Garicotzi Santana Echeverría
Expediente 791/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Garicotzi Santana Echeverría
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por Garicotzi Santana Echeverría; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Asimismo, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
Visto el comunicado de la Jefa de Administración Centro Histórico de Correos de México, con sede en esta ciudad, por el cual da cumplimiento al proveído de veintiocho de junio pasado (fojas 93 y vuelta) e informa que con fecha tres de julio se recibió en la oficialía de partes de este juzgado constitucional la pieza devuelta con número de oficio 10866. En tales circunstancias, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de cinco de los actuales se tuvo por recibida dicha pieza postal y se reenvió al domicilio correcto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA; GARICOTZI SANTANA ECHEVERRIA Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Garicotzi Santana Echeverría, mediante el cual cumple con la prevención efectuada en auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, en virtud de que señala que en el juicio civil del que emana el acto reclamado no se emitieron medidas cautelares y que las prestaciones que se reclamaron son las siguientes: 1. Liquidación de la sociedad conyugal. 2. División y partición de los bienes inmuebles, muebles, derechos y acciones que adquirieron durante el matrimonio. 3. Rendición de cuentas de la administración de los bienes inmuebles, muebles, derechos y acciones que adquirieron durante el matrimonio. 4. El pago de las ganancias que le corresponden a Ma. Concepción Laureano Figueroa. 5. El pago de gastos y costas que le corresponden a Ma. Concepción Laureano Figueroa. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . ? Fijación del acto reclamado. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en lo siguiente: ? El auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el que se denegó la solicitud realizada por el quejoso en el sentido de que quedara sin efectos la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia preliminar , en el juicio ordinario oral familiar 800/2017, del índice de la autoridad responsable. Como es de observarse, el acto reclamado tiene su origen en una actuación practicada dentro del procedimiento que no afecta derechos sustantivos del quejoso, como se expondrá a continuación. ? Actualización de una causal de improcedencia. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones quedaron excluidas para el legislador federal en la nueva Ley de Amparo. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. El aquí quejoso contrajo matrimonio con Ma. Concepción Laureano Figueroa, estableciendo una sociedad conyugal, posteriormente promovieron el juicio ordinario familiar sobre divorcio necesario 633/2013 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el que se emitió sentencia definitiva el veinticinco de junio de dos mil catorce, en la cual se determinó la disolución del matrimonio. Después, Ma. Concepción Laureano Figueroa promovió el juicio ordinario familiar 800/2017, sobre disolución de la sociedad conyugal que sostenían, en el que, conforme con los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo el quejoso, el juez entregó un exhorto a la parte actora para que fuera entregado a la autoridad exhortada para que recabara cierta información relacionada con una empresa y así celebrar la audiencia preliminar. Por lo anterior, el quejoso solicitó a la autoridad responsable dejara sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia preliminar, la cual tendrá verificativo a las doce horas con treinta minutos del siete de agosto de este año; ello al estimar que era necesario contar con el exhorto diligenciado para imponerse de la información rendida, la cual podría ser materia de debate. A dicha petición recayó el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el que se denegó la solicitud realizada por el quejoso en el sentido de que quedara sin efectos la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia preliminar , en el juicio ordinario oral familiar 800/2017, del índice de la autoridad responsable (lo cual constituye el acto reclamado). De lo anterior se obtiene que la determinación impugnada es un acto que tiene su origen en una actuación llevada a cabo dentro del procedimiento, el cual no es de las que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que por sí mismas no afectan un derecho sustantivo, ello toda vez que la determinación de la autoridad responsable, no viola ningún derecho sustantivo del quejoso como la vida, la libertad, la propiedad, integridad personal, etcétera. En efecto, el proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve reclamado trae como consecuencia que se celebre la audiencia preliminar en el juicio ordinario oral familiar 800/2017, sobre disolución de la sociedad conyugal, del índice de la autoridad responsable, el día y hora que fueron señalados previamente, lo que únicamente genera consecuencias procesales. En la inteligencia de que si se llegara a desahogar la audiencia preliminar el día y hora señalados, únicamente tendría como consecuencia que en el juicio subyacente se enuncie la Litis, se celebre la etapa de conciliación o mediación entre las partes, se admitan y preparen las pruebas para la audiencia de juicio y se cite a la audiencia de juicio, tal como lo establece el artículo 985 del Código Familiar de Michoacán. Asimismo, de dejar subsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia preliminar, tendría como efecto que se llevara a cabo la misma sin la información solicitada mediante el exhorto entregado a la parte actora, lo cual sólo podría impactar ya sea, en la fijación de la Litis procesal del juicio o, bien, en la admisión y desahogo de las pruebas dentro de dicho procedimiento. Con lo cual resulta evidente que el acto reclamado sólo podría traer como efecto la afectación de derechos procesales o adjetivos y no derechos sustantivos como la vida, la libertad, la integridad personal, etcétera. De tal manera que, de estimar vulnerados los derechos del solicitante del amparo con motivo del auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, y si en el eventual caso de que dicha vulneración trascendiera al resultado del fallo, el aquí quejoso podría impugnar las posibles violaciones que se actualizaren al emitirse sentencia definitiva mediante el juicio de amparo directo [previa interposición de los medios de defensa ordinarios], tal como lo establece el artículo 172 fracción III, de la Ley de Amparo. De lo expuesto se colige que la determinación que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Sin que la misma lesione algún derecho sustantivo como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, pues en todo caso, su derecho a excepcionarse como parte procesal dentro del juicio de origen sigue intacto, ya que el efecto de la determinación reclamada se limitó a resolver cuestiones inherentes a la celebración de la audiencia preliminar en el juicio subyasente, la cual, como se dijo, podría constituir una violación procesal, que podría ser analizada cuando se combata la sentencia definitiva, en caso de que la misma trascienda al resultado del fallo y lo deje sin defensas. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el ordenamiento 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente asunto. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Gabriela Viviana Cazares Pacheco281/2020
- Galicia Michelle Rodríguez Zetina164/2022
- Galicia Michelle Rodríguez Zetina805/2021
- Galicia Michelle Rodríguez Zetina653/2019
- Gamaliel Aguirre Tavira y/o José Sánchez García635/2020
- Gape Servicios, Sociedad Civil, S.A.150/2019
- Gaspar Landa Peña1044/2018
- Gaspar Patiño Vázquez979/2017
- Gelasio Martínez Correa103/2020
- Gemma Jeannette López Martínez del Campo507/2018
- Gemma Jeannette López Martínez del Campo488/2018
- Genaro Rangel Robledo568/2019