Galys de la Caridad Alvarez Rivero
Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Galys de la Caridad Alvarez Rivero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Puebla, Puebla, a tres de mayo de dos mil veintidós. QUEDA FIRME AUTO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. CLASIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. El presente expediente es depurable de conformidad con el numera 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio, porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos; por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y, una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes dela Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase a la autoridad responsable ordenadora, las constancias que remitió a este juzgado, consistentes en actuaciones originales del el expediente migratorio AE/Is/ORP/028/04-02-2022. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. ATIENDE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio de cuenta con anexo del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla por el que atiende el requerimiento que se le formuló por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y remite las constancias generadoras del acto reclamado. Con las mismas fórmese el anexo I de este amparo para su mejor manejo, para lo cual se respeta folio, entresello y rúbrica. AUTO DE CESACIÓN Ahora bien visto el estado que guardan los presentes autos se considera que en el sumario en que se actúa, se actualiza una causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, y se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para ello, debe precisarse en primer término que la demanda de amparo fue interpuesta por Cipriano Hernández Olvera en representación de Galys de la Caridad Álvarez Rivero, Misleidy Ramos Subirat y Annalié Ramírez Viamonte al reclamar al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla y al Subdirector de la estancia provisional migratoria adscrita al Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, la incomunicación, deportación y la privación ilegal de la libertad de las quejosas directas. Ahora bien, de los informes rendidos por las responsables se advierte que el jefe del departamento de asuntos jurídicos negó la deportación, que las quejosas directas hubiesen estado incomunicadas y que con motivo de su detención y su presunta irregular estancia en el país, se formó el expediente migratorio AE/Is/ORP/028/04-02-2022. Además, que el catorce de febrero de dos mil veintidós se les dictó acuerdo de procedencia de la salida de dicha estación migratoria bajo la figura de custodia prevista en el artículo 102 de la Ley de migración. Para ello, se remitieron las actuaciones deducidas de dicho expediente migratorio, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con relación a los actos consistentes en la deportación e incomunicación estos son inexistentes, por así haberlo señalado la responsable. Ahora bien, respecto a la incomunicación, se afirma su inexistencia porque las quejosas directas Galys de la Caridad Álvarez Rivero, Misleidy Ramos Subirat y Annalié Ramírez Viamonte al momento de su detención, pudieron contar con asistencia legal, tal y como se advierte de la diligencia celebrada el nueve de febrero de dos mil veintidós. Además, porque la responsable agregó constancias a través de las cuales se corrobora que las citadas quejosas realizaron llamadas telefónicas a sus familiares para informarles sobre su detención, de ahí, deviene inconcuso que éstas no se encontraban incomunicadas pues pudieron entrevistarse con defensor particular y comunicarse con sus familiares. De ahí que el acto de incomunicación sea inexistente. Por otra parte, de actuaciones del expediente administrativo se advierte que las quejosas directas quedaron a disposición de la autoridad migratoria el cinco de febrero de dos mil veintidós y que el catorce de febrero de dos mil veintidós, Galys de la Caridad Álvarez Rivero, Misleidy Ramos Subirat y Annalié Ramírez Viamonte quedaron en custodia de Julio César Cordero Ramírez, por lo que se ordenó su salida de dicha estación migratoria, por haber sido puestos en custodia en esa misma data. De lo antes expuesto se advierte que las quejosas se encontraban detenidas dentro de la estancia migratoria, con motivo de que no acreditaron su estancia legal en el país, quedando a disposición de la autoridad migratoria al iniciarles un procedimiento administrativo por su probable situación migratoria irregular. Empero, de las constancias generadoras del acto reclamado se advierte que las quejosas directas a partir del catorce de febrero de dos mil veintidós ya no se encuentran en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, por haber sido entregados en custodia de Julio César Cordero Ramírez y en consecuencia fueron puestas en libertad, según se advierte de las constancias agregadas en autos. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado y, por ello, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, pues su vida jurídica cesó con la actuación de la autoridad responsable, al dejar en libertad a las quejosas al ser entregadas en custodia a partir del catorce de febrero de dos mil veintidós y no encontrarse privadas de la libertad dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración, delegación Puebla. En las relatadas condiciones, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI del mismo ordenamiento legal. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciseises minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese y personalmente a las quejosas en el domicilio que señalaron en su demanda de amparo.
