Gamaliel de la Cruz Lara
Expediente 117/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gamaliel de la Cruz Lara
Actuaciones
- Principal
Agréguese únicamente para que exista en autos, la copia simple del escrito a nombre del quejoso GAMALIEL DE LA CRUZ LARA, toda vez que del análisis del escrito de cuenta, se advierte que carece de firma autógrafa de quien lo suscribe, pues si bien es cierto calza una rúbrica ilegible, también lo es, que dicha rúbrica no es autógrafa dado que se trata de copia fotostática. Ahora, siendo la firma el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento judicial, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, en consecuencia, al carecer el escrito de cuenta de dicho signo gráfico, el mismo reviste el carácter de un simple papel en el que o se incorporó la voluntad de su suscriptor, por lo tanto no ha lugar ha acordar de conformidad respecto de su contenido.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el contenido del escrito del quejoso GAMALIEL DE LA CRUZ LARA, con el cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de quince de este propio mes de marzo, se provee: Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente , este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. El citado precepto legal autoriza al juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En ese orden, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado consistente en la emisión del oficio número S.A./634/0919, de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por el General de División Diplomado de Estado Mayor, Director General de Policía Militar dependiente de la Secretaria de la Defensa Nacional, por el cual se le comunica el inicio del procedimiento administrativo para la separación del servicio que desempeña y su ejecución. En esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente tales actos reclamados, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece:.. De la premisa legal reproducida, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Es pertinente también citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que dice lo siguiente:... Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Así, de los anexos que acompañó a su demanda de amparo, se observa un escrito firmado por el quejoso GAMALIEL DE LA CRUZ LARA, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dirigido a la Dirección General de Policía Militar Sección Administrativa Mesa Tramite, mediante el cual presenta su inconformidad respecto del contenido del oficio número S.A./634/0919, de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, de cuyo contenido se advierte que el quejoso acepta haber sido notificado de dicho oficio en esa propia fecha; manifestando, en lo que interesa, lo siguiente: GAMALIEL DE LA CRUZ LARA, promoviendo por mi propio derecho en y a fin de dar contestación al oficio número S.A./634/0919, el cual me fue notificado el día veintinueve de enero del año en curso, por virtud del cual se me dio un término de quince días hábiles para manifestar lo que a mi derecho conviniera comparezco en tiempo y forma para manifestar lo siguiente:Lo anterior, es apto para demostrar que la parte quejosa conoció plenamente de la existencia del acto que ahora impugna en este juicio de amparo, así como la identidad de las autoridades que intervinieron en su emisión y notificación desde el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, toda vez que fue notificado por la autoridad responsable con la finalidad que manifestara lo que a su derecho conviniera. En ese sentido, el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo, empezó a correr para la parte quejosa al día siguiente hábil en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, del treinta y uno de enero al veintiuno de febrero de esa misma anualidad; sin contar los días tres, cuatro, cinco, diez, once, diecisiete, y dieciocho de febrero, por ser inhábiles en términos del artículo 19 del mismo ordenamiento legal. Luego, si la acción constitucional se instó hasta el catorce de marzo de dos mil dieciocho, pues con tal fecha se presentó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, según se desprende del sello impreso en la parte superior del escrito inicial de amparo foja 2, entonces, es evidente que la acción constitucional fue interpuesta de manera extemporánea. Sin que pase desapercibido para este juzgador que el quejoso señala en su escrito inicial de demanda en el apartado de conceptos de violación que no fue notificado de manera legal, sin embargo, toda vez que el acto reclamado consiste en la emisión del oficio número S.A./634/0919, de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por el General de División Diplomado de Estado Mayor, Director General de Policía Militar dependiente de la Secretaria de la Defensa Nacional, por el cual se le comunica el inicio del procedimiento administrativo para la separación del servicio que desempeña y su ejecución, y como quedó acreditado con las constancias que anexo a su demanda de amparo, el aquí quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; por tanto, tuvo la oportunidad de promover la demanda de amparo en el plazo establecido para ello. En el caso, es importante destacar, que con lo determinado en este fallo, no se viola en perjuicio de la parte quejosa, alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Ello, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, porque su razonabilidad se justifica en el derecho fundamental a recibir justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, en la medida en que evita que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el citado derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Asimismo, debe destacarse que la causa de improcedencia en análisis, no es de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco es discriminatoria, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve GAMALIEL DE LA CRUZ LARA contra actos del Secretario de la Defensa Nacional con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Hágase saber a las partes que el presente auto y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve GAMALIEL DE LA CRUZ LARA, contra actos del Secretario de la Defensa Nacional con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, fórmese el expediente de amparo con el número 117/2018, que le corresponde. Ahora bien, como se advierten omisiones en la demanda de amparo de que se trata, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracción II y IV, en relación con el 108, fracciones III, IV y V, así como el 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables; dos para el incidente de suspensión relativo, y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, regularice su demanda en los siguientes términos: 1. Precise el acto que específicamente le reclama al Secretario de la Defensa Nacional con residencia en la Ciudad de México, toda vez que es confuso lo que señala en el inciso B) del apartado de actos reclamados, esto es, debe precisar en qué consiste el cumplimiento que dice dio dicha autoridad a lo establecido en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejercito y Fuerzas Aérea Mexicana; de igual forma, especifique los actos que reclama a cada una de las autoridades que nombra en el inciso C), toda vez que refiere les reclama la ejecución del oficio S.A./634/0919, de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, sin que aclare en que consiste dicha ejecución por parte de cada una de ellas. 2. Toda vez que dentro de los anexos que acompaña a su demanda el promovente del amparo, se encuentra el escrito de fecha veintidós de febrero del año en curso, del que se advierte presenta inconformidad en contra del oficio S.A./634/0919, requiérasele para que aclare si el mismo, es un recurso en contra de dicho oficio o sólo se trata de manifestaciones de inconformidad en contra del mismo Lo anterior, es una carga procesal que el artículo 108, fracción III y IV, de la Ley de Amparo, imponen a la parte quejosa de designar con claridad a la autoridad o autoridades responsables, y de señalar nítidamente el acto que de cada una de las autoridades reclame, y exhibir sendas copias para correr traslado a cada una de las demás partes en el juicio, a fin de que este tribunal esté en condiciones de dirigirse a ellas para solicitarles sus respectivos informes justificados y previos. Los anteriores criterios son aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, de no informar lo conducente, de contestar con evasivas o de no exhibir las copias requeridas, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y el artículo 29 de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdo, toda vez que en esos términos lo solicita. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a RAÚL RAMÍREZ CALDERÓN y AUGUSTO ALVARADO HERNÁNDEZ, por así solicitarlo de manera expresa.
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