Galyna I Vashcchenko

Expediente 1604/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1604/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Galyna I Vashcchenko

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hayan interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictada por este juzgado federal, en la cual determinó por una parte sobreseer y por otra negar el amparo a la quejosa en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado, y que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, destruyéndose el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general, proceda a la depuración de constancias. Finalmente, en virtud que resulta innecesario conservar las constancias remitidas por el Encargado de Despacho por ministerio de ley del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, mismas que anexó en su oficio registrado con folio 11978, formándose dos anexos; en ese contexto, y en atención al sentido del presente acuerdo devuélvanse dichas constancias, sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y al tercero interesado, por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, la cual dice: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo número 1604/2016 y su acumulado 1681/2016; por violación al derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentado el trece de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por Galyna Ivashchenko, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, la demandada de mérito, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado Décimo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado (denominación actual); actos que hizo consistir: ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad que se señala como responsable, se reclaman dos actos a saber. a. Auto de fecha siete de septiembre del año dos mil dieciséis notificado a la suscrita de manera personal el día doce de septiembre del año en curso, en las oficinas que ocupa el H. Juzgado del cual es titular la autoridad responsable, auto mismo mediante el cual se declara improcedente el recurso de revocación hecho en contra del auto dictado en la audiencia de conciliación de fecha 1 de septiembre del año en curso, mismo que difirió dicha audiencia en contra de la letra de la ley y en retraso de la administración de justicia. b. Como consecuencia de lo anterior la denegación de justicia, violatoria de lo dispuesto en el articulo 17 de la Constitución Federal, derivada de la negativa reprochable a la autoridad que se señala como responsable de tramitar en forma legal el proceso de controversia del orden familiar seguido por la suscrita quejosa en contra del aquí tercero interesado C. CARLOS EDUARDO SOTO TREVlÑO, iniciado por violencia familiar a la que el tercero interesado sometió a la suscrita quejosa, mismo contradictorio que se encuentra radicado ante la autoridad señalada como responsable, en su tercera secretaria y bajo el número de expediente 181/2016. Denegación de Justicia derivada de la negativa reprochable a la autoridad que se señala como responsable a tramitar el expediente respectivo dentro de los términos de ley pues debiendo proceder a depurar el procedimiento ante la incomparecencia del demandado C. CARLOS EDUARDO SOTO TREVIÑO y resolver lo conducente difirió la audiencia de conciliación y depuración bajo el argumento que la suscrita quejosa se presentó sin traductor, que a cargo de la quejosa impuso presentar ya su costa, NO OBSTANTE DE QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO FUENTE DE LOS ACTOS RECLAMADOS RADICADOS ANTE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE CONSTA QUE LA DEMANDADA NO HA DEPOSITADO LA PENSIÓN QUE LE FUERA CONCEDIDA A LA QUEJOSA, POR LO QUE VIVE DE LA CARIDAD DE UN GRUPO DE ESTUDIO BÍBLICO, colocando a la quejosa en una situación imposible, pues no puede pagar el traductor que la responsable le exige para desahogar la audiencia, impidiendo así que se le administre justicia a la quejosa y poniendo en muy alto riesgo su manutención y supervivencia en directa violación al principio de impulso procesal establecido en el articulo 183 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a la garantía constitucional de acceso pronto a la Justicia. c. Como consecuencia de los dos anteriormente indicados, la negativa reprochable a la autoridad que se señala como responsable de integrar, procesar y juzgar el contradictorio fuente de los actos reclamados, con PERSPECTIVA DE GÉNERO.". SEGUNDO. El treinta de septiembre de dos mil dieciséis, este órgano de control constitucional, consideró pertinente acumular a este expediente, la diversa demanda radicada con el número 1681/2016, demanda de amparo en la que reclamó: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Se reclama la paralización injustificada con dilación procesal generada por la autoridad señalada como responsable, en la controversia del orden familiar promovida por la suscrita GALYNA IVASHCHENKO en contra del C. CARLOS EDUARDO SOTO TREVIÑO radicado bajo el número de expediente 181/2016 ante el H. Juzgado Décimo de lo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia para el Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante la cual la autoridad señalada como responsable paralizó el proceso judicial fuente de los actos reclamados." En el propio auto del que se viene hablando, quien ahora resuelve, desechó las demandas de amparo acumuladas, por considerar que de manera manifiesta e indudable se surtía la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Inconforme con esta determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, que por cuestión de materia, le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, quien lo radicó con el número de Queja 227/2017, la que fue