Gary Jay Calow
Expediente 96/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/03/2019
Partes del expediente
- Gary Jay Calow
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
I Toluca, Estado de México; diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el quejoso Gary Jay Calow, a quien se considera podría perjudicar la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; toda vez que en el presente asunto, se concedió al quejoso la suspensión de plano y de oficio (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto de referencia). Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese.
- Principal
I. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 96/2019-I. ... R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto, las autoridades y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
I})Toluca, Estado de México; trece de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido y para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta por el cual el Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en ausencia de la Directora General, así como el Encargado del Departamento de Servicios Médicos de dicho centro de reclusión, rinden sus respectivos informes justificados. Asimismo, remiten copias certificadas de la nota médica a nombre del quejoso de dos de febrero de dos mil diecinueve, así como de la hoja de enfermería de suministro de medicamentos. Se estima aplicable, la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Lo anterior, sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de cuenta practicada por el Actuario de la adscripción, de la cual se advierte que el quejoso Gary Jay Calow, manifestó lo siguiente: "no es mi deseo señalar el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Mx en Almoloya de Juárez." En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, a dichas aseveraciones se les concede valor, porque la fe dada por un funcionario judicial como lo es el actuario en ejercicio de su encargo, conserva su valor para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública. Sobre el particular, se invoca la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyos rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Atento a lo anterior y al contenido de la diligencia de cuenta, se advierte que el quejoso no desea señalar como autoridad responsable al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de México en Almoloya de Juárez, por la omisión dada a su escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve; por lo que, de conformidad en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo únicamente por las autoridades y acto reclamado señalado en su demanda consistente en la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionarle el medicamento denominado floxetina, toda vez que el quejoso refiere que lo necesita al ser un antidepresivo y que le ayuda a dormir. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dese la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio; lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia número VI. 3o. J/2, consultable en la página 373, de la Fuente: Semanario Judicial de la Federación II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, aportada por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PUBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se haga pronunciamiento alguno de la suspensión provisional y definitiva solicitada, toda vez que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso la suspensión de plano. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables sus informes justificados, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no rendir sus informes ni remitan las constancias señaladas que lo justifiquen, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en los términos indicados, se les impondrá multa de treinta a trecientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237 fracción I y 251 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. En lo relativo a la prueba ofrecida por el quejoso consistente en la inspección judicial que se realice a su expediente médico número 3714, a efecto de constatar que no está recibiendo el medicamento floxetina, provee lo siguiente: Si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo prevé que en el juicio de amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba reconocido por la ley, a excepción de la confesional por absolución por posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho, no menos cierto es que, la facultad de la cual gozan las partes para ofrecer pruebas, no es plena, sino está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre éstos, se encuentra el relativo a la idoneidad para demostrar los hechos controvertidos. En ese sentido, cabe establecer que el objeto de la prueba de inspección son los hechos que puedan examinarse y reconocerse a través de los sentidos del funcionario que la practique, no así las deducciones que mediante razonamientos lógicos puedan formularse, con base en los hechos observados, pues el fin de esta prueba es verificar hechos, y no extraer conclusiones de éstos, lo cual corresponde al órgano facultado para la calificación de la prueba. De ahí que la pretensión del quejoso en el sentido de que se inspeccionen cuestiones relacionadas con la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionarle el medicamento floxetina, circunstancia que refiere puede corroborarse en su expediente médico número 3714, no es acorde con la naturaleza de la prueba de inspección, ya que la misma atiende a lo que se puede percibir a través de los sentidos y no requiere de conocimientos técnicos especiales, en términos del numeral 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, además de que al tratar de demostrar la existencia de una omisión, no es dable su desahogo. Ello, porque el artículo 121 de la Ley de Amparo regula la vía y forma en que deben ser presentados los documentos o copias que tengan relación con los hechos controvertidos y que obren en poder de funcionarios o autoridades, sin importar que tengan o no el carácter de responsables. Por tanto, la prueba que el promovente pretende se considere como "inspección judicial", para verificar la existencia del acto reclamado (omisión de proporcionarle el medicamento floxetina), no tiene tal carácter, sino en todo caso se trata de diverso medio de convicción. Por tanto, al quedar evidenciado que tal medio de prueba no es el idóneo para demostrar la existencia del acto que por la vía constitucional se reclama, no ha lugar a tenerla por admitida. