Gary Jay Calow

Expediente 301/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
301/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Gary Jay Calow

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Gary Jay Calow, por propio derecho, contra actos de los miembros del Congreso de la Unión; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 301/2022-VI, que por orden le corresponde. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones. Acto reclamado. De acuerdo al escrito de cuenta la parte quejosa reclama en esencia: "La reforma al artículo 193 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales." En la especie, como se dijo, respecto del acto en comento se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de dicho ordenamiento, toda vez que la parte quejosa no ejerció la acción constitucional dentro del plazo de quince días a partir del día en que entró en vigor la norma general reclamada. Para demostrar lo anterior, es menester el citar la porción normativa que establece la causa de improcedencia de estudio que literalmente señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De dicho numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Y en ese sentido, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora, los artículos 17, 18 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no autoaplicativa no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que deben observarse los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas y ello le produce un agravio en su esfera de derechos legalmente reconocidos. Tiene aplicación, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97, del rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." En la especie, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 193 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, dicho artículo establece lo siguiente: "Artículo 193 bis.- En casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar por escrito la detención de una persona, fundando y expresando los indicios que acrediten: a) Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves en el artículo siguiente; b) Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y c) Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión. (.)" Ahora bien, el quejoso manifiesta el doce de enero del año dos mil siete fue detenido por el Ministerio Público por "caso urgente", lo cual, pone en evidencia que la norma legal cuya inconstitucionalidad se combate en este juicio de amparo, tiene el carácter de heteroaplicativa, pues para que el artículo citado, en la porción normativa indicada le cause perjuicio al gobernado, éste debe ubicarse en alguno de los supuestos ahí precisados. Por tanto, la constitucionalidad que combate del artículo 193 Bis del Código de Procedimientos Penales no le coloca por sí a encontrarse privado de su libertad, pues ello como lo refiere el propio quejoso en su demanda, dimanó de la orden de detención ordenada por el Ministerio Público, la que al cumplimentarse actualizó el carácter de heteroaplicativa, a partir del cual estuvo en condiciones de controvertirla. De lo anterior se advierte que si el cómputo para instar la demanda de amparo en contra de los efectos de la ley que el quejoso considera inconstitucional, feneció el seis de febrero de dos mil siete y la demanda de que se trata fue presentada hasta el catorce de marzo de dos mil veintidós, entonces resulta notorio que no fue instada de forma oportuna. Por lo que resulta patente que su presentación se hizo fuera del plazo legal correspondiente, es decir, su presentación fue una vez que había fenecido el término legal de quince días previsto en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. No se desatiende la intención del quejoso al señalar que su detención por caso urgente que ordenó el Ministerio Público (doce de enero de dos mil siete) constituye un acto fuera de procedimiento que ataca la libertado y por ende, se encuentra en el caso de excepción, razón por la que asegura puede promoverse la demanda de amparo en cualquier tiempo, ya sea atento a la actual redacción de la ley de amparo o incluso con la vigente a la época en que tuvo conocimiento de los hechos. Atento a lo anterior, si bien la excepción contenida en la fracción IV 17, alude a que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el presente asunto, se desprende que el acto que implica ataques a la libertad persona fuera de procedimiento, conforme lo refiere en su escrito de demanda el quejoso bajo protesta de decir verdad, consistió en la orden de detención que emitió el Ministerio Público, y la cual -como lo narra el quejoso- se materializó el doce de enero de dos mil siete; es decir, trascendió en un acto consumado, a partir del cual, el promovente de amparo estuvo en condiciones de controvertir dicho acto restrictivo que afectó su libertad personal, incluso, agotado el principio de definitividad de ser el caso, combatirlo a través del recurso extraordinario de defensa conforme a lo que establece la Ley de Amparo; sin embargo en el presente caso no instó de manera oportuna. De ahí que la promoción del juicio de amparo fuera de plazo, hace inviable el juicio de amparo, pues el quejoso contaba con quince días a partir de que se enteró de manera plena del acto reclamado. En ese orden de ideas, tal conducta jurídicamente revela improcedencia del juicio de amparo; consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Designación de asesor jurídico y/o defensor. Por otra parte, en aras de tutelar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada del quejoso, requiérase al Director del Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a que se encuentre notificado de este acuerdo se sirva designar un asesor jurídico y/o defensor, o profesional del derecho de esa institución bajo la figura legal correspondiente, que funja como representante del quejoso Gary Jay Calow, lo que deberá hacer del conocimiento de este juzgado dentro del mismo plazo. Con el apercibimiento que en caso de no ser así, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Exhortación promociones vía electrónica. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Recomendación para transitar hacia el esquema de juicios en línea. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Se gira despacho para notificar a quejoso. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, se ordena notificar de manera personal el presente proveído. En tal circunstancia, toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; gírese despacho al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, que se encuentre en turno, el cual se remitirá firmado electrónicamente de conformidad en el Acuerdo General citado, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo y le corra traslado con éste, al quejoso Gary Jay Calow, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Notifíquese por despacho a la parte quejosa en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que da fe.

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