Gary Jay Calow

Expediente 640/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
640/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Gary Jay Calow

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de once de junio de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en el cual se encuentra recluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito remitido por Osvaldo Rodríguez Contreras, Defensor Público Federal, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido, para fungir como asesor jurídico del aquí quejoso Gary Jay Calow. En ese sentido, se tiene al ocursante aceptando y protestando el cargo conferido, a efecto de que, por su conducto, le sea explicado al quejoso de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio del defensor público federal para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito. Además, se tienen por señalados los números telefónicos y correo electrónico que indica, a efecto de establecer contacto, en caso de que este órgano jurisdiccional estime pertinente. Por otra parte, respecto a su petición, en el sentido de que se autorice al usuario "roco73", para acceder al expediente en línea, indíquesele al respecto, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando se realicen con el usuario antes citado y este se encuentre registrado en el Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo al nombre del promovente, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Finalmente, se ordena notificar personalmente al asesor jurídico en cita, el acuerdo de once de junio del presente año, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al asesor jurídico, prefiriendo el uso de los medios electrónicos; así como al quejoso en el lugar en el cual se encuentra recluido.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Morelos, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, designa como defensor público federal de la parte quejosa, al licenciado Os********************, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al defensor público federal Os********************, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificado de este auto, manifieste si acepta o no el cargo conferido. En la inteligencia que de no hacerlo en el término concedido, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que su conducta de omisión se haga del conocimiento de su superior jerárquico. En esa tesitura, se ordena hacer del conocimiento del licenciado Os********************, que se encuentran a su disposición los medios especiales de comunicación, consistentes en el teléfono celular ******************** y correo electrónico ********************, para que se encuentre en aptitud de participar en el presente juicio de amparo, de manera electrónica; salvo los casos en que la promovente cuente con firma electrónica, la cual deberá utilizar para actuar en el presente asunto. Asimismo, quedan a su disposición los medios electrónicos antes referidos, a efecto de coordinar su aceptación y protesta del cargo conferido con el personal de este Juzgado, para que, en términos del aludido Acuerdo General 21/2020, sea innecesaria su comparecencia ante este Juzgado de Distrito, por lo que se tienen por señalados el número telefónico y correo electrónico que señala el encargado de despacho de la Defensoría Pública Federal en el Estado para localizar al citado defensor. Notifíquese; y personalmente al defensor público federal Os********************.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Designación de defensor público Visto los autos, del que se advierte que el quejoso Gary Jay Calow, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos, aunado a que no señaló autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; por tanto y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, este juzgador federal concluye procedente designarle a un defensor público que les asista técnicamente en el presente asunto, y por su conducto, represente sus intereses. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis jurisprudencial 43/2019 (10a.), aprobada en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, estableció lo siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." De dicho criterio, se deprende que para garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva en los juicios de amparo indirecto en materia penal, el quejoso privado de su libertad debe contar con la asistencia de un abogado. Asimismo, que en caso de que dicho quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá nombrarle uno de oficio a través de la defensoría pública correspondiente (federal o local). En ese sentido, se advierte que el Alto Tribunal estableció que el nombramiento de defensor puede ser a través de la defensoría pública federal o local, sin establecer algún criterio para determinar cuándo procede la designación de uno u otro. Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja 208/2018, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, estableció que el requerimiento de la prestación de ese servicio a la institución federal o estatal, debe reservarse al juez federal en ejercicio de su prudente arbitrio, en su calidad de perito en derecho y de conformidad con la legislación aplicable, pues se parte de la idea de que el conocimiento jurídico del juez y su obligación de hacer respetar los derechos fundamentales del quejoso, suplen la voluntad de éste. Asimismo, estableció que si el artículo 1 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, establece que el objeto de esa legislación es prestar el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, como lo es material y formalmente el juicio de amparo, es apegado a derecho ordenar la designación a través de dicha dependencia. Máxime que el servicio de asesoría pública lo es para el trámite del juicio de amparo, que formal y materialmente es del orden federal, con independencia de la naturaleza y el fuero de la legislación que haya motivado el acto reclamado, cuestión de fondo que solo corresponde al juzgador resolver. En esa tesitura, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 Constitucional, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1°, 4° fracciones I y II y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública, requiérase al Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que en el término de tres días, contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído, designe un asesor jurídico o defensor público al quejoso Gary Jay Calow, a efecto de que, por su conducto, les sea explicados de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. Por lo que, tal nombramiento tendrá que hacerlo del conocimiento de este órgano constitucional, asimismo, deberá de informar el domicilio en donde pueda ser notificado de manera personal. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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