resuelta en ejecutoria de ocho de marzo de dos mil diecisiete, ordenando en la misma se proceda a admitir la demanda de amparo, por los actos originalmente señalados por la quejosa. En este contexto, recibidos los autos el veintisiete de marzo de este año, se procedió a admitir las demandas acumuladas el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se pidieron los informes justificados, se mando emplazar a la tercera interesada, se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el propio acuerdo, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 118, en la sentencia que se dicte, se testaran los datos de carácter confidencial de las partes, reflejándolos de manera genérica en el fallo constitucional, se fijo fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, el cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 03/2013, 15/2013 y 32/2014, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos en materia administrativa respecto de autoridades con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis 741, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, página 499, bajo la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación, deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre señalar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". Así como la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, visible a fojas 227, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir: *El auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se declara improcedente el recurso de revocación que la quejosa hizo valer, en contra del diverso proveído de uno de septiembre del mismo año, en el que se difirió la audiencia de conciliación y depuración, por no comparecer acompañada de perito traductor. **La omisión de tramitar con celeridad la controversia del orden familiar sobre alimentos definitivos 181/2016, promovida por Galyna Ivashchenko en contra de Carlos Eduardo Soto Treviño, reclamadas a la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, lo que de acuerdo a la quejosa, se traduce en denegación de justicia. *** La negativa reprochable a la autoridad que se señala como responsable de integrar, procesar y juzgar el contradictorio fuente de los actos reclamados, con PERSPECTIVA DE GÉNERO. TERCERO. La Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto que ante ese juzgado se tramita la controversia del orden familiar sobre alimentos definitivos 181/2016, promovida por Galyna Ivashchenko en contra de Carlos Eduardo Soto Treviño. CUARTO. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la quejosa reclamó el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se declara improcedente el recurso de revocación que la quejosa hizo valer, en contra del diverso proveído de uno de septiembre del mismo año, en el que se difirió la audiencia de conciliación y depuración, por no comparecer acompañada de perito traductor; así como la omisión de tramitar con celeridad la controversia del orden familiar sobre alimentos definitivos 181/2016, promovida por Galyna Ivashchenko en contra de Carlos Eduardo Soto Treviño, reclamadas a la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, lo que de acuerdo a la quejosa, se traduce en denegación de justicia. Actos respecto de los cuales este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con la diversa V del numeral 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Como podemos ver, del contenido de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando derive de una hipótesis diversa a las contenidas en las veintidós fracciones del citado numeral 61 de la ley de la materia, bien porque resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por otra parte, del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así pues, de una interpretación conjunta y en sentido contrario en relación con el último de los preceptos, conlleva a concluir que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que no afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, sobre el tema relativo a que las omisiones de las autoridades jurisdiccionales de proseguir en tiempo, con el juicio no son actos de imposible reparación, porque no afectan derechos sustantivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, consideró que el Tribunal Pleno de nuestro Máximo Tribunal, había sostenido, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que con esa aclaración -sostuvo-, debe entenderse que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal -refirió-, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento. La primera -expuso-, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior -indicó-, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así -explicó-, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la referida contradicción de tesis-, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello -afirmó-, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, debía tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualizaba el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que -dijo-, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia -concluyó-, el criterio general es que en relación con la demanda de amparo que se interponga contra actos de esa naturaleza se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advirtiera del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Los razonamientos anteriores se plasmaron en la jurisprudencia dela Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora bien, en el caso, como se dijo al fijar la litis, la quejosa reclamó el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se declara improcedente el recurso de revocación que la quejosa hizo valer, en contra del diverso proveído de uno de septiembre del mismo año, en el que se difirió