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. ATIENDE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio de cuenta con anexo del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla por el que atiende el requerimiento que se le formuló por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y remite las constancias generadoras del acto reclamado. Con las mismas fórmese el anexo I de este amparo para su mejor manejo, para lo cual se respeta folio, entresello y rúbrica. AUTO DE CESACIÓN Ahora bien visto el estado que guardan los presentes autos se considera que en el sumario en que se actúa, se actualiza una causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, y se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para ello, debe precisarse en primer término que la demanda de amparo fue interpuesta por Cipriano Hernández Olvera en representación de Galys de la Caridad Álvarez Rivero, Misleidy Ramos Subirat y Annalié Ramírez Viamonte al reclamar al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla y al Subdirector de la estancia provisional migratoria adscrita al Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, la incomunicación, deportación y la privación ilegal de la libertad de las quejosas directas. Ahora bien, de los informes rendidos por las responsables se advierte que el jefe del departamento de asuntos jurídicos negó la deportación, que las quejosas directas hubiesen estado incomunicadas y que con motivo de su detención y su presunta irregular estancia en el país, se formó el expediente migratorio AE/Is/ORP/028/04-02-2022. Además, que el catorce de febrero de dos mil veintidós se les dictó acuerdo de procedencia de la salida de dicha estación migratoria bajo la figura de custodia prevista en el artículo 102 de la Ley de migración. Para ello, se remitieron las actuaciones deducidas de dicho expediente migratorio, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con relación a los actos consistentes en la deportación e incomunicación estos son inexistentes, por así haberlo señalado la responsable. Ahora bien, respecto a la incomunicación, se afirma su inexistencia porque las quejosas directas Galys de la Caridad Álvarez Rivero, Misleidy Ramos Subirat y Annalié Ramírez Viamonte al momento de su detención, pudieron contar con asistencia legal, tal y como se advierte de la diligencia celebrada el nueve de febrero de dos mil veintidós. Además, porque la responsable agregó constancias a través de las cuales se corrobora que las citadas quejosas realizaron llamadas telefónicas a sus familiares para informarles sobre su detención, de ahí, deviene inconcuso que éstas no se encontraban incomunicadas pues pudieron entrevistarse con defensor particular y comunicarse con sus familiares. De ahí que el acto de incomunicación sea inexistente. Por otra parte, de actuaciones del expediente administrativo se advierte que las quejosas directas quedaron a disposición de la autoridad migratoria el cinco de febrero de dos mil veintidós y que el catorce de febrero de dos mil veintidós, Galys de la Caridad Álvarez Rivero, Misleidy Ramos Subirat y Annalié Ramírez Viamonte quedaron en custodia de Julio César Cordero Ramírez, por lo que se ordenó su salida de dicha estación migratoria, por haber sido puestos en custodia en esa misma data. De lo antes expuesto se advierte que las quejosas se encontraban detenidas dentro de la estancia migratoria, con motivo de que no acreditaron su estancia legal en el país, quedando a disposición de la autoridad migratoria al iniciarles un procedimiento administrativo por su probable situación migratoria irregular. Empero, de las constancias generadoras del acto reclamado se advierte que las quejosas directas a partir del catorce de febrero de dos mil veintidós ya no se encuentran en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración Delegación Puebla, por haber sido entregados en custodia de Julio César Cordero Ramírez y en consecuencia fueron puestas en libertad, según se advierte de las constancias agregadas en autos. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado y, por ello, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, pues su vida jurídica cesó con la actuación de la autoridad responsable, al dejar en libertad a las quejosas al ser entregadas en custodia a partir del catorce de febrero de dos mil veintidós y no encontrarse privadas de la libertad dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración, delegación Puebla. En las relatadas condiciones, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI del mismo ordenamiento legal. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciseises minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese y personalmente a las quejosas en el domicilio que señalaron en su demanda de amparo.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. SE AGREGA LO DE CUENTA Agréguese a los autos el oficio de cuenta con anexo del Delegado en Puebla del Instituto Nacional de Migración, recibidas a través de correo electrónico institucional, las cuales tiene valor probatorio pleno conforme a la tesis de rubro: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Visto su contenido, el citado responsable pretende cumplir con el requerimiento que se le formuló mediante oficio 12565/2022, pues remite constancias relativas al expediente migratorio de las aquí quejosa, empero señala que las mismas se remiten en formato PDF ya que aduce que el expediente original tiene poca legibilidad y carce de tóner para su impresión. Sin embargo, las constancias que remite carecen de las formalidades esenciales pues no se encuentran debidamente folias, entreselladas y rubricadas, máxime que al cotejar las mismas con las diversas que remitió mediante oficio DAJ/INM/252/2022 no coinciden en su contenido y actuaciones En consecuencia, requiérase nuevamente al titular de la Delegación en Puebla del Instituto Nacional de Migración para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita en forma completa, clara, legible, foliada, entresellado y rubricado, las constancias generadoras del acto reclamado ya que éstas resultan necesarias para resolver el presente asunto. Se le hace del conocimiento que subsiste en su contra el apercibimiento decretado por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. IMPOSIBILIDAD PARA CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Vista la certificación secretarial de la que se hace constar que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos de la fecha en que se actúa para la celebración de la audiencia constitucional sin que haya lugar su desahogo. Lo anterior porque aún no se cuenta con las constancias necesarias a efecto de resolver el presente tal y como se expuso en párrafos que preceden por lo que procede diferir la presente y en su lugar señalar las nueve horas con dieciséis minutos del veinte de abril de dos mil veintidós. Notifíquese.
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