Gamaliel Verbooen Tafolla
Expediente 216/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gamaliel Verbooen Tafolla
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, en contra del auto de dos de marzo del año en curso, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, envíese al archivo.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a dos de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Gamaliel Verboonen Tafolla, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero. En consecuencia, se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 216/2018. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1º de los Lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, la suscrita acuerda: fórmese el expediente impreso y electrónico, haciéndose las anotaciones correspondientes. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. Acuerdo dictado por la responsable de fecha 06 seis de febrero de 2018, listado el 08 siguiente, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 117/2016-III, del índice del Juez primero de primera instancia del ramo civil y familiar del distrito judicial de Azueta, con residencia en la ciudad de Zihuatanejo Guerrero". Al respecto, debe decirse que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se estudia de oficio por tratarse de una cuestión de orden público, que prevé: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El precepto legal transcrito, tutela el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Sobre el particular, tiene aplicación el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 128 del Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Asimismo, esos medios de defensa deben estar previstos en la ley que rige el acto o los actos reclamados, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa sea eficaz para anularlo, revocarlo o modificarlo. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el presente asunto, el acto del que totalmente se duele el quejoso, es el auto dictado por la responsable de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil número 117/2016-III, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo, Guerrero, por el cual se determinó que la cantidad que consignó el peticionario de garantías como pago de suerte principal, debía aplicarse a intereses moratorios. Para determinar la procedencia de dicho recurso, resulta necesario citar los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio del Estado de Guerrero, que establecen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. Precisa destacar que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, principio que en el caso sometido a análisis no se acató. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, cuenta habida de que la inobservancia al principio de definitividad que rige la acción del amparo hace improcedente el mismo, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables. Por tanto, al establecer la ley un medio de defensa en contra de la determinación que constituye el acto reclamado, que no fue intentado previamente a la instauración del juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, se surte la causal de improcedencia en estudio, que a más de indudable es manifiesta. En consecuencia, por virtud de sus efectos el acto reclamado podría ser modificado, revocado o nulificado, en términos de la legislación en comento, es evidente que el quejoso debió agotar la revocación o reposición prevista en el artículo 1334 del Código de Comercio del Estado de Guerrero, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En esa virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, con registro 2005039, cuyos rubro y texto señalan: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". Asimismo, la diversa jurisprudencia número 44/2012 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 729, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo.". Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Se tiene autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Maribel Ramírez Ramírez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a los restantes, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con dicho requisito. Por otra parte, como lo solicita el promovente, dígasele que de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de noviembre de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se autoriza al promovente, con la clave de usuario MaribelRR, para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registraron en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Así también, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que únicamente las notificaciones a la parte quejosa de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema, no así al correo electrónico consultoriajuridicaramirez@gmail.com, que menciona; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Federal, y para salvaguardar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial De la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente al promovente en la forma determinada.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,409 expedientes
- Gael Sangabriel Carbajal614/2019
- GALDINA PIZA MARTíNEZ1117/2015
- Galia Francisca Aquino Gallardo403/2014
- Galileo Cirenio Prestegui Chavel690/2014
- Gamaliel Aguirre Tavira Y/O524/2018
- Gamaliel Rosas Rodríguez327/2022
- GAMALlEL LÓPEZ IGNAClO334/2015
- Gari Nain Rodríguez González342/2023
- Gari Nain Rodríguez González1048/2022
- Gari Nain Rodríguez González545/2022
- Gaspar Dimayuga Olea503/2019
- Gaston Leo Velasco1186/2021