Gamaliel Aguirre Tavira y/o José Sánchez García

Expediente 341/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
341/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/08/2018

Partes del expediente

  • Gamaliel Aguirre Tavira y/o José Sánchez García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de treinta de mayo de la presente anualidad, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo; en tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto, artículos vigésimo primero, fracción I, vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste es susceptible de destrucción, una vez que cuente con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Antes de proceder a la destrucción de dicho expediente, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio con anexo del Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, por el que devuelve diligenciado el exhorto 194/2017-S3 deducido del presente asunto, en consecuencia, acúsese recibo vía electrónica, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por el que hace del conocimiento entre otras cosas; que no aceptó la competencia declinada por este tribunal federal, por las razones que expone; asimismo, refiere que ordenó enviar el presente asunto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno (Puente Grande), con la demanda original y sus copias, ya que es la autoridad competente para conocer del presente juicio de amparo, por lo que este órgano jurisdiccional queda enterado de lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Gamaliel Aguirre Tavira y/o José Sánchez García, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 341/2018, que le corresponde. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. La competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en los numerales 37 y 38 de la Ley de Amparo. Los aludidos preceptos establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Este precepto es claro al establecer que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. LEY DE AMPARO: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Del análisis del precepto 37 se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en el lugar en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y se siga ejecutando en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo cual, en principio, debe calificarse el acto reclamado a fin de establecer si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. En caso de que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. El análisis de la ejecución se debe llevar a cabo vinculando los efectos de los actos reclamados con la garantía constitucional que se encuentre en juego, es decir, se deben ponderar las consecuencias directas que produce el acto, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. De lo anterior, se advierte que el lugar de ejecución del acto impugnado juega un papel preponderante para determinar la competencia por territorio de los jueces; empero, no obstante esa singular relevancia, también debe atenderse a la naturaleza jurídica de los referidos actos, pues existen casos en los que se impugnan actos dictados en un juicio o procedimiento que se tramita en el ámbito de competencia de un determinado Juez de Distrito, pero que puede tener diversas consecuencias legales en otras circunscripciones territoriales, supuesto en el que debe analizarse cuál es la materia sobre la que versará el juicio de amparo, es decir, debe verificarse cuál es el acto principal atrayente y, fundamentalmente, quién es la parte que ejerce la acción de garantías. De la demanda de amparo en examen, se advierte que el promovente en el capítulo de autoridades responsables ordenadoras, señala a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, así como a los Jueces Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Distrito, también de esta entidad federativa, que integra la totalidad de los Jueces del Vigésimo Primer Circuito. Además, se advierte que el quejoso reclama, fundamentalmente, una orden de aprehensión, detención o mandamiento de captura o presentación. Por tanto, la competencia para conocer del juicio constitucional que nos ocupa debe fijarse acorde a lo establecido en el ordinal 37 antes transcrito, pero al considerar lo estipulado en el precepto 38, en cuanto dispone que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueve contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Luego, es evidente que este tribunal carece de competencia para conocer del presente juicio, toda vez que los actos que por esta vía constitucional se reclaman, son atribuidos a este órgano jurisdiccional, pues se le tiene señalado como autoridad ordenadora, lo que implica que no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ende, se concluye que en este caso, nos encontramos en la hipótesis prevista en el artículo 38 de la ley de la materia.....

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