Gamaliel Montes Leyva

Expediente 488/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
488/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Gamaliel Montes Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual el presente juicio de amparo sobreseyó; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Ahora del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Único. Se sobresee en el presente juicio promovido por el quejoso Gamaliel Montes Leyva, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente de la Junta y Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vistos los oficios de cuenta suscritos por la Junta y la Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinden informe justificado; agréguese a los autos. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a las autoridades antes mencionadas y por recibidas en este acto las documentales que anexa la autoridad indicada en primer término, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Personería Se tiene por recibido el escrito presentado a nombre de Gamaliel Montes Leyva, por su propio derecho. Admisión Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, párrafo primero, 3°, 5°, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo que se promueve contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad y otra autoridad. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 488/2020-3B. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Audiencia constitucional Se señalan las diez horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Solicitudes de informes Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o por la vía fax al número 668 815 32 08 o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibida que de no hacerlo, se le podrá imponer una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita. Conocimiento sobre causales de improcedencia Hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento del juicio, están obligadas a comunicarlo a este Juzgado, tal como lo prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Apercibimiento de autoridades inexistentes Hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Pruebas Conforme a lo establecido en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que el promovente anexa a su demanda de amparo, así como por anunciadas las consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el situado en Calle Marcial Ordoñez número 81, Oriente, Colonia Bienestar, de esta Ciudad. Como sus autorizados para tales efectos, en su nombre y en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados José de Jesús Orozco Carrillo, Víctor Manuel Orozco Escárrega y Brianda Elizabeth Lizárraga Orozco y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los pasantes en derecho Jesús Antonio Orozco Escárrega y Claudia Selene León Karass, toda vez que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Protección de datos personales Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.

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