la audiencia de conciliación y depuración, por no comparecer acompañada de perito traductor; así como la omisión de tramitar con celeridad la controversia del orden familiar sobre alimentos definitivos 181/2016, promovida por Galyna Ivashchenko en contra de Carlos Eduardo Soto Treviño, reclamadas a la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, lo que de acuerdo a la quejosa, se traduce en denegación de justicia; sin embargo, tomando en cuenta que el acuerdo reclamado y las omisión de tramitar el juicio se produjeron dentro de juicio, no puede considerarse como actos negativos de imposible reparación, porque aquéllas solo producen efectos procesales, máxime que, la audiencia diferida, y que dio origen al primero de los actos reclamados, ya fue celebrada y el juicio a continuado de acuerdo a lo promovido por las partes, además, de obtener la parte quejosa una sentencia favorable a sus intereses, las consecuencias jurídicas quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica, por lo que se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente. En efecto, los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ya que, se insiste, solo afectan derechos adjetivos, los cuales no son independientes al procedimiento familiar en el que se originan, debido a que la agraviada es parte actora dentro de la controversia del orden familiar sobre alimentos definitivos 181/2016, del índice del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. Así pues, se reitera, al tratarse de dilación en el trámite de un procedimiento familiar en el que se alegan violaciones al artículo 17 constitucional, es incuestionable que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, ya que no se trata de omisiones independientes al propio juicio, sino que se origina dentro del procedimiento en el que la aquí quejosa es la parte actora, supuesto que se ubica en la regla general que torna improcedente el presente amparo, debido a que, las omisiones o dilaciones dentro del procedimiento producen solo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, dado que recae sobre derechos puramente procesales, en tanto que implica infracción a normas adjetivas, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, sin que en el caso se actualicen las excepciones a que alude la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), pues los referidos actos reclamados no pueden catalogarse como una "abierta dilación" del procedimiento o la "paralización" del mismo. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con la diversa V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto del acto y autoridad aquí precisados. QUINTO. Al no existir alguna otra causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes, o que este Juzgado advierta de oficio, conforme se dispone en el artículo 62 de la ley de la materia, se procede al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, consistentes en la omisión de la responsable de integrar, procesar y juzgar el contradictorio fuente de los actos reclamados, con perspectiva de género Es innecesario transcribir los conceptos de violación que la parte quejosa invoca, respecto al citado acto de molestia, los que aquí se tienen por reproducidos íntegramente como si se insertasen a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias, de conformidad con la Jurisprudencia VI. 2°. J/129, publicada en la página 599, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". Ahora como ya se adelantó, la justiciable se duele de la negativa de la responsable de integrar, procesar y juzgar en el contradictorio fuente de los actos reclamados, con perspectiva de género. El reclamo de la solicitante de amparo se hace depender del hecho de que, la juzgadora responsable no ha procedido a implementar las medidas necesarias con la finalidad de que le sea pagada con prontitud la pensión provisional que fue fijada en los autos del juicio de origen, atendiendo a su calidad migratoria, y al hecho de que no cuenta por ello con recursos propios, sumado a su calidad de mujer extranjera, que la pone en notoria desventaja al no conocer las costumbres, el procedimiento contencioso, y al carecer de medios para obtener un empleo que le permita obtener recursos monetarios, y que por ello resulta absurdo que la autoridad responsable le imponga la obligación de acudir a las audiencias en el contencioso de origen, acompañada de un perito traductor, pues no puede pagarlo y su embajada tampoco puede prestarle esa ayuda consular. El resumido concepto de violación es infundado. Se estima de esta manera, ya que de la consulta de las constancias que integran el juicio de amparo, resulta evidente, que si bien, la juzgadora de origen por principio, condicionó a la quejosa a que acudiera a todas las audiencias acompañada de un perito traductor (que sin decirlo textualmente, quedaría a cargo de la quejosa); lo cierto es, que en ejercicio de sus facultades y atendiendo a la calidad de extranjera desconocedora del idioma, y de mujer en estado vulnerable, de oficio, en acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, le designó a la actora en el juicio de origen; como perito traductor a la maestra Pilar Moncloa Moncloa, quien a partir de esa fecha, ha comparecido a todas las diligencias a la que la quejosa es citada en el juicio de origen. Sumado a lo anterior, que la impetrante de amparo, en el juicio natural siempre ha sido asistida por un profesional del derecho, que ha velado por sus interese, promoviendo todo lo atinente al juicio de origen y promoviendo los recursos que ha considerado prudentes, así como contestando las vistas y recursos interpuestos por la contraparte de la interesada, de ahí que puede apreciarse de las constancias del juicio de origen, que contrario