del oficio P.SMPAL/00056/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, con el que se dio respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido el veintisiete siguiente; y, b) Acto seguido, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, con libertad de jurisdicción, de forma fundada y motiva, proceda nuevamente a dar respuesta al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte y recibido el veintisiete siguiente suscrito por la parte quejosa, en la que, se precise de forma detallada los artículos legales y consideraciones pertinentes, sobre la procedencia o no de la pretensión de la impetrante del amparo, la cual también deberá notificarla de forma personal. En ese orden ideas, toda vez que no quedó acreditada la competencia del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se le ordena dejar insubsistente el 1. acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós; 2. oficio número DOPM/007/2022, de siete de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se da contestación al escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte; 3. constancia de notificación del DOPM/007/2022, de siete de enero de dos mil veintidós; 4. cédula de notificación de dieciocho de enero de dos mil veintidós, signado por el Inspector Verificador adscrito a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; y, 5. copias fotostáticas certificadas de diversas fotografías relacionadas con la notificación personal del oficio número DOPM/007/2022, antes citado; toda vez que no pueden coexistir con el cumplimiento del fallo concesorio. En ese sentido, respecto de las demás manifestaciones formuladas por la parte quejosa al contestar la vista que se le concedió respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dígasele que deberá estarse a lo determinado en párrafos precedentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario Mario Eduardo Chacón Balcázar, quien da fe y además certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.

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