Gamaliel Molina Domínguez
Expediente 201/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gamaliel Molina Domínguez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinte. Se agrega a los presentes autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relaciona la prevención que le fue formulada en auto de catorce de febrero del año en curso, atendiendo a su contenido se tiene por subsanada la prevención de mérito, en consecuencia se procede a proveer respecto de la demanda de amparo de que se trata en los siguientes términos: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de mérito, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley en consulta. Lo anterior es así porque el peticionario de amparo señala como acto reclamado el auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictado en el expediente 530/2019-2 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el que dicho órgano jurisdiccional se reservó acordar lo conducente en relación al escrito presentado por el quejoso el veintinueve de enero de dos mil veinte, hasta en tanto se resolviera el incidente de reclamación promovido por el quejoso en contra de las medidas provisionales relativas a la convivencia con sus menores hijos de iniciales E.M.M., I.M.M. y J.M.M., que fueron decretadas en auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio 530/2019-2. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de Tribunales Administrativos o del Trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un recurso ordinario establecido en las normas secundarias, pues en el caso, procede la revocación, conforme al artículo 566 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone lo siguiente: ".ARTÍCULO 566.- PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso. ." De los enunciados normativos trascritos, se advierte que en contra del auto emitido el cuatro de febrero de dos mil veinte, en el procedimiento 530/2019-2, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, procede el recurso de revocación, medio de impugnación que el quejoso debió agotar antes de promover el juicio biinstancial, además se encuentra pendiente de resolver el recurso de reclamación promovido por el impetrante de amparo en contra del proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se establecieron las medidas de convivencia entre el quejoso y sus menores hijos, situación que puede ser modificada a favor del amparista, en caso de obtener una resolución favorable en dicho medio de impugnación. Apoya a la anterior determinación la siguiente jurisprudencia cuyos datos de localización son los siguientes: Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005039 1 de 1 Primera Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 350 Jurisprudencia(Común) DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En este orden de ideas, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto al acto precisado con antelación, en términos de la fracción XVIII del artículo 61, y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda. Notifíquese personalmente
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