a lo que estima la quejosa, la responsable no ha sido omisa en observar las cuestiones necesarias para atender el juicio con perspectiva de genero. Aunado a que, si bien es cierto el principio de economía procesal tiene como finalidad llevar a cabo las acciones necesarias para lograr la mayor prontitud en la marcha pronta del proceso y sin demora, ello no implica que el juzgador deje de observar las reglas procesales contenidas en los ordenamientos correspondientes, sino ajustarse a todas aquellas previsiones que tienden a la abreviación y simplificación del proceso, evitando que su irrazonable prolongación torne inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en él; en consecuencia, si para dictar un mandamiento en forma en materia familiar debe seguirse el procedimiento que señala la ley, aun tratándose de una persona extranjera, mujer y que no entiende el idioma, es evidente que todo ello fue atendido, al nombrarle un perito traductor de oficio, verificar la asistencia letrada a la quejosa (la cual es otorgada por un abogado particular), la asistencia del ministerio público a las diligencias, entre otros supuestos, no puede llevar a concluir, que la autoridad judicial ha sido omisa en tramitar el juicio familiar, con perspectiva de genero, pues ha gestionado y vigilado en el ámbito de su competencia, dar trámite al juicio, cuidando la situación de extranjera y mujer de la impetrante. Cabe hacer mención que la actuación de la autoridad responsable de dar trámite por igual a las promociones y recursos de las partes en la controversia familiar de la que deriva este asunto, no vulnera en perjuicio de la quejosa su derecho de acceso a la justicia contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si bien los artículos 1o. y 17 de la referida Carta Magna, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejen de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función. De esta manera, si el ordenamiento local prevé una serie de recursos que pueden ser hechos valer por las partes; no resulta incorrecto el proceder de la autoridad al dar trámite a lo que es procedente y resolver (incluso de plano) aquellos recursos o promociones frívolos e improcedentes. Lo anterior se sustenta, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justica, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". En las relatadas circunstancias, al haber resultado infundado el concepto de violación analizado en párrafos precedentes esgrimido por la parte quejosa, se impone negar el amparo solicitado, por los motivos y en los términos señalados en este considerando, contra el acto que la quejosa hizo consistir en la negativa de la autoridad responsable de integrar, procesar y juzgar el contradictorio fuente de los actos reclamados, con perspectiva de género. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Galyna Ivashchenko, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución, en términos del considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. La justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Galyna Ivashchenko, por el acto y las autoridades destacados en el considerando quinto de este fallo constitucional. TERCERO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe, hasta hoy, diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en que las labores de este Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que se encuentra pendiente de emplazar al presente juicio al tercero interesado ********************; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a los citados terceros interesados, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cuatro minutos del día cinco de junio de dos mil diecisiete, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO, rendido por el Encargado de Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado y nueve anexos que remite; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ahora, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que se adjuntan al informe, se ordena y autoriza formar dos anexos, respetándose la rúbrica original del mismo, debiéndose agregar la carátula y el número de expediente que corresponda, quedando denominado como Anexo I y II; en el entendido de que las subsecuentes promociones u oficios se continuaran acordando en el presente expediente. Por otra parte, vistas las constancias que remite la autoridad responsable de las cuales se advierte que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley del Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a Carlos Eduardo Soto Treviño, quien tiene su domicilio ubicado en: Avenida de las Palmas, número 199, Colonia Bella Vista, Cuernavaca, Morelos. En ese sentido, se ordena su emplazamiento por conducto del Actuario de la adscripción. Diligencia en la que se le deberá correrle traslado con una copia simple de la demanda de amparo, así como con copia autorizada del presente auto, misma que se autoriza en términos del artículo 27, fracción I, inciso a); haciéndole saber que se encuentran señaladas las once horas con cuatro minutos del día cuatro de mayo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional, requiriéndolo para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo se apersone al presente juicio de amparo, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, derivadas del presente asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal, conforme lo disponen los artículos 26, fracción III y 27, fracción I de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que el actuario adscrito a este Juzgado Federal, lleve a cabo el emplazamiento encomendado al tercero interesado de referencia. Notifíquese, personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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