Gamaliel Oliverio Morales Molina

Expediente 142/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
142/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Gamaliel Oliverio Morales Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil veintitrés. Del estado de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de treinta de enero del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya recurrido, en consecuencia, se declara firme. Archívese el expediente como asunto concluido... NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    EN ESTA FECHA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de enero de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. DESECHAMIENTO Ahora, analizada la demanda de amparo, se aprecia que el promovente reclama en esta vía constitucional, lo siguiente: Así, en este caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo1. Dichos numerales, prevén que el juicio de amparo será procedente contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; empero, tal supuesto de procedencia, está condicionado a que sea definitivo. En ese orden, de acuerdo con el artículo citado en segundo término, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, encuentra explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, mismos que están exaltados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la reservación de los derechos fundamentales del hombre. El principio de definitividad estatuye

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