Gamaliel Ramos Pérez y Otros.

Expediente 49/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
49/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Gamaliel Ramos Pérez y Otros.
  • Gamaliel Ramos Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Gamaliel Ramos Pérez, por conducto de su defensor particular Sergio Antonio López Sánchez (quien firma electrónicamente la demanda); la cual quedó registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 49/2021-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Por consiguiente, atento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, del análisis de la demanda de amparo que fue recibida a través del módulo de demandas electrónicas del juicio en línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el suscrito Juzgador advierte que la misma, carece de la firma electrónica del directo quejoso, pues si bien al final de la demanda se advierte una evidencia criptográfica, ésta corresponde a la persona que se ostenta como defensor particular del quejoso. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, constitucional, en relación con los diversos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Es así pues el artículo 107, fracción I, constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, (...)". Por su parte, los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. [...] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." [...] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [...]." De los preceptos mencionados se advierte que los titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; lo cual, es preciso hacerlo mediante escrito que contenga la firma, huella o rubrica o en su caso por comparecencia ante la autoridad correspondiente, puesto que la prosecución del Juicio de Amparo no es oficiosa. De igual forma, las promociones pueden ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Sin embargo, es requisito indispensable de procedencia, que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como la firma electrónica vigente del quejoso o quien promueve en su nombre, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a excepción de las demandas que se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, el escrito de demanda presentado vía electrónica no cuenta con evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica del quejoso, puesto que la que se advierte al final corresponde a la persona que se ostenta como su defensor particular y siendo ello así, quien promueve no expresó su voluntad de instar la vía jurisdiccional. De lo antes expuesto, el ocurso que nos ocupa no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que pueda tenerse como excepción a la regla; se afirma lo anterior, pues en la demanda de cuenta se reclama una orden de aprehensión o de investigación. En ese sentido, no obstante que la demanda presentada por la parte quejosa, fue recibida vía juicio en línea, debe decirse que, la misma carece de firma electrónica (FIREL) del quejoso directo, la cual según lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por lo que dado que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, tal y como lo disponen los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, y que la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, al carecer de ésta es un simple documento en el que no se incorpora la voluntad del promovente. Luego, no se inadvierte el contenido del artículo 14 de la Ley de Amparo, en lo relativo a que para el trámite de una demanda en materia penal, basta que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener reconocido tal carácter; sin embargo, dicha personalidad debe tenerla reconocida en la causa penal de origen; en ese contexto, tomando en consideración el sigilo que guarda la orden de aprehensión que se reclama, es indudable que,, de existir, la persona que se ostenta como defensor del directo quejoso, no podría tener reconocida tal carácter en la causa penal de origen. Así las cosas, no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica de la parte que se dice quejosa (evidencia criptográfica); por ende, carece de validez para tener por demostrada la manifestación de voluntad del directo quejoso para acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2018943, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". En relatadas consideraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 3, 6 y 113 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria el sobreseimiento decretado del presente juicio de amparo. En consecuencia, del análisis de los cuaderno incidentales, se observa que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 843084, por la cantidad de $10,346.73 (diez mil trescientos cuarenta y seis pesos 73/100 moneda nacional), para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida en el citado incidente. Por tanto, déjese el billete de depósito a disposición de la parte quejosa por el término de dos años para que proceda a solicitar la devolución del mismo, ya que de no hacerlo así se procederá a su prescripción a favor del fisco federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación...

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