Gaman Business Consulting, Sociedad Civil

Expediente 674/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
674/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Gaman Business Consulting, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual informa el contenido del acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo **** de su índice, del que se desprende que ese órgano jurisdiccional acusa recibo del presente juicio de amparo, e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del mismo; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; los autos para resolver el juicio de amparo número 674/2020-VII, promovido por ********************por conducto de su representante legal ***** contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el seis de agosto siguiente a este juzgado por razón de turno, ********************por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El C. Administrador Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria IV LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la Cámara de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se reclaman todos los actos tendientes a aprobar el Decreto por el que se creó el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, específicamente los párrafos quinto y octavo. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclaman la aprobación y expedición del Decreto por el que se creó el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, específicamente los párrafos quinto y octavo. El C. Administrador Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria la aplicación de los artículo 69 B párrafos quinto y octavo del Código Fiscal de la Federación a través de la emisión del oficio ***** de fecha 14 de febrero de 2020 y su anexo uno. Siendo para mi representada éste el primer acto de aplicación del artículo 69 B quinto y octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La quejosa invocó como derechos vulnerados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expuso los antecedentes del caso y los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibida la demanda de amparo que se registró en el libro de gobierno con el número 674/2020-VII, admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. CUARTO. VERIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se fijó fecha y hora para la verificación de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Competencia. Con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto por razón de materia, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción o pretensión, lo que, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Además, el análisis respectivo debe prescindir en su caso, de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, debido a que ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto. Debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis aislada 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia auxiliar. En primer término, debe señalarse que mediante Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se asignó a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, la competencia para el trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversa disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En esencia dicho acuerdo señala: "PRIMERO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria." [...] "TERCERO. Los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberán remitirse para el trámite, resolución y cumplimiento a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno les corresponda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común. En este caso, el egreso correspondiente deberá ser reportado como "Egreso por Acuerdo General", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" [.] "SÉPTIMO. Corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en su ámbito de competencia, interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos resolverá cualquier cuestión con respecto al turno de los asuntos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos". De lo anterior, se deduce que en todos aquellos asuntos en que se reclame la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en el Código Fiscal de la Federación, serán competentes para conocer de tales asuntos los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, los cuales conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias. A su vez, dicho acuerdo refiere que corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en su ámbito de competencia, interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo: Ahora, a fin de dilucidar cuáles son los asuntos competencia de los juzgados en cita, el veintiséis de agosto de dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a través del oficio SECNO/1203/2020, dio respuesta a la consulta formulada mediante el diverso CJF/BBV/RNL/105/2020, de la Ponencia del Consejero Bernardo Bátiz Vázquez. Al respecto, se determinó: En el Punto de Acuerdo 28/2020, emitido en sesión celebrada el diecisiete de marzo de dos mil veinte por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, se interpretaron los alcances del Acuerdo General 2/2020 y se determinó que también estaba contemplado en dicho acuerdo el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019, específicamente los artículos 17- H BIS, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX; 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV, dado que regulan temas relacionados con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados y por tanto, forman parte del sistema normativo que se ubica en el supuesto a que se refiere el Acuerdo General 2/2020 mencionado. De igual forma, se precisó que en los juicios de amparo en los que se reclame cualquier disposición normativa federal relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, son legalmente competentes para conocerlos, con el fin de evitar que se dicten resoluciones contradictorias. Las consideraciones que sustentaron dicha determinación, en esencia, son las siguientes: "En el Decreto de 9 de diciembre de 2019, por el que se reformaron y, en su caso, se adicionaron diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, se regulan temas relacionado con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, específicamente los artículos 17- H BIS, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX; 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV. Dichas disposiciones forman parte del sistema normativo que se ubica el supuesto a que se refiere el Acuerdo General 2/2020, por lo que en los juicios de amparo en los que se reclame cualquier disposición normativa federal relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, son legalmente competentes para conocerlos, con el fin de evitar que se dicten resoluciones contradictorias." En consecuencia, cualquier demanda de amparo en la que se hagan valer los artículos aquí referidos o algún otro que tenga relación con la temática de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, deben remitirse a los juzgados auxiliares del conocimiento. Basta que se señalen los preceptos relativos a ese tema en particular para que proceda su remisión, ello, con independencia de que también se hagan valer algunas normas ajenas a ese tópico, en aras de evitar que se divida la continencia de la causa. Finalmente, en el aludido oficio SECNO/1203/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, entre otras cosas, señaló lo siguiente: "PRIMERO. Los juicios de amparo en los que se controviertan los artículos 17- H BIS, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX; 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV; o alguna disposición normativa relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, se encuentran comprendidos en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por ende, los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México son legalmente competentes para conocer de ellos. SEGUNDO. Comuníquese la presente determinación mediante circular a los Juzgados de Distrito auxiliares correspondientes." De los puntos de acuerdo referidos, se puede apreciar que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, determinó que los juzgados auxiliares solo pueden conocer de la temática siguiente: Los artículos 17- H BIS, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX; 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV; o alguna disposición normativa relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Lo anterior es así, toda vez que con el Acuerdo General 2/2020 se procuró prevenir una posible presentación masiva de demandas de amparo indirecto que provocara un aumento considerable en las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, en detrimento del derecho a recibir una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional. Por lo que ordenó la concentración de los asuntos en los que se controvirtiera la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana. Ahora, el quejoso reclama al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso del Estado de la Unión, en esta instancia constitucional: La aprobación, expedición del Decreto por el que se creó el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, específicamente los párrafos quinto y octavo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 69-B.- Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución. Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente. Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento. Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código. En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código". "DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Artículo Octavo.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente: I. Las personas físicas o morales que, previo a la entrada en vigor del presente Decreto hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin haber acreditado ante la propia autoridad fiscal dentro del plazo de treinta días otorgado para tal efecto, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, podrán corregir su situación fiscal dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, a través de la presentación de la declaración o declaraciones complementarias que correspondan en términos del Código Fiscal de la Federación. Una vez analizado lo anterior, se concluye, que los actos reclamados en la presente contienda constitucional, encuadran en los señalados por el Acuerdo General 2/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que se controvierten artículos del Código Fiscal de la Federación, relacionados con la temática relativa a la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y se refieren a preceptos legales contenidos en esa materia a se refiere el aludido Acuerdo General. En las relatadas circunstancias, ESTE JUZGADO CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************por conducto de su representante legal, con motivo del Acuerdo General 2/2020 citado que fija la competencia a los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar en la Primera Región con sede en la Ciudad de México. Por consiguiente, se ordena remitir el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, para que por su conducto se turne al Juzgado que corresponda, al que se estima competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, a cuyo titular se solicita atentamente el acuse de recibo e informe lo relativo a la incompetencia planteada. Con fotocopia de las constancias que se consideren necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes, por lo expuesto este juzgado. R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, carece de competencia legal y constitucional para resolver el presente asunto por las razones expuestas en este fallo. SEGUNDO. Gírese atento oficio al Juez de Distrito del Centro Auxiliar en al Primera Región con sede en la Ciudad de México en turno, acompañándole los autos originales del expediente 674/2020 del índice de este juzgado, con el objeto de informarle la presente determinación, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta o no, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el INFORME JUSTIFICADO signado electrónicamente por el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como delegados a las personas que precisan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señalan. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el INFORME JUSTIFICADO signado electrónicamente por el Subadministrador, adscrito a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "3" de la Administración Central de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador Central de Fiscalización Estratégica; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como delegados a las personas que precisa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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