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 58, en la página 75 de la actualización 2001 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Sobre el particular se invoca la tesis IV.4o.2 L consultable en la página 399 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito,: "INSPECCIÓN, PRUEBA DE. SU FINALIDAD ES VERIFICAR HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER PERCIBIDOS POR LOS SENTIDOS Y NO EXTRAER CONCLUSIONES DE ÉSTOS. El objeto de la prueba de inspección son los hechos que puedan examinarse y reconocerse, sea que hayan ocurrido antes, pero todavía subsistan total o parcialmente, o que se produzcan en el momento de la diligencia; pero no son objeto de esta prueba las deducciones que mediante razonamientos lógicos puedan formularse, con base en los hechos observados; es decir, en el acta de la diligencia se debe hacer constar lo que ha sido materia de percepción por el funcionario que la practique y no sus inferencias, que deben dejarse para el momento y la providencia en que se califique el mérito probatorio de la inspección. En este sentido, cuando los artículos 827 y 829 de la Ley Federal del Trabajo prescriben que la parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma, el lugar donde debe practicarse, los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deban ser examinados, y que el actuario requerirá le sean puestos a la vista los objetos y documentos que deben inspeccionarse, indudablemente se refiere a los hechos que pueda aquel funcionario percibir, para identificarlos, detallarlos y dar una idea completa de lo observado, pero no al concepto acerca de si de tales hechos se deduce o no la existencia de otro hecho o situación, pues el fin de esta prueba es verificar hechos, y no extraer conclusiones de éstos, lo cual corresponde al órgano facultado para la calificación de la prueba. Por tanto, si en la diligencia de inspección únicamente se asientan conclusiones, pero no se da fe de los hechos que podrían servir para fundarlas, debe estimarse que la prueba es ineficaz." Así como la tesis visible en la página cuatrocientos veintiuno, del tomo IV, segunda parte.1, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS IDONEAS. SU CONCEPTO. De conformidad con lo establecido por el texto del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, "sólo los hechos estarán sujetos a prueba", de lo anterior, se colige que las partes en litigio deberán acreditar ante el juez la veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración del hecho ausente, así, los elementos útiles para lograr dicha convicción en el juzgador lo serán las pruebas. Por otro lado, indica el cuerpo del artículo 87 del ordenamiento procesal ya invocado, que todo "tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley". Por su parte, el texto del artículo 150 de la Ley de Amparo, explica que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral y contrarias a derecho, entendiendo por esto último que no serán admitidas aquellas probanzas que no se ofrezcan en la forma y términos que al efecto establece la Ley. Ahora bien, es incontrovertible el hecho de que, de acuerdo con la naturaleza propia de cada prueba, las hay unas más idóneas que otras para demostrar el hecho ausente por acreditar. Dicha calidad de idoneidad se identifica con la suficiencia para obtener un resultado previamente determinado o determinable, esto es, una prueba será más idónea que otra mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho ausente que se pretenda acreditar. La naturaleza de cada prueba no sólo permite distinguir entre sí a las diversas clases de probanzas útiles para crear convicción en el juzgador sino, además, ofrece a las partes que integran la relación jurídica procesal (juez, actor y demandado) la oportunidad de escoger y decidir, entre los diversos métodos que cada una de ellas importa, cuál es más idónea que las restantes para demostrar el hecho concreto por conocer. Así, dependiendo de la naturaleza de ese hecho concreto, se desprenderá la idoneidad de la prueba que resulte más apta para lograr el extremo que se pretenda acreditar." Y por su aplicación al caso se cita la tesis número VI.2o.59 K, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de mil novecientos noventa y seis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA EN EL AMPARO. NO ES ILEGAL DESECHARLA, CUANDO SE ADVIERTE SU FALTA DE IDONEIDAD. Es inexacto estimar que el Juez de Distrito carece de facultades para desechar la prueba ofrecida en el juicio de amparo, cuando se advierte que dicho medio probatorio carece de idoneidad para demostrar los hechos materia de la controversia planteada, como sucede si desecha la prueba de inspección ocular ofrecida con el objeto de acreditar los volúmenes de agua distribuidos entre el quejoso y el tercero perjudicado, máxime si en el juicio de amparo ha sido ofrecida la prueba pericial que resulta idónea para acreditar tal circunstancia". Y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1139 del Tomo XVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2002, Materia Común, Novena Época, que establece: "INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE SU ADMISIÓN SI CON ELLA SE PRETENDE PROBAR LA EXISTENCIA DE DETERMINADA ACTUACIÓN HABIDA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. De una interpretación sistemática de los artículos 150, 151, 152, 154 y 155 de la Ley de Amparo; 79, 80, 86 y 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha Ley de Amparo, se deduce que la prueba de inspección ocular no debe ser admitida cuando tenga como objeto probar la existencia de determinadas actuaciones practicadas en procesos o expedientes judiciales, por resultar tal finalidad contraria a la ley, en virtud de que el artículo 152 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales regula la vía y forma en que deben ser presentados los documentos o copias que tengan relación con los hechos controvertidos y que obren en poder de funcionarios o autoridades, sin importar que tengan o no el carácter de responsables. Por ende, si el Juez Federal tiene por no anunciada la prueba de inspección ocular ofrecida, por considerar que con ella se pretenden acreditar aspectos o circunstancias que pueden demostrarse a través de otro medio probatorio, tal decisión ningún perjuicio le irroga a la parte recurrente, por ajustarse a derecho; ello con independencia de que la autoridad responsable no remita al Juez de Distrito copia certificada de las constancias sobre las que se proponga la inspección y tampoco se haya inconformado aquélla con el ofrecimiento de esa prueba, ya que esos aspectos no son los que deberá tomar en cuenta el juzgador de amparo al proveer sobre el anuncio de la prueba aludida, sino que al respecto sólo debe atender al contenido de los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 79 y 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita". Finalmente, por lo que hace a la solicitud del quejoso a efecto de que este juzgado requiera a las autoridades responsables una lista de las cartas que le envió al Juez de Ejecución, dígasele que no es procedente acordar de conformidad lo solicitado, pues si bien es cierto, en conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito goza de la facultad para requerir a toda autoridad para que expida con toda oportunidad copias o documentos que les soliciten las partes a fin de ser ofrecidas como pruebas en el juicio de amparo; también lo es que de una sana interpretación del precepto aludido, se advierte la existencia de algunos presupuestos a satisfacer; a saber: - Que la parte interesada demuestre ante el juez de Distrito en forma fehaciente, mediante el escrito respectivo haber presentado ante el funcionario o autoridad correspondiente la petición de la información respectiva. - Que dicha solicitud la haya realizado con toda oportunidad. Por tal motivo, la carga de la prueba recae en las partes, por lo que estos tienen la obligación de allegarse de los medios necesarios para contar con las pruebas que pretenden ofrecer al juicio, aunado a que el juez de Distrito está facultado para requerir a las autoridades u organismos, a fin de que expidan copias, documentos a las partes o la información requerida para ser exhibidos como pruebas en el juicio de amparo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos previstos en el numeral 121 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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